Con helicópteros de guerra, militares a bordo, el CTI de la fiscalía y toda la parafernalia de la guerra contra el enemigo interno[1] aterrizaron en la vereda Vegas del Café en el municipio de Dolores, Tolima a capturar a seis campesinos [2], supuestos insurgentes como siempre, “terroristas que no dejan avanzar este país” como diría la derecha colombiana. Un hecho que se ha vuelto casi natural para la sociedad colombiana, que es avalado y fomentado por los medios de comunicación masivos, que se hace pasar por desapercibido y que se suma a los tantos ataques contra las comunidades que tienen algo que decir sobre las decisiones políticas y económicas que a ellos les concierne. Seis prisioneros políticos más en el país que se suman a los 9500 que han sido –como lo define el término- victimas del uso del aparato judicial con fines políticos.
Es pertinente para el debate nacional sobre democracia, paz y conflicto que la sociedad vea con más detalle estos casos y sobre todo su significado, su razón de ser, la raíz de su existencia, lo que esto tiene que decir sobre nuestro país y sus implicaciones para el bien común, pues constantemente caemos en el error de creer que es una problemática localizada, aislada o peor aún, que “algo hicieron para que los capturaran” y por lo tanto poco o nada nos pueden decir este tipo de sucesos sobre los problemas fundamentales de Colombia. Quisiera entonces realizar un intento de reflexión y análisis de estos sucesos mediante la presente y lo que esto tiene que decir sobre uno de los problemas centrales de nuestro país: la democracia.
Como muchas zonas del país, el municipio de Dolores ha sido olvidado por el Estado a la hora de garantizarle a sus pobladores los mínimos para su desarrollo y el de la región, cuando reclamaban electricidad se les dio la espalda, sin embargo, la autogestionaron gracias a las formas de organización campesinas, cuando se le pidió al Estado más escuelas, la respuesta fue cerrar escuelas por falta de docentes, solo gracias a que se movilizaron y realizaron un paro en 16 veredas en el 2004 lograron recibir nueve docentes para el municipio, no sin antes ser tildados por los políticos locales de partidos tradicionales como “guerrilleros”, cuando se le pidió al Estado medios para el desarrollo económico, también se les dio la espalda, sin embargo, gracias a la gestión del hoy también prisionero político y líder campesino Guillermo Cano y con el apoyo de la Cruz Roja lograron construir un trapiche en la vereda de Palmira para producir panela, y de esa manera, vereda por vereda han logrado tener lo poco que hoy tienen. Pero sería una falta a la verdad decir que el Estado se ha olvidado por completo de la región, veamos pues las maravillas que el Estado les ha llevado a los pobladores del Tolima.
Gracias a las reformas económicas que se vienen aplicando desde finales de los 70, la constitución del 91 [3], los TLC, la política de “seguridad inversionista” y ahora las locomotoras del gobierno de Santos, entre muchos otros factores, reformas, leyes, tratados etc., la economía colombiana hoy en día es de carácter extractivista insertada dentro de las lógicas de la economía financiarizada y especulativa mundial (lo cual significa una permanente posibilidad de declive y profunda crisis económica por su carácter especulativo), se le ha dado primacía a la extracción minero-energética y se ha hecho todo lo posible para traer empresas multinacionales a explotar nuestros recursos. El sur del Tolima no es la excepción, y es ahí cuando el Estado se acuerda de la región, para llevarles los “beneficios” y supuesta prosperidad de su modelo de explotación de recursos, ese es el caso del municipio de Dolores, donde se pretende que la Anglo-Gold Ashanti entre a sacar petróleo sin definir en qué términos, para beneficio de quien, o si es viable social y económicamente para sus pobladores.
Tomemos el ejemplo del municipio de Piedras al norte del departamento en donde desde hace aproximadamente 30 años se lleva a cabo explotación petrolera, sus resultados: un viraje de la economía local, en donde antes los campesinos vivían de lo que producían de la tierra hoy no pueden, sea por contaminación o porque no es rentable cuando están en competencia con las grandes empresas de transgénicos, la escases paulatina de agua, la precaria oferta laboral a sus pobladores en proporción a su cantidad, el detrimento del tejido social, pues ahora con el “progreso” y los daños a la economía local se incrementa la delincuencia, la prostutución y la cultura mafiosa, estos son algunos de esos “beneficios” de lo que denominan progreso. Solamente en todos estos años la empresa petrolera ha hecho dos obras, un hogar infantil y un salón comunal [4], y frente a las regalías, estas evidentemente no se ven, como nunca se han visto en este tipo de comunidades, por ejemplo, en Puerto Gaitán, Meta, a pesar de ser el municipio que más regalías de petróleo recibe en el país, hay niños que se mueren de física hambre, como lo constata un reportaje de la revista Semana [5]
Con la explotación minero-energética también llega el Estado de la única forma que aparentemente sabe llegar a estas regiones, con las fuerzas armadas, no con hospitales, escuelas, bibliotecas, subsidios al agro, no, la presencia de fuerzas armadas pareciera ser el único deber del Estado frente a las comunidades, que llegan a proteger los intereses de estas empresas a partir del hostigamiento hacia las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones campesinas, como es el caso de ASTRACATOL (Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima) y a capturar mediante previa orden de la fiscalía a esos “guerrilleros” que se movilizan por los evidentes daños que ha traído esta forma de extracción de recursos. Y como si fuera poco, quienes gobiernan el país pasan por encima de la constitución misma que rige el país, pues cuando los pobladores han decidido tomar parte de las decisiones concernientes al desarrollo productivo de la región bajo acciones y figuras jurídicas contempladas en la constitución, se les niega la posibilidad, acciones como la protesta o como la consulta popular, a la primera se le ha respondido con desapariciones, amenazas y montajes judiciales y a la segunda, se les ha dicho “Esas consultas son ilegales y no tienen ningún efecto legal” porque el “subsuelo es de todos los colombianos” [el espectador] como lo dijo el presidente Santos y su ministro de minas y energía Federico frente a la consulta popular que se realizó en Piedras, Tolima a mediados del año pasado con resultado de un NO contundente por parte de la comunidad (99.2%) [6] [7]. Pero, si el subsuelo es de todos los colombianos ¿No sería lógico que la rentabilidad que se le saca a éste en gran medida sea para satisfacer las necesidades de todos los colombianos? Mínimamente de las comunidades que allí existen. No es ese el caso.
