A santos le aplica a la perfección un refrán común entre los partidos tras cuatro años de presidencia: “el primer año es del gobierno, el segundo es compartido, el tercero es del Congreso y el cuarto es de nadie”. El desgaste es evidente y la “aplanadora” que entre 2014 y 2015 funcionó a todo vapor se encuentra averiada y bastante descompuesta. Algo preocupante si se tiene presente que todavía faltan proyectos fundamentales en el proceso de implementación del acuerdo final y que la “unidad por la paz” (coalición de fuerzas que apoyaron la implementación) se encuentra fragmentada. El panorama se torna más delicado ya que el fast track (procedimiento extraordinario que aceleró la expedición de los proyectos) perdió vigencia y todos los proyectos de ley asociados al acuerdo deberán ser expedido bajo el procedimiento ordinario. A menos de tres meses de concluir el “Congreso de la paz” esto no pinta para nada bien.
El balance del fast track es agridulce, por un lado, se lograron cinco reformas constitucionales (ya nuestra Constitución va por las 47 reformas desde que fue expedida en el 91) y seis leyes. Tal vez el momento más crítico del fast track fue el hundimiento de la reforma que creaba las 16 curules para las víctimas (ganó en el Congreso la falacia de que eran para las Farc) y la “cristiana sepultura” de una reforma política que terminó convertida en un adefesio institucional. Sin embargo, es más preocupante cuando se observa la cantidad de proyectos de ley que fueron radicados frente a los que finalmente sobrevivieron: tan solo seis de trece se pudieron convertir en leyes: Amnistía, derecho a réplica a los voceros de las Farc, ampliación de la planta de personal en la Unidad Nacional de Protección, Estatuto de la Oposición, Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Casi todo el componente agrario se hundió y el punto sobre participación política quedó en ceros.
Son siete los proyectos que no alcanzaron a ser discutidos y que se hundieron completamente cuando el fast track perdió vigencia en diciembre del 2017. Con la apertura del último periodo de sesiones el pasado 16 de marzo el gobierno volvió a radicar (o insistió en la continuidad del trámite lo que podría resultar inconstitucional o viciar los proyectos) tres: catastro multipropósito, sometimiento a la justicia de bandas criminales y adjudicación de baldíos en reservas forestales. El tiempo sigue siendo el mayor enemigo, ya que cada uno de esos proyectos requiere de cuatro debates y el 20 de junio se acaban las sesiones (a un proyecto ordinariamente le toma dos años surtir todo ese trámite). La ventaja es que el gobierno está facultado constitucionalmente para acelerar el procedimiento ordinario y que sea tan rápido como lo fue con el fast track. ¿Cómo?
El artículo 163 de la Constitución facultad al presidente para solicitar trámite de urgencia, mensaje de insistencia, sesiones conjuntas en primer debate y prelación en el orden del día para cualquier proyecto. Algo muy similar a lo que pasaba con el fast track y que permitió que algunos proyectos fueran expedidos en 3 semanas. Entonces, ¿Por qué no lo hace? Seguramente es falta de voluntad o un indicio de su precaria gobernabilidad con las bancadas que ya están pensando en reacomodarse de cara a las presidenciales. También influye (y el gobierno no es ajeno a esa realidad) que por estos días muchos congresistas están buscando como sobrevivir los próximos cuatro años (espero que no olviden la última sentencia del Consejo de Estado que le tumbó la investidura a una representante por no ir a trabajar). Sin lugar a dudas la implementación se encuentra en un momento crítico y se confirma que su continuidad dependerá del próximo presidente y de un Congreso muy diferente al que está agonizando.
Al menos, es muy importante terminar de implementar el modelo de justicia. El pasado 15 de marzo la JEP abrió sus puertas y los magistrados están a la espera de la aprobación de una ley procedimental (muy importante porque establece criterios de conexidad entre la sanción que crea el sistema y la participación política de los exguerrilleros) entregado en borrador al gobierno para que sea radicado en los próximos días y así terminar todo el aparato normativo de la justicia transicional para los próximos 15 años. ¿Se resistirá el Congreso? Esperemos que no y que ahí Santos sí utilice todas las facultades que le otorga la Constitución para concluir con dignidad una implementación que terminó caminando bastante coja.
