Al otro día de conocerse los resultados de las elecciones del Congreso de hace cuatro años, el Partido Mira empezó a trabajar para demandar los resultados electorales ante el Consejo de Estado. A la cabeza de lista al senado y a su vez presidente del Partido, Carlos Alberto Baena, las cuentas no le daban. Tenía la seguridad de que había ocurrido un fraude y lo iban a demostrar con pruebas irrefutables. Su base electoral disciplinada proveniente en buena parte de los más de 500.000 fieles de la Iglesia le permitía saber casi que al milímetro con cuantos votos contaban. Algo irregular había ocurrido y darían la batalla a fondo.
En una tarea maratónica el Partido Mira organizó un equipo para buscar e identificar dónde se había dado el posible sabotaje, manipulación o fraude que le había trasladado los votos a otros partidos en detrimento del suyo. En menos de un mes revisaron más de 95.000 mesas de votación que les permitió ubicar inconsistencias en el escrutinio final, que se realiza de manera manual. Con decenas de cajas con documentos el abogado Héctor Carvajal, en representación del Mira, presentó una demanda para anular el conjunto de los resultados electorales. Cuatro años después el Consejo de Estado les dio la razón. Se habían manipulado 408.623 votos y más de 30.000 mesas, fraude que terminó favoreciendo a algunos y castigando a otros, entre ellos los tres senadores que el Partido Mira recuperó.
La revisión arrojó unas anomalías evidentes. La primera sospecha fue la diferencia entre los votos del senado y la cámara. En el primer escrutinio sacaron 399.993 votos en cámara, mientras que al senado obtuvieron 316.647; es decir, una diferencia de 83.346 votos correspondientes al 20.92%. Baena asegura que esa es una brecha muy grande, e históricamente los votantes del partido siempre lo han hecho tanto para una como para la otra. De hecho, ante el Consejo de Estado el MIRA demostró que en las elecciones de 2006 tan solo hubo una diferencia de 1.78%; y en las de 2010, de 1.40%.
Lo primero que encontraron fue la afectación por un plumón de agua de secado lento. Por como estaba conformado el tarjetón en 2014, cuando una persona marcaba la X sobre el logo del MIRA, al doblar el papel la tinta del plumón dejaba otra marca en el tarjetón muy cerca de la casilla del voto en blanco, invalidándolo inmediatamente. Según datos de la Registraduría, los votos anulados habían sido en total 1.476.664, pero luego del recuento se demostró que en realidad habían sido 1.435.773, es decir, 40.891 votos menos.
Mancha en el tarjetón que anuló miles de votos de Partido MIRA
Sin embargo, el verdadero fraude no se dio por un problema con el plumón. Después de revisar todos los formularios en los que se registraron los números de votos por candidatos y partidos, el MIRA encontró que los resultados no coincidían. En un primer conteo, los votos son consignados a mano en el formulario E-14 y luego los datos son pasados al formulario E-24, un formato digital usado por la Registraduría para saber con exactitud el resultado de las elecciones. En este proceso, el partido cristiano encontró que mientras a ellos les quitaban los votos, a otros candidatos y partidos les sumaban. El Consejo aceptó y al final en el fallo les quitó a los otros partidos 13.919 votos por las inconsistencias en estos formularios. Se les descontaron de sus resultados finales.
Para dar un ejemplo. En la mesa de votación 002, puesto 19 del municipio de Plato, Magdalena, al senador del Partido Liberal Álvaro Ashton, hoy detenido por su posible relación con el Cartel de la toga, no se le contó ningún voto en el formulario E-14; sin embargo, en el formulario E-24, avalado por la comisión escrutadora, le aparecen 196 votos. Además, en el acta general de escrutinio, documento final en el que se anotan inconsistencias o solicitudes de recuento de votos, no se registró nada anormal y avaló el resultado final de la mesa de votación.
En el formulario E-14 se registra a mano el primer escrutinio de la mesa de votación.
Los votos registrados en el formulario E-14 posteriormente son digitalizados en el formulario E-24. En miles de registros los datos no coinciden y este es uno de los puntos más vulnerables de sabotaje en el escrutinio de votos.
Documentaron otro ejemplo con la senadora conservadora de Córdoba Nora García Burgos. Según el formulario E-14 del municipio El Litoral del San Juan, Chocó, García Burgos sacó 19 votos en el puesto 30 de la mesa 001; sin embargo, en el formulario E-24 le aparecen registrados 140 votos. El Litoral del San Juan es un lugar que ella muy posiblemente ni siquiera conoce, lo que demuestra una práctica que debió repetirse por todo el país y que los perjudicados suelen ser los candidatos de partidos minoritarios.
