Durante décadas la democracia con hemorragia de leyes sin cumplir que vivimos en Colombia ha estado marcada por la indiferencia de la gran mayoría de la población que no vota, como se evidenció en el plebiscito, especialmente entre la juventud estudiantil, a la que le gusta la bulla y enfrentamientos con la fuerza pública; pero a la hora de escoger quiénes van a gobernarnos y a legislar se quedan pasando el guayabo o siguiendo la rumba, para que su destino y el del resto de compatriotas siga en manos de los mismos ineptos y pícaros que desde el poder legislativo obran en beneficio propio y el de sus camarillas politiqueras que extienden sus tentáculos mafiosos al poder judicial y de paso se apoderan de alcaldías y gobernaciones para ordeñarlas hambrientamente, como lo han hecho en Córdoba, con los carteles de la hemofilia, del Sida, de la alimentación escolar, de los viejitos, de las regalías, etc, etc.
“Si la pereza de los quejosos trepa la abstención al 60 % este domingo, elegiremos un Congreso más torvo, reaccionario y azaroso que el de los últimos tres lustros. Pues se elige por acción, votando; y por la omisión de los eternos indignados que no se untan de urna y conceden a la contraparte todo el poder de decisión política. El viejo contingente de corruptos y parapolíticos seguiría en su curul, por interpuesta parentela. Y se abriría el abanico de los agraciados hacia otros partidos de la derecha, como Cambio Radical”. Escribe en El Espectador, la columnista Cristina de la Torre.
Con la buena acogida que inicialmente tuvieron Petro, Fajardo y de La Calle, en las encuestas para la presidencia de la república, es de esperar que sus seguidores voten por los más experimentados, luchadores y reconocidos dirigentes de los movimientos y partidos que los respaldan, para lograr un Senado y Cámara, donde por lo menos, los congresistas, no se limiten a negociar tajadas para enriquecerse a cambio de los privilegios que buscan obtener los propietarios de la banca rentista, los grandes monopolios y contratistas nacionales y extranjeros, que en casos como Odebrecht, envían a los pasillos y cafeterías del capitolio, a sus gallinazos lobistas con la misión de pescar carroña legislativa para redondear sus multimillonarios negocios a costillas de los impuestos y el presupuesto nacional.
Escribe Antonio Caballero en su columna de la revista Semana: “En el parlamento colombiano se elaboran muchas leyes inútiles y que además no se cumplen. Pero en cambio no se hace ningún control político. Se hace politiquería, que es cosa muy distinta. Se hacen también negocios. Pero control político, no. Los parlamentarios colombianos no intentan controlar al poder ejecutivo, ni orientarlo, ni limitarlo, ni censurarlo si es el caso, sino simplemente extorsionarlo: hacerse sobornar por él a cambio de los dineros que se han llamado sucesivamente “auxilios parlamentarios”, “cupos indicativos”, “proyectos de cofinanciación”, “mermelada”, o —según la propuesta presentada por los senadores uribistas Paloma Valencia y Alfredo Rangel— “inversiones de iniciativa congresional”. Es justamente por la mermelada que el parlamento colombiano no ejerce su función de equilibrar el poder ejecutivo: la mermelada sirve para comprar su sumisión. Y con ella se compran también los votos que eligen a los parlamentarios”-
Es la triste realidad no solo del Senado y la Cámara de representantes, también de la mayoría de asambleas departamentales y concejos municipales, donde gran parte de elegidos, buscan acomodarse en el bus ganador, para extorsionar a los alcaldes y gobernadores en busca de empleos, obras y contratos para sus financiadores.
Tengamos en cuenta que Colombia urge cambios estructurales como la reformas agraria integral, que incluyen restitución de tierras a miles de desplazados por la violencia paramilitar y guerrillera, así como la titulación de baldíos a familias de colonos que hace años sobreviven en apartadas regiones. También reformas urgentes como las de: la salud, educación, a la justicia, tributaria y pensional, el nuevo ordenamiento territorial regional, departamental y municipal, para organizar y adelantar la descentralización administrativa con controles efectivos; y especialmente la reforma política, del sistema electoral y de la Registraduría, para poder construir partidos modernos y representativos, con elecciones mediante voto electrónico y con un sistema, donde los perdedores en las elecciones, de verdad, ejerzan oposición y no se limiten a trabajar individualmente o formando ‘sindicatos legislativos’ para chantajear a gobernantes de turno, como sucede en la actualidad, con los congresistas elegidos por voto preferente y no por lista única.
Si ganan Petro o Fajardo por los alternativos, o Duque y Vargas Lleras por la derecha, con congresos que no favorezcan las urgentes reformas que necesita este descuadernado, corrupto e inequitativo país, lo más seguro es que nos dirijamos a una Asamblea Nacional Constituyente, para reajustar vacíos dejados y troneras abiertas a la Constitución del 91.
