En el año 2001 el departamento del Cauca fue gobernado por un indígena Guambiano, Floro Tunubalá, quien para sorpresa de todos se impuso en elecciones populares a las maquinarias políticas alentadas por los apellidos de la aristocracia latifundista caucana. Fue un motivo de regocijo para el país que veía en éste suceso otra muestra de la consolidación de la apertura democrática que pretendía la constitución de 1991, y que se sumaba a otras expresiones entusiastas como el notablato de juristas que coincidió en la Corte Constitucional y que por una década introdujo conceptos modernos del derecho en la justicia colombiana.
Pero el país de siempre no tardó en reagruparse y contratacar. Un Mosquera Cháux sucedió a Tunubalá y los indígenas han sido paulatimente reducidos a sus resguardos con una casi nula participación en el escenario político. Desde entonces las maquinarias políticas tradicionales campean en el Cauca de la mano de los Mosquera, los Cháux, los Valencia y los Iragorri.
Riohacha que tuvo el primer alcalde del M-19 elegido popularmente rápidamente pasó a manos de los políticos de allá, que son de la misma especie de los de acá pero con influencias más diversas: la Drummont, los indígenas wayuus, las radas profundas y el contrabando ancestral, la Sierra Nevada, el comercio con Venezuela, los temblores políticos de allá que repercuten aquí. Sólo en ese caldo de cultivo se puede incubar un gobernador como el recientemente detenido.
En el entretanto en otras regiones la caucanización tropezaba con dificultades: Cali rotaba su alcaldía entre un periodista independiente, un concejal invidente y terminaba con el hijo de un fundador del M-19. Hasta las últimas elecciones el Valle del Cauca de los dueños de los ingenios no recobraron el poder.
Bogotá no fue ajena esa ola modernizante que refrescó por unos años el escenario político nacional. De la mano de una opinión informada Bogotá acogió con entusiasmo a un particular profesor universitario con un discurso alejado de la política tradicional, a un político tradicional con propuestas modernizantes alejado de la antipolítica y a diez años de gobiernos de izquierdas que habían sobrevivido los anteriores ocho gracias al entramado surgido en medio de las alianzas políticas en el concejo la ciudad y al reparto milimétrico de la burocracia y los contratos de la administración.
Esa trama es la que soporta el saqueo descarado de los recursos de la ciudad y la mantiene dentro de los rieles de la democracia formal, y en medio de la apatía de la clase media que vota mayoritariamente en blanco por el concejo y no lo hace por alcalde, la disciplina de los sectores laborales que ya habían entendido la importancia de dar el salto cualitativo hacia la participación política –no en vano la mayoría de los representantes de izquierda en el parlamento viene de la fecode- y sectores populares tocados por el presupuesto se elige a Gustavo Petro con un 30% de la votación.
Como Lucho Garzón, Petro viene de la contienda presidencial con un discurso de campaña, pero desenfocado con la ciudad. Dice de la Alo que es una avenida para los ricos, que no la va a construir y con el engreimiento de la victoria reta al estrato seis bogotano a que lo tumbe.
Conforma un gabinete con antiguos amigos de militancia, profesores universitarios y otros de difícil rotulación. La mayoría no soporta las maneras del jefe y renuncia. La rotación del equipo de gobierno es alta y da la sensación de que el gobierno anda peor que la ciudad. Antonio Navarro, un secretario de gobierno con escarapelas de parlamentario, ministro, gobernador y alcalde, y de buen recibo por el establecimiento renuncia. En su lugar y para tratar los temas de seguridad ciudadana y las relaciones con el consejo se nombra a un amigo de línea dura. Como en las épocas de Virgilio Barco Petro ensaya un gobierno de partido. Pero no tiene partido. Los intentos de organización en nodos que habían propuesto algunos progresistas no son acogidos por el alcalde y terminan diluyéndose. Sólo quedan activos algunos vinculados a la administración.
Por sus denuncias en el congreso Petro había abierto el expediente de la parapolítica y con él quedaron al descubierto los nexos de los paramilitares con los poderes regionales. Con la presión de la opinión y los medios de comunicación la justicia actúa. Se sugieren nexos entre paras y empresarios, pero éste frente de investigación no prospera. Fugazmente y gracias al justicia norteamericana se mencionan uno o dos casos. Pero el paraempresariado sale indemne. Petro tiene abierto un frente de batalla.
