Podré pecar de poco docto en las ciencias jurídicas y no faltará quien me tilde de lecturas ortodoxas o mecanicistas, pero la actual crisis del proceso de paz se engendra en ingentes intereses económicos y políticos, que se expresan en la figura del actual Fiscal General de la Nación. Afirmar que el acuerdo de paz iba a ser saboteado desde los EE.UU. con el contubernio del abogado del hombre más rico del país, de seguro hubiese sido tachado ipso facto por quienes tremolan lenguajes y métodos “renovadores”, como un vulgar y anacrónico prejuicio radical, no a tono con la nueva época. Hoy lamentablemente la tozuda realidad colombiana, y el no menos tozudo bloque dominante, confirman elocuentemente la validez de todas las prevenciones derivadas del análisis histórico crítico de nuestro conflicto social armado, sus causalidades y su posible resolución.
Uno de los nudos gordianos de la negociación de La Habana fue la construcción de un modelo alternativo de justicia idóneo para la finalización del conflicto, y no para su perpetuación. De forma simplificada podríamos decir que los acuerdos impugnaron al sacrosanto poder judicial, capitel mismo de la estabilidad del régimen santanderista desde sus inicios. Y las razones históricas y concretas saltan a la vista, aunque hayan pretendido ser soslayadas, cuando no desconocidas por los opinadores del establecimiento.
Una rama judicial con 95% de impunidad según sus mismas estadísticas, incapaz de impartir justicia en medio del conflicto y degenerada en arma legal de guerra como derecho penal del enemigo desde hace décadas, no tenía la imparcialidad ni el quilataje moral para implantar un nuevo paradigma de justicia restaurativa, transformativa y prospectiva como la que deriva del acuerdo final. Los recientes escándalos que van desde las tierras despojadas del magistrado Pretelt hasta la corrupción del Fiscal Anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, pasando por el Cartel de la Toga, solo reafirman la sabiduría de la Mesa de La Habana de no dejar la paz en manos de una justicia venal.
Pero como el derecho siempre dependerá de la política y de las correlaciones de fuerzas, en mayo de 2017, a la par que se consumaba la dejación de armas de la entonces guerrilla de las Farc-Ep, venía la estocada artera hacia el proceso de paz, precisamente de esta rama judicial que se negaba a ser desplazada. La Corte Constitucional despedazó el procedimiento legislativo especial y entregó la implementación normativa del acuerdo a la rapiña politiquera de esa Cueva de Rolando en que se ha convertido el Capitolio Nacional. Y allí emerge en su esplendor con sus intrigas santanderistas y chantajes judiciales, el enemigo declarado de la paz Néstor Humberto Martínez, pervirtiendo a su antojo la JEP para la maniobra de la justicia ordinaria sobre los excombatientes.
So pretexto de justificar el atentado contra el proceso de paz que encarna el encarcelamiento de Jesús Santrich, los mismos medios que despotrican a diario sobre una insalvable crisis de la justicia, hoy pretenden presentarnos a Néstor Humberto, revestido de una supuesta legitimidad weberiana inédita en Macondo. Yo, un poco más descreído de mitos racionales, prefiero tener una visión desencantada y terrenal de lo que llaman con pompa “institucionalidad”, e intentar ver detrás la síntesis de múltiples determinaciones económicas y políticas que expresa el hoy Fiscal General de la Nación.
Néstor Humberto Martínez Neira antes que un ecuánime fiscal, ha sido parte activa de la conflictividad social, política y económica del país, que el acuerdo de paz pretende morigerar. Abogado comercial —no penalista—el joven Martínez empezó su carrera poniendo al Estado al servicio del sector privado, entre la Supersociedades y la Superbancaria, en aquellos años en que la banca colombiana se fortalecía cuando un misterioso colchón de divisas impedía que el país se sumase a la “Década perdida latinoamericana”. De miembro de la omnipotente Junta Directiva del Banco de la República pasó a combinar acertadamente cargos públicos de 3 gobiernos distintos con el litigio privado de su bufete Martínez Neira Abogados, siempre a favor de grandes consorcios como Caracol, RCN, Carbones Colombianos del Cerrejón, Chevron, Goldman Sachs (oro), Grupo Gillinski , Grupo Poma, Grupo Santo Domingo, Ingenio del Cauca, Ingenio Pichinchi, Ingenio Providencia, Ingenio San Carlos, Leonisa, MAFRE Compañía de Seguros, Medoro Natural Resources (Marmato), MF Global, Organización Ardila Lülle, Pacific Rubiales, Ventana Gold, Navelena ( Odebrecht) y prestando de forma permanente servicios legales al poderoso Grupo Sarmiento Angulo, que incluye entre otros al grupo bancario AVAL, los consorcios de agronegocios Corficolombiana y Univalle, así como la firma de infraestructura Coviandes.