En el Formulario E-14 se registraron 19 votos para el candidato #7 del Partido Conservador.
En el Formulario E-24, al mismo candidato y en la misma mesa de votación, se le registraron 140 votos.
En total, el Consejo de Estado encontró una diferencia injustificada entre los formularios E-14 y E-24 en más de 6.000 mesas de votación en todo el país. Las encargadas de realizar este proceso manualmente son las 1.800 comisiones escrutadoras, compuestas por tres escrutadores, un secretario de la Registraduría, uno o dos digitalizadores y algunos asistentes. La comisión, avalada por la Comisión Electoral que fue instalada por el presidente Juan Manuel Santos, dirigida por el ministro Rivera e integrada por los partidos políticos, la Fiscalía y la Registraduría, delegan la tarea del conteo de votos a las pequeñas comisiones que no tienen ningún control y vigilancia, dejando la puerta abierta para un fraude electoral.
Pero hay algo más. La Registraduría Nacional del Estado Civil no controla el proceso y desde 2010 lo tiene contratado con Thomas Greg & Sons a través de varias uniones temporales, una empresa privada que controla el 90% del sistema completo para las elecciones en el país. Desde el papel, la impresión de los formularios, los plumones que fallaron con el que los electores marcan las casillas, hasta el software y los computadores en donde se cargan los resultados.
La documentación que aportó el Partido Mira, pero también la investigación adelantada la Fiscalía General de la Nación, dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema. Después de las elecciones de 2014, realizadas el 9 de marzo, se da un mes para obtener el resultado final del escrutinio. Durante ese periodo, se demostró que el software fue saboteado y fe posible ingresar a éste para alterar los resultados: 236.523 votos, como mínimo, aparecieron de más. En los registros obtenidos, se comprobó que una persona entró al sistema por lo menos 1.208 veces entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana en los días siguientes a las elecciones para alterar la votación de alguna mesa. También se descubrió que en más de 60.000 ocasiones se modificó el resultado de algún candidato o partido.
Se logró demostrar que ingresaron al software para manipular la votación y el registro de las mesas.
Sin embargo, no se logró dimensionar en su totalidad el sabotaje porque, según el fallo del Consejo, no pudieron acceder a la versión original del software ni realizar el conteo de todos los votos físicos porque la Registraduría Nacional del Estado Civil, encabezada en ese entonces por Carlos Ariel Sánchez Torres, ni DISPROEL –una unión temporal– contratada para las votaciones, cumplieron con la obligación de resguardar toda la información originada en las elecciones legislativas del 9 de marzo de 2014, en las condiciones señaladas por el artículo 209 del Código Electoral, que ordena la conservación de los documentos electorales, al menos, hasta la siguiente elección. Al final, el Consejo de Estado solo pudo determinar el sabotaje en 1.412 mesas a través del software, aunque también dejó claro que el problema fue mucho mayor.
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Thomas Greg & Sons, la empresa que controla el proceso electoral colombiano
DISPROEL es una unión temporal entre las empresas Thomas Greg & Sons de Colombia, Thomas Greg & Sons Limited, Thomas Greg Express S.A., Thomas Instruments, Carvajal Tecnología y Servicios, Compañía Transportadora PROSEGUR y Manejo Técnico de Información S.A., de las que los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista son sus propietarios.
En 2014, según el acta final del Consejo Nacional Electoral, el MIRA obtuvo 334.836 votos, quedándose sin representación en el Senado. Sin embargo, con el recuento de votos ordenado por el Consejo de Estado, tres años y medio después, este quedó con 16.106 votos más, dejándolos al final con 350.942 y tres curules nuevas que les fueron quitadas al Partido Liberal, Opción Ciudadana y al Centro Democrático.
Además, el fallo reconoció que, por lo menos, 195.778 votos —de los más de 400.000 que denunció el MIRA— eran fantasmas, y los descontó de los resultados finales de las elecciones legislativas de 2014. El Consejo de Estado no pudo esclarecer la totalidad de los votos denunciados por las trabas interpuestas en la investigación como la eliminación del material electoral o porque solo decidió investigar una posible causa en las mesas reportadas, aun cuando reconoció que hubo un fraude más grande.
Por el grave sabotaje detectado en las elecciones pasadas, el Consejo de Estado le pidió al procurador Fernando Carrillo y al fiscal Néstor Humberto Martínez que comiencen las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de las modificaciones.
Lo grave y alarmante es que el fallo del Consejo de Estado que le devolvió la curul a los tres senadores del Mira confirma la fragilidad y posibilidad de manipulación que tiene el sistema electoral colombiano en la tarea mayor de la Registraduría: contar los votos.
