Y, comenzó el año, el año electoral; ya atisbamos la complejidad del dos mil catorce; la primera complejidad: la ratificación de la sanción administrativa que, por cuenta de la Procuraduría General de la Nación se le impone al Alcalde Mayor de Bogotá; complejidad que surge de diversas hipótesis, que no solo por dejar ‘vacante’ el cargo del burgomaestre: (i) si la decisión llega a quedar en firme, se presentaría la lógica designación de un alcalde interino, mientras se va a las urnas para la escogencia, en elección denominada atípica, de su sucesor; pero (a) ¿de dónde se ha de sacar tan definitorio nombre que no sea del arbitrio del presidente y que, garantice al movimiento que lo llevó a la Alcaldía, su derecho?; (b) ¿cuál la fecha para llamar a elecciones que no coincida con las ordinarias de Cuerpos Colegiados o Presidente de la República?; (c) ¿en qué tiempo se van a resolver las tutelas pendientes, presentadas por la defensa del alcalde y por otros ciudadanos que alegan vulneración a sus derechos políticos?; (d) ¿cuándo se resolverá la solicitud de medida cautelar presentada ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?; (e) ¿cuándo la decisión de la Fiscalía —posee, ella sí, función jurisdiccional— que resuelva el caso penal que por los mismos hechos está adelantando?; y, (f) ¿cuándo la realización del proceso que por la destitución e inhabilidad al alcalde propongan sus defensores ante el Consejo de Estado que es el órgano jurisdiccional —ese sí, juez de la causa— para resolver el tema y, que puede decretar, desde el inicio, la suspensión provisional? En fin, en firme la decisión, el presidente, por solicitud de Procuraduría, la decreta, la ejecuta; no obstante lo cual, si alguna de las hipótesis de defensa, posteriormente tiene un resultado favorable al destituido alcalde, el panorama obviamente, se convertirá en un rosario de pleitos, que pueden terminar a favor o no, del en ese momento, exalcalde; pero que, de resultar favorable (s) a su pedido, el daño se habrá configurado, el hecho jurídico cobrado consecuencias: así, el compromiso, la responsabilidad estatal y la reparación. Son los riesgos latentes; la aplicación de las reglas del juego.
Pero en el caso (ii) en que la decisión administrativa de la Procuraduría no alcance a quedar en firme cuando (a) la(s) tutela(s) o (b) las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, o, (c) el archivo en la Fiscalía General de la Nación, se produzcan y le sea(n) favorable(s), preguntamos si ¿el presidente de la República podrá suscribir el decreto que hace efectiva la decisión administrativa de la Procuraduría? Es previsible que, por lo menos, en caso de la imposición de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decisión que tiene por objeto interceptar una posible vulneración, por ello es cautelar, el Ejecutivo deba acogerla e inejecutar la decisión administrativa del Procurador, honrando así los compromisos internacionales, que no son meros consejos como algunos insinúan; otro tanto ocurrirá, en caso en que la decisión de la Fiscalía —operador judicial—, sea de archivo, pues, por tratarse de los mismos hechos y al no configurarse irregularidad alguna, el Primer Mandatario deberá reflexionar sobre la salida apegada a derecho —que no política o pragmática—, que ponga fin al evidente riesgo institucional. Allí, un delicado equilibrio: una medida cautelar o, un archivo o absolución, frente a una sanción administrativa. La decisión es obvia: el apego a los compromisos internacionales y, así, al juez de la causa.
Ahhh, el retrato de los hechos: El gran salón, dispuesto; la música en armonía; los participantes en punto; pero algo pasa: ¿el piso del salón está averiado? ¿Existen ruidos que impiden la sinfonía? ¿Los participantes escuchan en tensión diferente? o, ¿los movimientos son sencillamente, diversos? Se evidencia una Danza Compleja.
¡Se me olvidaba! falta un participante, en esta danza: la reelección presidencial que también entra en postura de movimiento; alerta, hay un bailarín de esta danza compleja, un incómodo bailarín que puede variar todos los acordes. La Plaza de Bolívar es testigo.
Y, por último, que no lo último: se observa tras bambalinas una piñata: de lo que caiga, de lo que suceda, todos creen poder recoger sus réditos y ser beneficiados, pues las inhabilidades, son de muchos. Un festival.
