Ha sido fuerte el sacudón a la gobernabilidad (procesos técnico administrativos), esperemos también a la gobernanza (procesos de consenso político) de la paz, dado por el gobierno nacional en cabeza del vicepresidente Óscar Naranjo. No era para menos, los problemas se multiplicaban y el malestar crecía en muchos sectores internacionales e internos a raíz del desgreño y el amiguismo prevaleciente en la Alta Consejería para el Posconflicto y en la Dirección del Fondo Colombia en Paz a cargo de Gloria Ospina y en Colombia sostenible en manos de Marcela Huertas, con una gran cantidad de recursos financieros a su disposición originados en la cooperación de otros estados a la implementación de los acuerdos de paz.
La comunicación enviada por los embajadores de Suiza, Suecia y Noruega al presidente Santos, con las denuncias de sospechas sobre malos manejos con los dineros de la paz, hizo estallar el escándalo sobre abusos y despilfarros en la JEP.
Se ha sabido que con antelación los diplomáticos se quejaron informalmente de la vergonzosa situación y no habían sido tenidas en cuenta sus observaciones.
El Fondo Colombia en Paz se encuentra plagado de infinidad de irregularidades en la contratación y con los procedimientos de compadrazgo para favorecer a fichas cercanas a las directivas de tal instancia de gestión. Se presentó un bochornoso direccionamiento de los contratos para favorecer al esposo de la señora Ospina en la organización del Sistema Integrado de Información del Posconflicto/Siipo.
Increíble que con los antecedentes conocidos se hubiese encargado del FCP a Gloria Ospina. Al frente de la Uaesp en Bogotá, entre 2006 y 2010 le abrieron 16 procesos por supuestamente hacer contratos con familiares, amigos, exjefes, además de omisiones, ineficiencias, irregularidades.
Todo indica, de igual manera, que en el seno de la JEP, se quería que en materias jurídicas, financieras y en la oficina de prensa, sus funcionarios pudieran hacer lo que les viniese en gana, como en efecto lo han hecho y lo continúan haciendo. Hasta se rumoró que algunos personajes cercanos a la JEP cobraban, y siguen cobrando, comisiones para intrigar nombramientos en la nueva institución, tanto judiciales como periodísticos.
Todo se complicó después de que se conoció el rechazo provocado por la conducta de un particular “amigo” de una funcionaria del Fondo Colombia de Paz, quien solicitaba que le pagaran 80 millones de pesos y la cesión de una importante participación accionaria en una empresa, para que obtuviesen un millonario contrato para efectos del posconflicto. Esas noticias de negocios turbios con los dineros del posconflicto se conocieron entre el cuerpo diplomático, el gobierno y los organismos estatales de control.
La Contraloría General se apersonó de la forma como se venían manejando de manera discrecional los dineros de paz, por lo que hace tres meses le pidió al Secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, aclarar cómo Dispuso de 12 mil millones de pesos de los 37.783 millones apropiados para esa nueva instancia judicial. La posición del alto funcionario no aclaró nada y, por el contrario, generó más dudas en la Contraloría, al decir que la que estaba al día con esos manejos financieros era la señora Gloria Ospina, Ejecutiva del Fondo Colombia de Paz. Las sospechas de las entidades fiscalizadoras se ampliaron al descubrir que los proyectos que estaban en marcha se manejaban con “cartas marcadas” para favorecer a terceros.
Desde un principio hay dudas fundamentadas sobre la manera cómo se procedía de facto en la JEP para contratar funcionarios (judiciales, administrativos y de prensa) y disponer de los dineros públicos, por cuenta del Secretario de la entidad y su Presidenta, Patricia Linares, quienes se engancharon en una grotesca bronca por el poder, que incluyó la lucha por despachos, muebles e influencia en la contratación de personal y el manejo al interior de los procesos y cargos. Hay que señalar que Correa asumió delicadas responsabilidades que presuntamente lo llevaron a proceder sin fundamento y sin tener en cuenta las normas a seguir en todos estos casos.
Los magistrados y funcionarios de la JEP dicen que todo allí marcha a medias, que no disponen de las instalaciones mínimas para operar satisfactoriamente, que se tomaron vehículos por cifras descomunales y no están blindados, que se han hecho medidas inconsultas a favor de personas inmersas en delicados delitos, que domina la improvisación y que todo marcha lentamente, lo que dilata los procesos y la eficacia de su acción.
Para los entes de investigación es claro que se ha hecho un uso de información privilegiada para direccionar los proyectos. Además, se aprovechan de que los datos sobre esos procesos no figuran en el fantasmatico Sistema Integrado de Información del Posconflicto (Siipo).
El Fiscal envió una comunicación a al Presidente Santos en la cual le informó que se venían haciendo seguimientos y estudios técnicos criminalísticos sobre el oscuro manejo de los encargados de velar por la transparencia de los fondos del posconflicto, los cuales le llevaron a verificar la existencia de una cadena de intermediarios interesados en entregar proyectos a determinadas empresas y contratistas, con el objetivo de lucrarse, especialmente en las regiones y las alcaldías municipales. La entidad tiene videos y pruebas demoledoras contra los famosos “gestores” que se venían lucrando con comisiones por la intermediación en la contratación y, en algunos casos, la extorsión a los contratistas.
Los organismos de control y de la Fiscalía prosiguen las investigaciones que evidencian, cada vez con mayor fuerza, la irresponsabilidad, despilfarro y tráfico de influencias en la contratación de ese fondo para la paz.
Ayer lunes 9 de abril el vicepresidente Óscar Naranjo anunció medidas contundentes para corregir todas estas irregularidades en la construcción de la paz. Echaron a la señor Gloria Ospina del FCP y en su reemplazo encargaron a la Doctora Paula Acosta, importante funcionaria del Ministerio Hacienda, quien administra el Ocad de paz con manejos cercanos al billón y medio de pesos que se utilizan supuestamente para arreglar los 130 mil kilómetros de las vías terciarias del país.
De igual manera el Doctor Rodrigo Rivera, consejero presidencial de paz, asume la Alta Consejería para el Posconflicto, en reemplazo de Rafael Pardo, quien se resuelve problemas delicados de salud.
Adicionalmente se anuncia que para el 16 de abril ya debe estar funcionando el Sistema Integrado de Información del Posconflicto/Siipo. Ojalá así ocurra para poder tener una información en tiempo real del flujo de los recursos y de los procedimientos de contratación. Es lo que demandamos desde la Veeduría “Paz posible”.
Lo que debe esperarse con todas esta medidas es un mejoramiento de la gobernanza y la gobernabilidad de la construcción de la paz en la que debe prevalecer la transparencia.
