Como los leones viejos de los circos de provincia que llegan a los pueblos intimidando a sus tímidos pobladores con sus amenazantes rugidos y presencia, y a los pocos días son inocentes víctimas de los muchachos que ya empiezan a jalarles la melena, las barbas y la cola metiendo la mano dentro de la jaula, así el Procurador Ordóñez fijó el Edicto de “destitución” de Petro.
En este momento esa demoledora sentencia que sucedió a la velocidad del rayo, que cayó como una violenta tempestad en la tranquilidad de una comarca y que provenía de un monstruo lanzallamas que exterminaba al primer soplo lo que encontrara a su paso, empieza a tener la misma particularidad de un aviso de tienda: “Por medio del cual se destituye al Alcalde Petro”, dice el anuncio, porque ya no tiene ni garras ni fauces de león.
Ordóñez ya cayó víctima de su invento: un fárrago de ciencia jurídica se desparrama ahora para señalarle por qué se equivocó en esa sanción. Le tocará apelar, una a una, las Tutelas que gane Petro en el Tribunal, y dedicar a cada una de ellas la misma salsa con la cual adobó la sanción a Petro. O sea, Ordóñez ahora es el que se está defendiendo. ¿Quién imagina un poderoso y omnipotente funcionario dotado de atribuciones casi absolutas, dando, acosado, explicaciones a la prensa sobre la rectitud y los motivos de su actuación frente a Petro?
Ordóñez se va quedando solo. Y se va a quedar, según parece, con “la destitución de Petro” colgada en la pared. Ya le han expresado razones jurídicas de su error. Es muy seguro concluir que en instancias superiores perderá, con el otra vez frustrado aspirante Jaime Castro y otros, la constitucionalidad y legalidad de la sanción disciplinaria del Alcalde de Bogotá.
Ordóñez fue víctima de su poder. Lo ejerció en forma arbitraria contra Petro. Es tan extremo su poder, que no habría ningún servidor público que estuviese fuera del alcance del poder omnímodo e Ordóñez. Con un expediente montado sobre babas, construir un andamiaje jurídico tan demoledor y contundente, es verdaderamente excepcional en una democracia. Ordóñez destituyendo e inhabilitando Alcaldes, Gobernadores, Congresistas, Superintendentes, Ministros, etc., es algo que carece de fundamento: por alguna razón el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene reservada esa extrema función solo al juez penal, como resultado de la comisión de un delito.
“Petro se va por mal alcalde”, ha expresado en forma errónea el señor Procurador, pues no tiene él los parámetros ni mecanismos para llegar a esa conclusión subjetiva. Su función no es en ningún momento valorar la ejecución de un Alcalde, si es buena o mala. Ese control político solo está reservado a sus electores, que son sus mandantes legítimos, y como tal, investidos de la facultad de revocar el mandato. Atribuir esa función de revocar el mandato de los elegidos por voto popular porque no pasaron el filtro de la Procuraduría, es una falsa premisa que no cabe sino en la mente engañosa de Jaime Castro, Bernal Cuéllar y otros ilustres equivocados.
La explosiva “destitución” de Petro por Ordóñez hay que escribirla por ahora entre comillas.
