Era un súper poder desde mediados del año anterior, cuando llegó como funcionario de Naciones Unidas y con el respaldo del Gobierno y la guerrilla de las Farc. Casi que tuvo carta blanca paran ejecutar más de USD $ 4 millones para poner a andar la Justicia especial, que incluía desde detalles logísticos hasta los arriendos, pero también divulgar el sentido de la JEP incluso en cárceles y crear los mecanismos para volver realidad las solicitudes de acogerse a la justicia especial, que ya suman más de 4.000.
El 26 de septiembre de 2017 quedó conformado finalmente el Tribunal con la escogencia de 51 magistrados encabezados por Patricia Linares, que poco tiempo después llegó a la Presidencia. La lucha por el poder y la decisión de controlar la estructura total de la JEP por parte de Linares no tardó mucho. El año pasado fue una tensión permanente frente a la cual la presidenta empezó a moverse para encontrar aliados y solucionar el problema con la salida de Néstor Raúl Correa, como en efecto ocurrió con la renuncia que presentó a comienzos del mes.
Antes de que los magistrados se posesionaran en enero, Correa tenía control absoluto sobre las decisiones, pero con la llegada de Patricia Linares como presidenta las cosas cambiaron. Correa y Linares tenían dos visiones distintas sobre cómo debería estructurarse ese organismo, que había quedado reglamentado desde el Congreso, pero fue ajustado por la Corte Constitucional. Para Correa, la JEP tenía que parecerse más a las cortes internacionales en las que la secretaría ejecutiva tiene gran poder en la administración del dinero y en la contratación de quienes trabajarán en el Tribunal. Esa visión no fue del agrado de la presidenta Linares, quien quería estructurarlo de forma similar a las cortes colombianas, en las que los magistrados son los que deciden en temas de contratación de la planta y la secretaría tiene un rol mucho más secundario.
Lo que no se esperaba Patricia Linares es que se filtraran unos correos que intercambió con el magistrado Ramelli, quien ya había sido seleccionado para conformar la JEP, pero todavía era magistrado auxiliar de Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional. En los correos, Ramelli le pasó información reservada sobre la decisión que había tomado la corte y las modificaciones que favorecieron a Linares y le quitaron el poder a Néstor Raúl Correa.
Según el exsecretario ejecutivo, Linares orquestó todo desde el 6 de octubre del año pasado, cuando convocó un desayuno en el restaurante El Comedor y creo el “Comité estratégico” junto a otros 8 magistrados que consideró de confianza absoluta por perseguir sus mismos intereses. Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes, Yesid Reyes y la propia Patricia Linares, según Correa, tendrían la tarea de “hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al secretario ejecutivo en el Acuerdo de Paz, en el Acuerdo Especial de la Secretaría, en el Acto Legislativo y en el proyecto de ley estatutaria de la JEP”. Con la decisión de la Corte Constitucional, Néstor Raúl Correa quedó sin el poder que se le había dado meses antes: ya no podía decidir quiénes podían o no ingresar a la jurisdicción especial.
Sin embargo, con el paso del tiempo las decisiones que tomó Correa estando en el cargo empezaron a ser cuestionadas. A mediados de marzo ordenó tomar posesión de los archivos del DAS como medida cautelar, sin consultarlo ni siquiera con la presidenta Linares. Al Gobierno tampoco le gustó la decisión y la viceministra de Justicia, Marcela Zuluaga, le envió una carta a Linares en la que le advertía que el secretario no tenía esas facultades ni estaba en su poder tomar esas decisiones sobre archivos tan delicados. Correa también había sugerido que los procesos por falsos positivos se frenaran para que pudieran entrar a la JEP, pero el Fiscal Néstor Humberto Martínez no estuvo de acuerdo con el pronunciamiento y aseguró que la justicia ordinaria no podía frenar sus facultades, mucho menos cuando lo pide un tribunal que ni siquiera había entrado en funcionamiento.
Correa fue perdiendo apoyos y empezaron los ataques desde todos los flancos, no solo al interior de la JEP, con el gobierno y las Farc tampoco estaba bien parado. Una columna publicada en El Tiempo el 12 de octubre del año pasado Néstor Raúl Correa, causó desconcierto y abrió una zanja que nunca se cerró. Sin tapujos, Correa aseguró que la guerrilla no tenía justificación alguna para haber empuñado las armas y los tildó de usar el terror como único medio para hacer política. Sus palabras tuvieron eco inmediato porque los jefes guerrilleros habían visto en Correa alguien con capacidad de entender de la lucha armada y el papel de la guerrilla de las Farc de una manera distinta; finalmente su nombre llegó con el respaldo de la ONU, el Gobierno y las FARC.
El rifirrafe entre Néstor Raúl Correa y Patricia Linares no paró con la renuncia de este último, el pasado 4 de abril. La presidenta de la JEP lo señaló de haber obtenido de manera ilegal los correos que se filtraron, mientras que Correa aseguró que “Los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir(lo) del órgano de gobierno”.
Los cuestionamientos cayeron tanto para el uno como para la otra por las decisiones que tomaron y pusieron sobre tela de juicio la capacidad que tiene el tribunal para funcionar de manera correcta, más cuando la justicia se ha visto fuertemente señalada y salpicada por diversos casos de corrupción durante el último año. Lo que deja ver esta pelea entre un grupo de magistrados encabezado por la presidenta Linares y el ahora exsecretario ejecutivo Néstor Raúl Correa es que la cuestión fue mucho más allá de las facultades que tenía cada uno, y parece que la torta burocrática (los distintos cargos dentro del Tribunal que iban a ser asignados por Correa, pero al final quedaron en manos de los magistrados) resultó siendo más importante que la función principal de la JEP: esclarecer la verdad sobre lo que pasó en el conflicto armado.