Son estos conglomerados económicos los que hoy se sienten amenazados con el potencial reformador latente en los acuerdos de La Habana. La ambición de Corficolombiana por los baldíos de la altillanura, que buscaba beneficiarse del polémico proyecto de ley que asesoró en 2013 el mismo Néstor Humberto, enfila baterías contra la Reforma Rural Integral frustrada hasta hoy, y tiene en la captura de Santrich un parte de victoria en sus pretensiones.
Pero el fiscal Martínez no solo ha sido el representante legal de los dueños del país. Ha sido igualmente un eficiente exponente de la llamada “clase política”, logrando incidir en los más diversos ámbitos. Ministro de Samper, de Pastrana y de Santos, embajador, superintendente y ahora Fiscal, cargo al que llegó con el guiño del cartel de la toga. Incluso desde el sector privado tuvo estrechas relaciones con la clase política como lo evidencian sus asesorías legales al consorcio Navelena vinculado al escándalo de Odebrecht, a la adjudicación de la Ruta del Sol II, a la concesionaria de la vía al Llano, la constructora Coviandes del caído puente de Chirajara, o a los polémicos contratistas Ríos Velilla. También fue fundador de Cambio Radical desde hace 20 años, director de la Fundación Carlos Lleras, plataforma de la campaña de Vargas en 2010 y parte del entramado político de dicho partido y de su líder, célebre por ser de gobierno para la mermelada, pero de oposición para el trámite legislativo del acuerdo de paz en el parlamento.
No es pues coincidencial que esta gama de sectores amamantados por el clientelismo y la ilegítima rama judicial que condensa Martínez, se hayan unido a la hirsuta oposición a la paz que abandera el uribismo. Aquí las razones son más prosaicas: no se quiere ceder un ápice de poder ante la reforma política mandatada en los acuerdos y prontamente abortada en el Congreso, ni frente a la irrupción de la Jurisdicción Especial de Paz, que no se somete a la justicia ordinaria que capitanea el fiscal y los capos de toga.
Y así, fiel a los intereses que siempre ha representado y desconociendo los acuerdos de La Habana, Martínez moldeó la ley estatutaria de la JEP, y sus proposiciones fueron misteriosamente introducidas también por la modulación de la Corte Constitucional al acto legislativo que creaba la jurisdicción, de forma curiosa excluyendo a empresarios y otros civiles —muchos exclientes de Martínez— de la competencia de la JEP. Las obsesiones de Martínez en el trámite legislativo de la JEP siempre fueron las mismas: delitos sexuales, narcotráfico-extradición y el testaferrato, en todos los casos únicamente relacionados con las Farc. Y luego mágicamente surgen casos para cada uno de los temas favoritos del fiscal y siempre a cargo de la justicia ordinaria.
El encarcelamiento con fines de extradición de Jesús Santrich solo es un escalón más en la carrera del fiscal y sus representados en su aspiración de dar al traste con el proceso de paz, que solo puede frenarse con una decisión de Estado. Ya en este año electoral, Martínez regaló para deleitar a su público y cebar su prematura candidatura presidencial del 2022, operetas y sainetes judiciales como los de Surtifruver contra el comandante Óscar Montero, Surticundi y Merkandrea contra Romaña, y ahora esta megafarsa en curso contra los arquitectos del acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich. Los desaguisados jurídicos del abogado comercial en estos montajes judiciales bien requieren otro artículo por su copiosidad, así como analizar el del papel de la DEA en estos y sus intereses contra el acuerdo final; sin embargo, más allá de filigranas legales y procesos judiciales prefabricados, ética y políticamente por ser quien es, por representar lo que representa —nuevamente peco de hereje ante las logias santanderistas de viejo y nuevo cuño— no le creo al señor fiscal. Aquí no es el “derecho” el que actúa, sino la política y la economía puras y duras.
Es lógico que al fiscal le crean todos quienes han gozado de sus eficientes y bien pagos servicios profesionales, pero ¿quién más le puede creer a Néstor Humberto?
