Cuando se juega con las necesidades de un pueblo se incurre en la peor de las prácticas. La deshumanización de la clase dirigente en Colombia en muchos escenarios es el reflejo de una sociedad corrupta e insensible.
Desde hace un par de años la sociedad se ha escandalizado con la corrupción y la falta de responsabilidad social por parte de quienes han estado a cargo de la administración de la Guajira, un territorio abandonado desde hace mucho tiempo. Tomó relevancia la región en el momento que descubren los yacimientos mineros del Cerrejón en la década de los 80 del siglo XX, pero solo con políticas extractivas y no con políticas sociales. Todavía hoy por hoy, hay corregimientos y caseríos donde no hay agua potable y mucho menos luz eléctrica.
Comunidades indígenas abandonadas a su suerte, en un departamento donde las regalías han sido inmensas y cuyos recursos no se ven invertidos de manera apropiada en sus habitantes; pero el departamento toma relevancia en épocas electorales para que los corruptos de siempre o sus familiares se aprovechan de las necesidades de los habitantes de esta región de tal manera que se consoliden nuevamente en los gobiernos regionales y locales. Pero este no es el problema que pretendo dar a conocer en este escrito, pues ya el país lo conoce e incluso sabe de las intervenciones que ha tenido el departamento para buscarle viabilidad.
Uno de los principales problemas que vive el departamento tienen que ver con la educación, particularmente la educación universitaria pública, pero no hablaré de temas de calidad, currículo u otros aspectos que son trasversales para la educación en el país, el punto aquí es el pago a los profesores de la Universidad de la Guajira que desde julio del 2017 les adeudan. El Gobierno nacional y departamental parte de un principio de mala fe y castiga a toda una población docente, en especial a profesores de cátedra, llevándolos a la desesperación. Pasaron Navidad y año nuevo viviendo de la caridad de sus familiares, endeudándose más de la cuenta, para poder darles a sus familias unas festividades dignas, para cumplirle a sus hijos y no llevarlos a la inanición que han tenido sus coterráneos wayúu, por el mismo descuido y abandono del Estado.
Es sorprendente cómo los docentes que les cumplieron a los estudiantes, a la universidad, al departamento y al país son tratados de esta manera. Es una vergüenza que no encuentren solución a esta situación; pero lo más triste es que aquellos que no han hecho la tarea de manera apropiada sí tienen sus sueldos puntuales y siguen engordando sus egos cual “cerdo en cochera”.
La pretensión es que inicien el año como si nada estuviera ocurriendo, que los estudiantes lleguen a las aulas de clases y se encuentren con sus profesores, quienes han pasado con vergüenza una temporada que para ellos fue de descanso, en un escenario tensionante, angustiante y profundamente triste para sus familias.
Las denuncias han sido un saludo a la vergüenza nacional y no existe eco, dicen ellos: “Cuatro meses de deuda a la comunidad educativa tienen en jaque al Sindicato de Profesores del claustro educativo, quienes analizarán este 30 de enero, la posibilidad de no iniciar el proceso académico", así lo hizo saber el presidente de ese gremio, Isidro Brugés Cotes.
La universidad les adeuda a los docentes desde septiembre de 2017 prestaciones sociales y seguridad social (salud, pensión) y a los catedráticos todos los meses del segundo período de 2017. Igualmente, cuatro meses de salarios a los trabajadores de orden de prestación de servicios (vigilantes, servicios generales y tutores). Este es el escenario de “Colombia la más educada”. ¿Qué dice al respecto la Ministra de Educación quien también es de la Costa caribe?
¿Cuál es la causa que denuncian los guajiros y a la que le atribuyen este problema?: “Esta deuda se debe a que el departamento de La Guajira no ha transferido los recursos correspondientes a las obligaciones de las vigencias fiscales 2015, 2016, 2017, correspondientes a Ley 30 de 1992 y del subsidio de matrícula de los estudiantes beneficiados con las Ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 200”.
¿Cómo un administrador público no encuentra solución a una coyuntura de este tipo? O ¿será que no es administrador y como en muchos cargos, tanto privados como públicos, nombran a cualquiera de profesión diversa para que cumpla con las funciones de estos profesionales? Es esto "burocracia” y clientelismo a costa de la estabilidad y el bienestar de toda una comunidad.
Todo esto se agrava ahora que nos encontramos en periodo electoral, pues se nota presión por parte de los políticos regionales, quienes utilizan esta problemática para poder captar electores desesperados que los lleve al poder. Práctica común entre esta especie, que se encuentra en estos momentos alborotada gastándose el presupuesto en otras cosas será que ¿merecemos los gobernantes que tenemos?
