Una fuerza insurgente que combate al Estado durante más de medio siglo, que cuenta en su haber un número indeterminado de combatientes suyos muertos, lisiados o desaparecidos por causa de la guerra, y a la que le son atribuidos también un número indeterminado de bajas en las filas del bando contrario, firma la paz, primero que todo, para que no haya más muertos.
De ninguno de bandos enfrentados. Los que se dedican a esas cuentas, afirman que a un año de finalizado el conflicto armado son más de 3000 las vidas que se han salvado por la ausencia de los enfrentamientos. Ni soldados, ni policías, ni agentes de inteligencia o seguridad del Estado han vuelto a caer por cuenta del fuego de las Farc.
No obstante, y aunque es justo reconocer que la fuerza pública cesó cualquier hostilidad contra la guerrilla que dejó las armas, lo que viene sucediendo en el país da para pensar que si bien el desangre de agentes estatales llegó a su fin, no sucede lo mismo con las vidas de los antiguos guerrilleros, sus milicianos, sus apoyos y simpatizantes en las zonas rurales.
Farc denuncia que ya son 36 los reincorporados muertos de manera violenta.
A estos se suman los familiares de otros, y la escandalosa cifra
de más de un centenar de dirigentes sociales y populares asesinados
El nuevo partido Farc denuncia que ya son 36 los reincorporados muertos de manera violenta. A estos hay que sumar los familiares de otros, y la escandalosa cifra de más de un centenar de dirigentes sociales y populares asesinados en diferentes regiones del país. Quiere decir que el Estado no cumple con su deber elemental de garantizar la vida de sus súbditos.
Alguien decía que los Acuerdos de La Habana no contenían nada que no estuviera ya contemplado en la Constitución Nacional, que en ellos el Estado simplemente volvía a ratificar su compromiso de cumplir con una serie de obligaciones, de las que se había desentendido siempre. No me atrevo a decir que efectivamente sea así, pero en lo que hace al derecho a la vida no cabe duda.
Hemos escuchado los más diversos argumentos para desechar la idea, de que existe una persecución sistemática contra los integrantes de nuestro partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Repasemos algunos de ellos, dejando de lado lo de los líos de faldas a que se refirió de modo patético el señor Ministro de Defensa, en un día desafortunado para él.
Los caídos son muchachos que por su cuenta y riesgo han salido de los Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación ETCR, sin ninguna clase de protección policial, y que han ido a visitar sus familias a zonas de altísimo riesgo, en donde se sabe que hacen presencia grupos al margen de la ley, para no decir que grupos paramilitares. O sea, murieron por ingenuos.
O se trata de muchachos que desilusionados con las realidades derivadas del lento proceso de reincorporación, resolvieron marginarse de los ETCR y vincularse a actividades individuales no muy santas. Algunos habrían buscado bandas vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal u otras actividades. Sus muertes violentas obedecen entonces a ajustes de cuentas. Mala suerte.
Otros pensaron que al firmarse la paz y dejar las armas, se acababa cualquier motivo de preocupación en torno a su seguridad, y resolvieron marginarse del proceso y los ETCR con el fin de asumir una vida independiente, como cualquier paisano que llegara a un área en busca de trabajo. Pudieron haber caído en riñas o a manos de resentidos con las Farc. Muy confiados.
En gracia de discusión podríamos aceptar que algunas muertes, pueden haberse producido por esas causas u otras similares. De todo se da en la viña del señor, como dicen. Pero si examinamos algunos de los hechos más recientes, concluiremos que algo va muy mal. Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya, fueron asesinados en Peque, tras haber celebrado una reunión política.
Promocionaban la candidatura de Wilmar Cartagena Durango a la Cámara por Antioquia. Tres días después fue emboscada una Comisión de integrantes del Partido Farc, en el sector La Bodega del Oasis, en el Municipio de Arauquita. Todos salieron ilesos, aunque hubo intercambio de disparos con el cuerpo de escoltas. El auto en que se transportaban resultó incinerado.
Este martes se nos notificó que sicarios asesinaron al camarada Jacobo Cristian Camilo, ex prisionero político de Farc Occidente, organizador y encargado político de comunidades afros e indígenas en el norte del Cauca. Se han denunciado las amenazas contra los nuestros y sus sedes en la zona del Pacífico. En Quibdó fue asaltada la casa del Común esta semana.
En Medellín, Aracelly Cañaveral y Wilson López, dos militantes de nuestro partido, han sido amenazados de muerte por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Ocurre diariamente en una parte y otra del país. Es evidente que las excusas fáciles comienzan a estar de más. Existen un plan y unas fuerzas criminales que el Estado deber reconocer y derrotar. A eso se comprometieron.
