En Latinoamérica y el Caribe hay una población total de 645.593 000 de habitantes, de la cual el 12 % corresponde a adultos mayores de 60 años. Esto es unas 77 millones de personas de la tercera edad. Además, según el BID, en esta región hay 130 millones de personas que no ahorran para su pensión.
Lo anterior, sin contar con que para el 2030 unos ocho millones de latinoamericanos padecerán demencia y que la mayoría de las veces los ancianos están excluidos de una vejez digna, tanto la población adulta urbana como campesinos e indígenas. De hecho, el común denominador de la situación que viven las personas clasificadas como de la tercera edad en los bloques económicos del Mercosur, Alba y Alianza para el Pacífico es de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad.
Por ejemplo, en celebraciones religiosas los adultos mayores son los mayores asistentes; sin embargo no encuentran espacios preferentes para ellos en los templos. La persona es vieja si a los 40 años solicita empleo y es muy joven a los 60 o 62 años para jubilarse. Igualmente, cuando los Estados implementan programas sociales en su favor, verbi gracia el aumento de geriatras, sus beneficiarios quedan esperando a veces mucho tiempo para beneficiarse. Maltrato muchas veces patrocinado desde el propio Estado, se presenta en la mayoría de países.
En Argentina la población adulta más vulnerable en Buenos Aires y en las provincias no disfruta de una jubilación o auxilio estatal; tampoco tienen cobertura previsional ni vivienda propia. De acuerdo a la ONG La Alameda, en Buenos Aires funcionan los llamados "talleres del sudor" que ocupan unos 30.000 obreros costureros; el 98% son personas mayores de edad que trabajan como esclavos.
Por su parte, en Uruguay les hacen hipotecar las viviendas a los ancianos que albergan en instituciones, para posteriormente cobrar a sus familiares su sostenimiento de o ejecutarlos judicialmente. En este país hace cuatro años se concedía una consulta médica anual gratuita a los mayores de 65 años de edad en extrema pobreza; sin embargo se suspendió para destinar esa partida “a cargos de alta dedicación,” por orden del Ministerio de Salud Pública de Uruguay.
En Paraguay en 2009 el Congreso Nacional aprobó la Ley “que establece el derecho a una pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”. Aunque el presidente Fernando Lugo no aprobó dicha ley, las Cámaras del Congreso la promulgaron. Posteriormente Lugo la torpedeó suspendiendo el censo de adultos mayores que se adelantaba en los 186 distritos.
En Brasil el Congreso Nacional y el gobierno federal debatieron durante siete años el Estatuto del Adulto Mayor y en Venezuela del bloque del ALBA, los últimos gobiernos se han abstenido de darle curso a la Ley de Bono de Salud y Alimentación aprobada por la Asamblea Nacional. Tampoco Maduro cumple con la promesa lanzada desde 2014 de pagar la bonificación alimentaria a los ancianos sin suficientes recursos económicos para sobrevivir. Alrededor de 3 millones de ancianos venezolanos dejaron de recibir el bono de salud y alimentación. A los pensionados les deben varias mesadas y a los residentes fuera de Venezuela, algunos habrían sido literalmente borrados como pensionados del presupuesto.
En Bolivia las personas adultas mayores sufren una serie de atropellos, fundamentalmente referidos al abuso de las autoridades en las comunidades al permitir el despojo de sus tierras. De este mismo bloque, en Ecuador, cuando las personas mayores de 60 años acuden a reclamar servicios estatales, como la pensión no contributiva, se les amenaza con llevarlos a un centro gerontológico residencial o ancianatos, donde al parecer no son atendidos debidamente. Esta situación se agravó con la dolarización de la economía ecuatoriana.
De la Alianza del Pacífico, en Colombia el presidente Juan Manuel Santos aconsejado por Hacienda objetó la ley que beneficia a los pensionados más pobres, disminuyendo del 12% al 4% la cuota por salud. Hace 7 años se les dejó de pagar a los pensionados colombianos más vulnerables la mesada 14, que consistía en una mensualidad adicional en junio de cada año. En Colombia los adultos mayores llegan son cerca de 5 millones de ciudadanos.
En Chile, el Senado aprobó un proyecto de ley, que se preveía pasaría por unanimidad; empero 13 legisladores se abstuvieron de votar esa iniciativa que la positivamente que tipifica como delito el maltrato a adultos mayores. Hace dos años en este país austral, la Superintendencia de Pensiones les recortó su jubilación en promedio en un 2 por ciento.
En Perú las mesadas pensionales no se reajustan hace mucho tiempo y en México desde 2002 se promulgó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que continúa incumpliéndose. Solo 17 de las 32 entidades federativas tiene leyes sobre no discriminación a este colectivo, que se calcula en de 12 millones de mexicanos, de los cuales el 82% vive en “pobreza multidimensional”.
De parte de su entorno cercano los adultos mayores que en 2050 será una de cada cinco personas en la región son los que reciben mayores maltratos. Algunas veces son abandonados en los hospitales o en ancianatos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene establecido que las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos residentes en instituciones que en los que están en la comunidad.
Por ejemplo, en una institución cuidadora de ancianos de Brasil se reveló un video en el que se ven dos enfermeros maltratando ferozmente a un anciano. En Montevideo y en el interior de Uruguay a cientos de adultos no les asignan cupos en refugio, por lo que deambulan por las vías públicas. En años anteriores han sido clausurados decenas de hogares, después que las autoridades han constatado la precariedad y suciedad en que subsisten los adultos mayores. Ancianos uruguayos más pudientes son víctimas del "abuso patrimonial", haciéndoles transferir sus propiedades a los familiares, quienes los asilan de por vida en hogares geriátricos privados. En Venezuela los inquilinos de los ancianatos que no han sido clausurados viven una situación paupérrima, algunos han escapado porque comenzaron a “ver abuelitos morir de hambre”.
Seguridad económica, salud y entornos favorables,son las tres áreas prioritarias de la problemática de las personas de edad avanzada instituidas en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.
La preocupación sigue siendo el aumento de la población mayor de 60 años, el posible incremento en la edad de jubilación en varios países, pero sobre todo que los jóvenes no se están preparando para su retiro. Los organismos internacionales reiteradamente urgen a las autoridades de todos los países a diseñar políticas que garanticen a los jóvenes de la actualidad que tendrán una vejez decente.