Sin embargo, este ejemplo lo han seguido habitantes de Tauramena, Casanare, en donde el 15 de Diciembre del año pasado se llevo a cabo una consulta popular con un resultado de un NO rotundo a la explotación petrolera [8], algo a lo cual seguramente Santos responderá con la misma cachetada que le dio a los habitantes de Piedras, por eso me pregunto ¿De qué tipo de Democracia se mofa la derecha colombiana cuando no respetan ni si quiera la voz del soberano primario? ¿Qué tipo de Democracia existe en Colombia cuando el gobierno incumple acuerdos llegados con los campesinos tras el paro agrario? ¿Qué tipo de “Estado de Derecho” existe en Colombia cuando aquellos que ejercen su derecho a la protesta y de libre asociación son estigmatizados, víctimas de montajes judiciales, amenazados por las fuerzas para-estatales que la misma élite colombiana ha creado?
Los campesinos de Dolores no quieren que la Anglo-Gold Ashanti ni que las “maravillas” de la explotación minero-energética lleguen de esa manera a su municipio, a que se les sume ese gran problema a los ya existentes por los efectos económicos que han tenido las medidas económicas del Estado que benefician al gran empresariado nacional e internacional y no a las comunidades ni al país. Por ello las organizaciones campesinas, sus repertorios de protesta y todas sus propuestas se han convertido en una piedra en el zapato para el establecimiento colombiano y sus intereses económicos, de ahí que sean capturados líderes campesinos en la región, que sean amenazados por grupos paramilitares, que sean hostigados por el ejército, que a muchos campesinos les haya tocado ya inmigrar hacia la ciudad a buscar alguna alternativa o vincularse a algún grupo armado reproduciendo así el circulo de la guerra.
El miedo que tiene Santos y el bloque de poder
En realidad, Santos y la clase económica que siempre han gobernado el país están asustados, porque ahora que el movimiento social y popular colombiano está resurgiendo, que las organizaciones campesinas le protestan y ponen en jaque su gobernabilidad como lo demostró el paro cafetero, el paro agrario, el paro en el Catatumbo, el paro minero etc., le están significando un obstáculo para continuar la acumulación masiva de riquezas para la élite económica nacional y sus aliados internacionales, porque le significan una apertura del debate sobre la democracia misma en Colombia, porque son alternativas de poder que le pueden disputar al bloque de poder en general (incluyendo el ala narco-mafiosa a la cabeza de Alvaro Uribe Velez) el poder del Estado en un futuro.
Ejemplo de lo anterior fue la Pre-constituyente por la Paz organizada por las comunidades mismas los días 19 y 20 de Julio del año pasado en Ibagué e impulsada por la Marcha Patriótica, con participación de veredas de todo el Tolima, en donde se evaluaron propuestas para la paz, para el desarrollo económico de la región, donde se realizó un serio diagnostico de las problemáticas del departamento, dando como resultado, entre otras propuestas, la propuesta de una Zona de Reserva Campesina para el municipio de Dolores, contemplada bajo la ley 166 del 91 y regulada por el decreto 1777 del 96, en donde llegan a ser las comunidades mismas las que tienen voz y decisión sobre el modelo de desarrollo económico de la Reserva, donde se reparten las tierras a los pobladores, donde ellas determinan la forma en la cual se llevará a cabo la extracción de recursos o no, donde el Estado garantiza subsidios, carreteras, maquinaria para el desarrollo de la región entre otros beneficios, pero evidentemente, a las Zonas de Reserva Campesina como lo ha demostrado el accionar del establecimiento frente a éstas se les pone muchos peros, muchas trabas, porque sin duda alguna es un exceso de democracia para ellos, un obstáculo para la lógica acumulativa centralizada y profundamente desigual que tienen.
