El presidente de Ecopetrol Felipe Bayona, reconocido por sus calidades técnicas, quien ha manejado con bajo perfil y discreción la catástrofe que significa el derrame del pozo Lizama, tuvo que aguantarse la dura reacción del ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, quien está a escasos cuatro meses de dejar el cargo. Aseguró que Ecopetrol tendrá que responder por los daños causados, luego de que más de 24 kilómetros de las quebradas Caño Muerto, Lizama y parte del río Sogamoso fueran contaminadas. Si se comprueba que la empresa hizo actividades por fuera de la licencia ambiental, el ministerio incluso podría ordenar el cierre del pozo. La responsabilidad, según Murillo, es totalmente de la petrolera estatal que, además, podría asumir una multa de hasta $ 40.000 millones de pesos. Los mayores afectados fueron los pescadores de la zona, y Murillo también le advirtió a la empresa que debe compensar a las familias porque los errores fueron varios; ha mostrado lo afilados que pueden ser los dientes el ministerio a su cargo, cuando se lo propone.
