Seis meses duraron las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado. El motivo fueron los contratos de dos entidades del departamento: Empresas Públicas del Quindío y Proviquindío. En ambos casos, tras las denuncias de su rival político y actual gobernador Carlos Eduardo Osorio, se comprobó que las empresas gastaron mucho más de lo que tenían permitido. EPQ tenía un presupuesto anual, pero los gerentes puestos por Sandra Paola permitieron que se llegaran a gastar más de $110,000. El fallo de la Procuraduría también encontró culpables a Jhon James Fernández López y Julio Ernesto Ospina, exgobernadores encargados en los viajes de Hurtado. El proceso de investigación es en primera instancia, y terminó después de varios conflictos entre los apoderados de la exgobernadora - especialmente su abogado Carlos Mario Isaza - y las Procuradora en el Quindío. Por eso la investigación la terminó Gloria Yaneth Quintero, Procuradora II delegada para la contratación estatal. Esta decisión deja por fuera, por lo menos de manera momentanea, a la gran electora de Cambio Radical en el departamento del Quindío.
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