Hace unos días escribí por este medio y al correo oficial del General Castrillón una carta titulada General Castrillón, parece que ha olvidado la realidad, donde manifestaba mi impotencia como ciudadano por las arbitrariedades que hoy en día se hacen más evidentes en la división de tránsito y transporte que este general preside.
Dicha misiva fue codificada al interior de la Policía como una queja (427148 SIPQRS) y esta a su vez ingresó entre los protocolos de contestación de la misma… No era mi intención, pero bueno, así lo consideraron.
La respuesta no solo reafirmó mi postura de indignación, también que estos actos administrativos reflejan la inoperancia que en las calles ejercen algunos policiales, quienes perdieron su horizonte y se volvieron unos recaudadores de multas y promotores del lucro de unos pocos. (grúas, patios y SDM).
Lo que mas me sorprendió de la respuesta oficial es que no podían responder oficialmente. Quedé perplejo con esa respuesta.
En su defensa argumentaban que según la Ley 1437 del 2011, en su artículo 11, numeral 4, nosotros los ciudadanos tenemos el deber de “observar un trato respetuoso para con los funcionarios públicos”. Es decir, si hay insultos, menosprecio, agredo de formal verbal, se pueden amparar en el artículo 95 de nuestra Constitución Nacional para negarse a dar respuesta oficial.
Lo primero que hice con la repuesta oficial, pero no oficial, fue revisar mi manuscrito anterior y en aras de ser una persona respetuosa de la ley identifiqué las posibles palabras que debieron ser transgresoras de mi derecho a expresarme libremente y no tener el derecho a recibir una respuesta oficial:
“Esta inepta práctica ha ido en aumento, desafortunadamente”.
“Como viles delincuentes se esconden en las esquinas”.
“Me da miedo cruzar por enfrente de alguno de sus uniformados, ya que no sé si ese día él tenga una orden puntual de 'joder'”.
Aunque recuerden, yo no esperaba una respuesta oficial. Sea como sea, a mi consideración, las palabras o terminología usada no limitan con el irrespeto, pero como lo manifesté al final de la carta, sus respuestas son tan subjetivas y faltas de investigación, que lo último que esperaba era una respuesta acorde a mi indignación y nada más sensato que excusarse en la ley para evitar responder en derecho y con argumentos.
