En Colombia tenemos una vasta historia de violaciones a los derechos humanos, devolvamos la mirada al comienzo del siglo XXI, sin ir tan lejos, han pasado 13 años del asesinato de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, quienes ejercían el cargo de presidente y vicepresidente de la minera Drummond.
En el Cesar, una de las zonas más golpeadas por el paramilitarismo en Colombia, la explotadora de yacimientos de carbón hacía de las suyas.
No se puede descifrar a cuenta cierta, la —complicidad y culpabilidad del gobierno Uribe— en aquellos años; más de 70 personas asesinadas por cuenta de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), indicios, testimonios reales y dolor de cientos de familias victimas, han manifestado que la Drummond financió y apoyó a estos grupos paramiliates, el caso estuvo expuesto en Estados Unidos por la firma de abogados Conrad & Scherer, con demanda a la minera y citación a Uribe para comparecer como testigo.
La alcahuetería de la extrema derecha no tiene límites, Uribe no se presentó en el tribunal federal del distrito de Columbia, y el eslabón para esclarecer si el gobierno conocía lo que pasaba quedó perdido.
La minera Drummond se ha burlado de la nación, de las víctimas, de las leyes del pueblo colombiano; la República de Drummond, como lo manifestó Clara López del PDA, cuando en el 2014 la misma multinacional continuó cargando por medio de barcazas el Carbón en Santa Marta.
Varias fotos se dieron a conocer por las redes sociales, en las que mostraban el daño ambiental de la minera en el mar colombiano, desde hace varios años, incumpliendo el Decreto 3038 de 2007, que exige hacer el cargue de manera directa y no por medio de barcazas.
Una vez más las multinacionales están por encima de la constitución, encima de los derechos de los trabajadores, de los habitantes de la zona, violando la Ley 1450 (de 2011), Drummond gana, la suspensión que se dio a conocer esta semana, es un contentillo pre-electoral del gobierno que quiere reelegirse.
El debate ambiental, debe jugar un papel fundamental.
Podría aseverar que lo ambiental no tendría un coste en materia económica, por todo el año que han ocasionado multinacionales como la Drummond en Colombia.
Pero más allá de todo lo que ha perdido ambiental y económicamente el país, es el daño de los habitantes de las zonas vecinas; me refiero en especial al municipio de Ciénaga (ubicado el puerto Drummond), y el recorrido hasta Santa Marta está un puerto más, Río Córdoba, dónde la gran parte de la población vive a diario las oleadas de polvillo de carbón vapuleando la salud de cientos de familias, en especial mujeres embarazadas, niños y ancianos.
La burla de no cumplir con la responsabilidad de reducir la emisión del polvillo de carbón durante la extracción y el transporte, la normativa del cargue directo del mineral en el puerto de Santa Marta, es una respuesta neoliberal de un gobierno que abre las puestas a transnacionales – multinacionales que hacen de los países tercermundistas un desastre económicos, suscitando no sólo un daño ambiental sino que además una hecatombe humana visto desde los ojos sociológicos.
Sin duda, un ítem importantísimo, son las medidas del Gobierno frente al incumplimiento de la normativa con la Drummond, Cerrejón, Prodeco y Cerro Matoso, (las gigantes del Níquel y el Carbón), las cuales son multadas con despreciables e irrisorias sumas de dinero, hablando en términos reales, en donde con 7 mil millones de pesos, pagan un daño ambiental; mientras que entre 1995 y 2007 la misma, recibió beneficios fiscales por 919.896 millones de pesos, que representaron un 76% de los 1.2 billones de pesos que recibió el Estado por regalías.*
En el 2013 en toda la zona, se exportó alrededor de 55 millones de toneladas del mineral, Drummon lideró con unos 30 millones y Prodeco con unos 16 millones.
Un dato curioso es que Santa Marta contando con un sistema de cargue directo, exportó solamente 4 millones de toneladas.
Colombia pierde mucho con la Drummond.
Mientras el Estado ha multado en varias ocasiones a la multinacional por 140 millones de pesos, como ocurrió en 2007, a Drummond no se le ha escapado nada. Devolvamos la página, ¿recuerdan el caso de Ferrovías?, la multinacional no necesitó fotos de periodistas activistas para demandar a la Nación ante la Cámara de Comercio Internacional de París, pleito que ganó y que los colombianos le pagamos por 60.000 millones de pesos, que según algunos datos, la multa fue pagada en diciembre del 2012.*
“Prosperidad para todos”, “Mano firme”, “Seguridad democrática”, entre otros, son un cliché de los dos últimos gobiernos del país, en donde el paramilitarismo tiene más actividad sanguinaria que la guerrilla, donde las transnacionales hacen de las suyas en el territorio nacional, donde la educación está al final en la lista de inversión, donde la salud es un cartel… En el país donde una familia vive el mes con 294 dólares, y las multinacionales como Drummond explotan el conjunto llamado “territorio nacional”.
*Contraloría General de la República.
* Documentos disponibles, informe de Noticias Uno, 9 de febrero.