El otro es el de la corrupción. Con algunos militantes del gobernante Polo Democrático denuncia las prácticas corruptas de éste en lo que se conoce como el cartel de la contratación. Como en la parapolítica se abre otro expediente, que involucra a contratistas y concejales. Un segundo frente de guerra.
Se presenta el problema de las basuras. El contrato suscrito con cuatro grandes empresas se termina. Petro reclama como de la ciudad los camiones recolectores. Alega que debe terminar unilateralmente los contratos para que no se perpetúen automáticamente y que debe cambiar el modelo de recolección por uno mixto que se adecúe a su programa de gobierno, abarate los costos e involucre a la población recicladora.
Los hechos se precipitan y la respuesta de la administración es vacilante. Con el aparente concurso de los empresarios la ciudad padece dos días de caos por las basuras. El ciudadano de a pie, que padece los problemas de movilidad e inseguridad ahora enfrenta el de las basuras. Se acusa a Petro de improvisación. Los medios arremeten contra el alcalde. El alcalde se defiende acusando a todos de ser parte de una conspiración del cartel de la contratación. Se abren investigaciones en los entes de control que son controlados por partidos ajenos e incluso enemigos de Petro. Se abre otro frente de batalla, esta vez en ante el mundo difuso de los escritorios los jueces.
La Bogotá Humana avanza y muestra logros. Se avanza en el tema del reciclaje, el metro, el SITTP, la construcción de colegios y jardines. Cojean los temas de siempre, la movilidad y la seguridad.
Las relaciones con el concejo paulatinamente se normalizan. El equipo de gobierno se consolida. El problema de basuras se soluciona y avanza el tema del reciclaje. La mejoría en la administración se nota en la percepción ciudadana.
Pero vuelven los fantasmas del pasado. Antes de finalizar los dos años de gobierno, el procurador general de la nación, un fundamentalista religioso, que había sido elegido por los votos del parlamento incluidos los de Petro lo destituye e inhabilita por 15 años.
Buena parte de la prensa y la opinión –el desfavorable de Petro era del 60%- celebran el fallo. A otros le parece exagerada. Petro convoca a la movilización y consigue llenar la plaza de Bolívar en dos ocasiones. Denuncia una conspiración y apela al presidente y a la Carta Interamericana de Derechos Humanos. De manera inesperada aparecen aliados: voces dentro del alto gobierno apoyan al mandatario. Todos me parecen relacionados con Ernesto Samper. Otro fallo en enero confirma la destitución. Se vuelve a llenar la plaza de Bolívar pero se siente menos convicción. Petro convoca a la movilización pero se da cuenta que no tiene organización. Con ocasión del primer fallo había gritado en la plaza que no tenía partido y había apelado a los animalistas, ecologista y demás istas. Muy tarde se percata que para gobernar se necesita respaldo y para movilizarse organización. Apela a los nodos.
Un juez de un tribunal suspende el fallo. Protege los derechos de un elector. Un respiro de diez días para que se produzcan las medidas cautelares de la CIDH. Esto muy probable considerando la composición, donde Uruguay, Brasil y Chile tienen afinidades ideológicas con la Bogotá Humana, y Méjico, Perú y Costa Rica deben ser neutrales, como el colombiano Sierra Porto.
El verdugo de Petro es un abogado que escribe en internet que “los derechos humanos no albergan en su seno el derecho, sino una especie de ideología política para dar rienda suelta al desenfreno de la naturaleza caída del hombre”, opinión que ha causado más curiosidad que controversia, a pesar de que la misión de la procuraduría es “promover y proteger los derechos humanos”, es decir proteger “el desenfreno de la naturaleza caída del hombre”, según éste moderno Diderot.
Pero las verdaderas motivaciones no están en él sino en sus respaldos. Después de ser confirmado para un segundo período, el procurador se tomó unos días esperando el aval de Alvaro Uribe para la presidencia y los precandidatos lanzados al ruedo para defender el tiempo que le queda a la Bogotá Humana son del estrato seis bogotano a quienes Petro había emplazado para que lo tumbaran….
Bogotá, como el resto del país está a punto de Caucanizarse, por eso hay que defender la Bogotá Humana.
AP.