Falta preguntarse ¿para donde va todo esto? Con un movimiento social y popular fortalecido, con unos diálogos de paz que significan la posibilidad de una apertura democrática, reformulación del modelo económico, un régimen político que garantice la justicia social ¿Qué papel tomara la sociedad colombiana ante esto? Sin duda alguna cuando el establecimiento se asusta, recurre a la guerra sucia, a la represión, a la desaparición, al montaje judicial y su amplio repertorio para el silenciamiento y neutralización. En la segunda mitad del año pasado Huber Ballesteros, líder campesino y miembro de la Junta Patriótica de la Marcha Patriótica fue víctima de un montaje judicial en el marco del paro agrario, como lo fue también Wilmar Madroñero por mencionar dos casos relevantes, y no ha transcurrido completamente el primer mes del año y ya fue víctima de montaje judicial el académico y miembro también de la Junta Patriótica de la Marcha Patriótica Francisco Toloza por el peligro que éste representa con sus ideas y propuestas, así mismo los seis campesinos de Dolores, Tolima son víctimas de la misma lógica perversa de silenciamiento y neutralización.
Santos y su clase le tienen miedo a la democracia, a desarrollar una disputa política por el poder del Estado de manera democrática con los verdaderos opositores, quienes han sido marginados históricamente pero a quienes nunca han podido anular por completo como quisieran, a quienes como Francisco Toloza, Huber Ballesteros y miles de colombianos pertenecientes al movimiento social y popular se han preparado y están en capacidad de gobernar éste país, ni si quiera dejan gobernar a una persona como Petro quien hoy en día, aún con lo ocurrido pareciera no entender el problema fundamental que detrás de su caso hay, sino que lo ha personalizado y se ha convertido ante la opinión en una víctima de una tragedia sin asimilar estructuralmente la lógica que detrás de su destitución existe: La falta de democracia en Colombia, la centralización del poder político en la clase económica y que a quien les llegue a representar un mínimo obstáculo lo van matando, encarcelando, desapareciendo, destituyendo etc. De ahí que en Colombia se necesita un cambio de fondo si es que a la Paz queremos llegar, un salto cualitativo a la disputa política donde existan las garantías para la democracia, un nuevo pacto social que hemos de construir en una Asamblea Nacional Constituyente, escenario que se tiene que ganar el mismo pueblo colombiano en las calles masivamente, en el debate, en la movilización, pues es claro que esa voluntad tiene que surgir y desarrollarse por el constituyente primario, por el soberano, el cual no es otro que el pueblo colombiano.
Notas:
[1] La doctrina político-militar del enemigo interno y la seguridad nacional se implanta en Colombia desde mediados del siglo XX, en donde se contempla que el enemigo de la nación está dentro de la misma, siendo esta doctrina hija de la guerra fría, su objetivo es aniquilar aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que pudiesen favorecer el comunismo, legitimando la violación a los derechos humanos, y aplicada en Colombia de forma indiscriminada contra cualquier voz disidente que surja en contra del establecimiento, aplicada a todo tipo de población que ante el ojo paranoico político-militar pudiese ser “comunista”.[2] http://www.fundacionlazosdedignidad.org/16-01-2014-denuncia-publica-detencion-masiva-persecusion-y-hostigamientos-a-campesinos-y-comunidades-en-el-tolima.html
[3] La constitución de 1991 nace en el marco de la necesidad de un cambio jurídico-institucional para la apertura económica del país hacia el neoliberalismo a la vez que sirvió como mecanismo para desmovilizar a algunos movimientos insurgentes, el más representativo el M-19, razón por la cual ésta constitución también es considerada por algunos como “la constitución más garantista de América latina” sin embargo, en el desarrollo mismo de la historia que le prosigue sus elementos garantistas fueron o bien pisoteados, como por ejemplo el asesinato mismo de Carlos Pizarro, asesinado poco después de la constituyente en el marco de su campaña a la presidencia como integrante del M-19 y desmovilizado en el proceso, o bien fueron cambiados, pues es además la constitución en América Latina que más reformas ha tenido, 26 en total en solamente poco más de 20 años de existencia. Los elementos principales que se le han respetado y profundizado son aquellos que tienen que ver con la apertura económica hacia el neoliberalismo. Es importante resaltar que en el proceso de su formulación, hubo nula participación real de la sociedad, primordialmente fue diseñada y aprobada por los tecnócratas y políticos tradicionales del país.
[4] http://www.redcolombia.org/index.php/regiones/centro/eje-cafetero/1000-explotaci-petrolera-en-piedras-tolima-genera-mas-pobreza-que-riqueza.html
[5] http://www.semana.com/nacion/articulo/fisica-hambre/246880-3
[6]Documental: “Piedras dice no a la gran minería – Consulta Popular https://www.youtube.com/watch?v=SJ929axTpow#t=85
[7] http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5081:2013-08-02-13-22-24&catid=91:multinacionales&Itemid=423
[8] http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/7274-balance-ambiental-del-2013-modelo-econ%C3%B3mico,-da%C3%B1os-ecol%C3%B3gicos-y-protestas-sociales.html
