El caso del asesinato de Eduardo Umaña Mendoza cumple 20 años y la impunidad total parece ser la respuesta de La Fiscalía General. Hasta ahora no hay ni un solo culpable y no parece que los vaya a haber pronto, porque y a pesar de que el caso fue declarado de lesa humanidad en 2016, lo que significa que no caducará, en la investigación, en palabras de Jorge Molano, el abogado que lleva la defensa en el proceso, “no se ha avanzado prácticamente nada en los último años”
Y lo peor es que hasta el día de hoy todas las posibilidades siguen abiertas:
La primera de ellas es que fueron los militares de la brigada XX, el CTI (La Fiscalía) y los encargados de la seguridad de Ecopetrol en retaliación por la defensa que Umaña Mendoza hacía de los miembros del sindicato de la USO —uno de cuyos líderes, César Carrillo, permanecía todavía en cautiverio el día del magnicidio—.
La segunda es que fueron los militares investigados por la carnicería que cometieron para retomar el Palacio de Justicia esos fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985, crímenes descritos por la Comisión de la Verdad y que a la postre llevarían a múltiples condenas, entre esas, la del célebre coronel Alfonso Plazas Vega, popular por su barbaridad y sus frases, una de ellas: “me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe”, refiriéndose a uno de los inocentes que más tarde iba a ser torturado hasta la muerte.
Concretamente, se dice que la gota que rebosó la copa de los militares fue la orden de exhumación de los cadáveres del Palacio enterrados en una fosa común en el Cementerio del Sur el día 9 de noviembre de 1985, por orden del brigadier general José Luis Vargas Villegas comandante y juez de Primera Instancia del Departamento de Policía de Bogotá. Dicha exhumación fue determinante en la comprobación de qué, “en efecto, el ejército había retenido, torturado y ejecutado civiles en el proceso de retoma del Palacio, específicamente a los miembros de la cafetería” que Umaña Mendoza defendía.
La tercera es que fue el Estado directamente —me refiero a los políticos de turno— incomodados por las cuatro batallas jurídicas en que empeñó su vida Umaña Mendoza: la primera y la más importante la lucha contra la criminalización de la protesta social. La segunda, muy ligada a la primera, la aplicación de justicia sin rostro a la protesta social —estrategia creada durante el Gobierno de César Gaviria para posibilitar el juzgamiento de los todo poderosos narcos y que consistía en que en los procesos, los jueces, los fiscales y los testigos fueran anónimos: sin rostro. Justicia sin rostro que finalmente fue empleada únicamente para incriminar injustamente a sindicalistas, a defensores de derechos humanos y a sospechosos de pertenecer a las guerrillas—. La tercera lucha, el tipificar la desaparición forzada en Colombia como causa penal ya que hasta el momento ese delito no existía, pues en palabras del secretario del Ministerio de Defensa de la época: “los desparecidos o eran personas que tomaban trago y se desaparecían de sus casas o eran personas que eran contratadas como celadores por la guerrilla”. Y, la cuarta de las luchas, la batalla contra los abusos derivados del fuero militar.
La cuarta hipótesis del asesinato, y tal vez la más actual, es la ofrecida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el año 2008 por Francisco Villalba alias 'Cristian Barreto', cuatro meses antes de ser asesinado y presuntamente por dar esa declaración, en la cual se afirma que “el asesinato de Umaña Mendoza y el de otros defensores de derechos humanos entre los que se encontraba Jesús María Ovalle, se decidió en una finca en San José de la Montaña (Antioquia), con presencia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, de un sargento del Ejército y de los hermanos Uribe Vélez; Santiago y Álvaro” y que como sicarios habrían sido reclutados dos hombres y una mujer del municipio de Yarumal y perteneciente a la banda la Terraza. Esto último ha sido confirmado en varias oportunidades por miembros de la Terraza, uno de ellos llega incluso a afirmar “los matamos a ambos [a Umaña Mendoza y Ovalle] con la misma pistola que conservamos”.
La quinta hipótesis es que fueron todos, porque todos en el fondo eran los mismos y trabajan bajo la sombrilla paramilitar que como estructura global Umaña Mendoza fue quizás el primero en denunciar: el ejército, la Policía, la Fiscalía y el DAS recopilando información, haciendo señalamientos, chuzando teléfonos, amenazando y preparando la emboscada; siempre infiltrados por los paramilitares dirigidos por Castaño. Los paramilitares y los parapolíticos decidiendo quien debían morir, marcando y resolviendo dónde hacer la siguiente masacre, de dónde desplazar los campesinos para luego adueñarse de las tierras abandonadas; y en los lugares donde mandaban, fusil en mano, obligando a la gente a votar por sus candidatos —tanto así que para el primer gobierno de Uribe se hablaba de que más del 60% del congreso era ocupado por parapolíticos—.
Amanecerá y veremos, pero por ahora las aguas aunque parezcan tranquilas siguen siendo turbias, muy turbias, y los que mataron al gran Umaña Mendoza —el héroe de la lucha por los derechos humanos— parecen todavía tener la fuerza suficiente como para hacer que el caso duerma por lo menos otros 20 años en la impunidad total.
