La construcción de la paz mediante la implementación de los acuerdos alcanzados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc debe no solo atender los temas de la tierra, la democracia ampliada, el ejercicio pacífico de la política y los derechos de las víctimas del conflicto social y armado sino también el espinoso y complejo fenómeno de los cultivos de uso ilícito, el consumo de drogas y el de la criminalidad del narcotráfico.
El diagnóstico sobre las causas de la guerra en Colombia hecho por los expertos para la mesa de diálogos de La Habana (febrero del 2015) destacó el tema del narcotráfico como uno de los factores que profundizó el conflicto por los recursos monetarios que llegaron en abundancia a los actores del conflicto, especialmente desde los años ochenta cuando los carteles de Medellín (Escobar), Cali (Rodríguez) y Cundinamarca (Rodríguez Gacha) desataron el más feroz ataque contra la democracia asesinando candidatos presidenciales, líderes de izquierda y de otros partidos políticos.
El pacto sobre las drogas alcanzado en agosto del 2016 entre el gobierno colombiano y la delegación de las Farc, con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos y de otros estados como Noruega, Venezuela, Chile, Cuba, Suecia y México es un documento que atiende diversas problemáticas de esta materia.
Se refiere al tema de los cultivos planteando la necesidad de promover sus sustitución voluntaria, línea que ejecuta la actual administración con inversiones cercanas a los 555 mil millones de pesos hechas por el Fondo Colombia en Paz, mediante convenios firmados con más de 120 mil familias campesinas e igualmente a la despenalización de dichas familias con normas pendientes de aprobarse.
Se refiere también a medidas y acciones de salud pública.
Igualmente incorpora estrategias para profundizar la lucha contra los carteles (especialmente los mexicanos de Sinaloa, Michoacano y Nueva Generación) y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico (urabeños), incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.
En ese sentido las Farc se comprometió a contribuir de manera efectiva, en un escenario de fin del conflicto, a poner fin a cualquier vínculo, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno. A trabajar con el Estado para concentrar la acción del gobierno y sus infraestructuras judiciales y policiales (Dijín, CTI, etc.) en golpear a los altos eslabones de la cadena como el Cartel de Golfo y la Oficina de Envigado.
En el acuerdo firmado se determinó intensificar la lucha contra los narcos, sus carteles (mexicanos y colombianos) y sus redes de lavado de activos, al igual que sus círculos de corrupción que los protegen especialmente en la policía y la marina.
Las Farc se comprometieron, obviamente, a romper cualquier vínculo de raíz con esa actividad ilegal.
Por eso esa lucha en el marco del posconflicto contra el narcotráfico tiene un énfasis especial en la persecución de las organizaciones criminales y los carteles internacionales y nacionales.
Es lo que explica las necesarias reformas a la política criminal del país para desmantelar las organizaciones desde las redes que consiguen los insumos químicos hasta los lavadores de la plata ilegal en los grandes centros financieros.
El Acuerdo de Paz estableció la creación de grupos de trabajo interinstitucional (con participación de las Farc) para identificar el crimen organizado en cada región y el riesgo de aparición de nuevas organizaciones ilegales, y aumentar la cooperación internacional para ubicar, redes, rutas y nexos de esas organizaciones en otros países.
Se organizó una comisión de expertos que daría recomendaciones para combatir las finanzas de los grupos ilegales. Igualmente se proponía el fortalecimiento de las acciones de extinción de dominio para quitarles las fortunas a los narcos. El acuerdo dice que la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas requiere intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos, lo que también contribuirá a la creación de las condiciones necesarias para la implementación del acuerdo en los territorios y a la construcción de la paz estable y duradera.
Conviene resaltar en la implementación de todas estas medidas que la problemática de las drogas y el narcotráfico es de calado internacional. Se trata de un crimen trasnacional con amplio impacto en la sociedad global.
Sus daños son descomunales, especialmente en la salud pública de millones de seres humanos, como sucede en la actual coyuntura en que la sociedad norteamericana y europea sufre una grave epidemia consumista de opiáceos y drogas sintética.
Es lo que lleva a insistir tanto al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a las Farc en la necesidad de ejecutar lo acordado en dicha materia en plena armonía y concertación con las autoridades de otros países como los Estados Unidos.
Las Farc debe avanzar en sus diálogos y compromisos con los delegados y representantes del gobierno de los Estados Unidos, con la Embajada Americana, con los organismos de policía y judiciales, con los de salud para que se genere un ambiente de confianza y colaboración estrecha en el ataque a las redes del narcotráfico y a los carteles mexicanos causantes de la peor violencia y destrucción en su país y en otros del área.
No hacerlo pone en peligro toda la política de paz avanzada que por fortuna el presidente Santos y Rodrigo Londoño, de las Farc, respaldaron sólidamente hace dos días en la oficina de la Vicepresidencia que lidera el general Óscar Naranjo, experto conocedor de todos estos asuntos.
