El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” (Ley 1450 de 2011) y la Ley 1454 de 2011 de Ordenamiento Territorial establecieron el marco jurídico e institucional para la creación e implementación de los Contratos Plan, como herramienta de buen gobierno dirigida a impulsar el desarrollo territorial, mejorar la priorización de acciones y la concurrencia de esfuerzos y fuentes de inversión entre la Nación y los gobiernos territoriales, a fin de contribuir en la reducción de las disparidades territoriales a través de un mayor impacto de las inversiones públicas en las regiones y crear condiciones y entornos propicios para profundizar la descentralización. Desde 2012, se iniciaron siete pilotos de Contratos Plan en nueve departamentos del país que involucraron 272 municipios: Antioquia, Córdoba y Chocó (Atrato - Gran Darién), Boyacá, Nariño, Sur del Tolima, Norte del Cauca, Arauca y Santander (DNP, 2014, 3).
El Contrato Plan para el departamento de Arauca se concibió inicialmente como una forma de multiplicar unos recursos ahorrados por el departamento en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP (DNP, 2016, 80). Se suscribió el 16 de febrero del 2013 entre el Departamento Nacional de Planeación DNP, el Departamento de Arauca, los siete (7) municipios (Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Puerto Rondón, Tame y Cravo Norte), Corporinoquia, Ecopetrol y el Oleoducto Bicentenario por valor de $1.74 billones, de los cuales el 63% ($1.09 Billones) son aportes de la nación, el 35% ($617 mil millones) del territorio y otros aportes del 2% ($32 mil millones) con un plazo de ejecución a 8 años (febrero del 2021).
Este acuerdo estratégico tiene como eje central el “Mejoramiento de la productividad y competitividad como factores de desarrollo social y económico” y establece 4 prioridades estratégicas divididos en 12 sectores: Productividad y Competitividad (sectores Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Transporte y TIC) por $1.10 billones, Desarrollo Social (sectores Educación, Inclusión Social, Minas y Energía, Salud, Vivienda y Agua Potable y Saneamiento Básico) por $526.034 millones, Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo (sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) por $70.291 millones y Soberanía y Territorio (sector defensa y justicia) por $41.800 millones.
En el presupuesto de inversión se puede identificar que los proyectos con más recursos son: en primer lugar, el proyecto “Mejoramiento de la Red Vial Primaria” por valor de $737.299 millones (42%) y proviene en su totalidad de fuentes nacionales; en segundo lugar, el proyecto “Mejoramiento de la Red Vial Secundaria” por valor de $149.000 millones (8.5%) y en tercer lugar, el proyecto “Construcción y Mejoramiento de Vivienda” por valor de $140.000 millones (8%).
Según el informe del 28/02/2018 con corte al 31/12/2017 publicado en el portal web del DNP, el Contrato Plan Arauca entre 2013 – 2017 presenta Avance Financiero AFC del 85%, es decir, un atraso del 15% entre los recursos programados ($788.915 millones) vs los comprometidos ($673.872 millones) y un Avance Físico AFS del 77%, es decir, un atraso del 23%, explicado por bajos avances en el sector comercio (45%), minas y energía (60%), defensa y justicia (65%) y salud (65%). Al realizar el análisis por sector se encuentran grandes diferencias: el sector defensa presenta un AFC del 110% y un AFS del 65% y en el sector transporte un AFC del 116% y un AFS del 75%. El Avance Financiero Acumulado AFA entre 2013 – 2021 es de apenas un 39%.
De igual manera, en el informe se pueden evidenciar varios contrastes (2013 – 2017) entre los Recursos Comprometidos RC y la descripción de los Avances Acumulados AA (proyectos ejecutados y/o en ejecución):
Productividad y Competitividad: el sector Agricultura y Desarrollo Rural registra $16.509 millones en RC y AA por valor de $45.953 millones; el sector Comercio, Industria y Turismo, RC por valor de $8.220 millones y AA por valor de $8.184 millones; el sector Transporte, RC por valor de $328.221 millones y AA por valor de $376.074 millones; sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, RC por valor de $12.733 millones y AA por valor de $12.742 millones.
Desarrollo Social: el sector Educación registra $12.615 millones en RC y AA por valor de $32.663 millones; sector Inclusión Social, RC por valor de $6.842 millones y AA por valor de $6.361 millones; sector Minas y Energía, RC por valor de $41.607 millones y AA-convenios por valor de $88.484 millones; sector Salud, RC por valor de $23.074 millones y AA por valor de $42.978 millones; sector Vivienda, RC por valor de $102.542 millones y AA por valor de $94.419 millones; sector Agua Potable y Saneamiento Básico, RC por valor de $32.136 millones y AA por valor de $14.082 millones.
Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo: el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible registra $43.487 millones en RC y AA por valor de $48.187 millones.
Soberanía y Territorio: el sector Defensa y Justicia registra $45.886 millones en RC y AA por valor de $43.153 millones.
Con este breve análisis se puede comprobar que los recursos comprometidos y los avances descritos en el informe no concuerdan, es decir, la información publicada no es clara ni completa para la ciudadanía en general, vulnerando de cierta manera, el principio de la calidad de la información consagrado en el artículo 3 de la Ley 1712 del 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información.
Por otro lado, para el seguimiento de las 4 prioridades estratégicas del Contrato Plan Arauca se establecieron una cantidad de indicadores estratégicos: Productividad y Competitividad (7), Desarrollo Social (11), Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo (1) y Soberanía y Territorio (1). El DNP en su plataforma SINERGIA tiene un espacio denominado “Tablero Contratos Plan” donde se puede encontrar lo anteriormente dicho, las metas y avances de las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
Al comparar el informe del 28/02/2018 con corte al 31/12/2017 y el informe arrojado por el “Tablero Contratos Plan” de enero – diciembre 2017, se notan las siguientes disparidades: el primero menciona un avance en el 2017 de 23.6% y el segundo un avance del 6.08%; así mismo, el primero establece un avance acumulado (2013-2017) del 40% y el segundo del 38.07%.
De los 20 indicadores estratégicos se puede observar que entre el 2013 y el 2017, 15 indicadores (75% del total) se encuentran en semáforo rojo (avance menor al 80%), 1 en semáforo naranja (avance entre 80% y 90%) y 4 en semáforo verde (avance superior al 90%).
Tomando como referencia la línea del sector Transporte (mayores recursos), se puede observar que el indicador “Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Primaria” – según acuerdo estratégico Red Vial Primaria Concesión[1] Villavicencio – Arauca (tramo Hato Corozal – Tame - Arauca), establece una meta de 207,1 km y a la fecha presenta un avance acumulado de apenas 27 km (13%), con una inversión cercana a los $55.000 millones, mediante el proyecto Mejoramiento y Rehabilitación, Gestión Predial, Social y Ambiental del Corredor Vial Tame - Arauca.
Todo lo anterior permite concluir que la planificación de políticas, planes, programas y proyectos ha sido una de las grandes dificultades en el crecimiento y desarrollo de la región. Tal como lo señala el (DNP, 2016, 117) “la falta de proyectos debidamente formulados y estructurados de manera técnica, en sus componentes económico, financiero, institucional, ambiental y social, capaces de superar la revisión de los ministerios del ramo para obtener su viabilidad. Por ello, es necesario que para acuerdos estratégicos futuros, las negociaciones se adelanten sobre proyectos antes que sobre ideas”. Aunado a lo anterior, se determinó que en la negociación nación-región, casi todos los proyectos presentados por el departamento de Arauca tenían un fuerte componente de infraestructura y que los sectores, salvo el Ministerio de Transporte, no apoyaron dichos proyectos.
Quedando menos de 3 años para que culmine el Contrato Plan Arauca se hace indispensable que las autoridades rindan cuentas a la comunidad sobre los recursos ejecutados, las dificultades y lecciones aprendidas; así mismo, repensar la modificación del Acuerdo Estratégico mediante procesos de participación ciudadana que conlleven a una mayor eficiencia de los recursos disponibles y concertar programas y proyectos enfocados en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Por último, resulta importante preguntarse si dadas las actuales condiciones de coyuntura política y económica, es prioritaria la inversión de grandes cantidades de recursos en la vía que pretenden convertir en 4G Cuarta Generación[2] (Concesión Vial) o destinarlos a sectores que impulsen verdaderamente la productividad y el desarrollo sostenible en el departamento de Arauca.
Bibliografía
DNP. (2014). Documento CONPES 3822: Contratos Plan: Lineamientos de Política y Plan de Expansión 2014 - 2018. Retrieved from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3822.pdf
DNP. (2016). Contratos Plan: Un instrumento para la descentralización y el desarrollo en las regiones. Retrieved from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos Plan/Contratos Plan - Vertical_Versión Impresa.pdf
[1] Son aquellas cuyo objeto consiste en la utilización de una infraestructura por el usuario. Por ejemplo: Concesión de autopista de peaje en la cual el usuario de la vía no paga por el servicio sino por la utilización de la vía.
[2] Las 4G son un programa de infraestructura vial que plantea la construcción y operación en concesión de carreteras, doble calzadas y túneles.
