En Cartagena estuvieron reunidos los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica haciendo un análisis sobre el primer año de la desmovilización de las Farc. Más allá de la polémica por las críticas de Álvaro Uribe, el encuentro dejó reflexiones sobre lo sucedido. Esta es la postura que leyeron los miembros del partido político de las Farc en Cartagena.
La paz de Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la firma del Acuerdo Final en La Habana. La jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del Acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes. La Reforma Política se hundió en el convulso mar de la politiquería. No mejor suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más de 600 integrantes de las FARC.
La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. Sin Reforma a la ley 152 no tenemos un Plan Marco de Implementación; no hay desembolsos para impulsar proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de excombatientes y lideres sociales no cesan. En este ambiente, sentimos que los Acuerdos de Paz de La Habana no han tenido un compromiso del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto de la institucionalidad".
El pasado 15 de noviembre de 2017, Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de NNUU, luego de escuchar a representantes tanto del Gobierno como de las FARC, exteriorizó, entre otras, las siguientes apreciaciones: “Nos preocupa la falta de estrategia de reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito. Creemos que se necesitan esfuerzos a mayor escala, incluso proporcionando tierras para proyectos productivos. Compartimos la profunda preocupación por los vacíos de autoridad en muchas áreas y la inseguridad resultante para las comunidades a medida que grupos ilegales se movilizan para llenar el vacío. Seguimos viendo asesinatos de líderes sociales y algunos ex miembros de las FARC.
Vimos esto trágicamente en Tumaco y me entristeció enterarme del asesinato, en los últimos días, de un ex miembro de las FARC en Antioquia y dos líderes comunitarios en Nariño y Cauca".
Un tercer punto de preocupación han sido las incertidumbres legales, especialmente para los miembros de FARC.
"La decisión de los insurgentes de renunciar a la violencia armada para hacer actividad política pacífica en un contexto democrático, es el corazón del asunto. Ese es el trato, y está en el centro del acuerdo de paz. El no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad
internacional. Existe una evaluación común de que se debe hacer más para garantizar que se mantengan los logros notables de la primera fase del proceso de paz”.
Unos días después, el 30 de noviembre, el Consejo de Seguridad a través de un comunicado precisa que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, es un documento oficial del Consejo de Seguridad. Respalda la alta instancia internacional lo expresado por el señor Feltman, y pide se acelere la implementación y el proceso normativo en consonancia con lo acordado, al tiempo que reitera la importancia de defender la participación política de las FARC.
En entrevista reciente el reconocido columnista colombiano, Antonio Caballero, expresó lo que es ya una extendida certeza al interior del país: “Me parece que la realidad política actual es sumamente catastrófica. En mi opinión, lo que fue de la destrucción de los Acuerdos de Paz acabó con lo que venía siendo lo más importante durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Lo único bueno que había sucedido en el país a lo largo de 30 años, lo están despedazando sin ningún sentido. Todo esta frenado: las decisiones del Congreso, las conversaciones con el ELN, las conversaciones con los paramilitares. Espero que un día podamos dejar de lado, al fin, la obsesión que hemos tenido con la violencia. Eso nos ha tenido estancados durante medio siglo. Mientras no cambiemos la manera de pensar, las cosas seguirán por el mismo camino”.
En el foro IMPLEMENTACIÓN: ENTRE LA PERFIDIA Y LA POTENCIA TRANSFOMADORA, realizado en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, no encontramos mejor epígrafe que una reflexión contenida en La nieve del Almirante del escritor Álvaro Mutis para expresar nuestro sentimiento: Saber que nadie escucha a nadie. Nadie sabe nada de nadie. Que la palabra, ya, en sí, es un engaño, una trampa que encubre, disfraza y sepulta el precario edificio de nuestros sueños y verdades, todos señalados por el signo de lo incomunicable.
Señores expresidentes, luego del fin del Procedimiento Legislativo Especial, más conocido como fast-track, que buscaba la implementación normativa de aspectos esenciales del Acuerdo de La Habana, base de nuestro futuro, hemos venido presenciando el hundimiento triste del más grande esfuerzo colectivo de los colombianos por lograr la paz, sin que nadie de los que pueden, se atreva, a contracorriente de sus adversarios, a tomar las decisiones que sean necesarias para salvarla.
Lamentablemente ha incidido como una maldición la coincidencia del cierre de las negociaciones de La Habana con el comienzo de la campaña electoral en Colombia. Para nuestra desgracia, el ejercicio sublime de consagrar la paz como derecho superior exacerbó en las cámaras legislativas las más bajas y repudiables conductas de la politiquería: un mercado de transacciones de vicios y de ambiciones, de chantajes al gobierno para votar cada norma, terminaron distorsionando la letra y el espíritu de lo pactado.
De repente, y envueltos en ese torbellino de pasiones desbocadas, la contraparte, es decir las FARC a través de sus voceros de paz en el Congreso, quedaron convertidos en convidados de piedra, y obligados a contemplar desde las graderías con dolor la depredación del Acuerdo de La Habana. Es la verdad pura y limpia.
Deploramos la poca visión y la insensibilidad desplegada por algunos legisladores y agentes institucionales, que no han admitido que la paz es el más elevado de todos los derechos, el derecho síntesis, sin el cual no será posible la materialización de ningún otro derecho, como el de la alimentación, el derecho a tener agua, vivienda, tierra, salud, educación, trabajo, vías de comunicación, buen transporte público, conectividad, tolerancia, y democracia.
Acostumbrados a actuar de espaldas al sentido común, ciertos parlamentarios convirtieron la implementación normativa en un pretexto para renegociar el Acuerdo de La Habana. Ni siquiera leyeron con atención el punto 6.1.8. Inicio de la implementación del Acuerdo Final, que a la letra dice: “Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 7 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016”.
Entendemos que el Estado, respecto al cumplimiento de lo acordado, ha adquirido unas obligaciones internacionales que no puede ignorar. Por nuestra parte solicitaremos al Consejo de Seguridad en Nueva York elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz. Igualmente procederemos, como parte, a consultar a la oficina Jurídica del CICR en Ginebra los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especial, como el que busca la terminación del conflicto colombiano. No; esto no debe asumirse como un cuestionamiento al Gobierno, sino todo lo contrario. Es un derecho que tienen las FARC de exigir lealtad a lo firmado, al cumplir ellas el compromiso supremo de dejación de las armas.
Por otra parte, ni los legisladores, ni los poderes institucionales pueden soslayar que el Acuerdo de paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso de la República, y que fue investido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, por lo tanto no puede ser modificado a rajatabla, antojo y capricho del Fiscal, de un grupo de parlamentarios, o por conceptos contradictorios de la misma Corte. Los acuerdos son para cumplirlos. Pacta Sunt Servanda.
Claro está, que las desgracias del Acuerdo de Paz comenzaron con los comunicado de la Corte, que, contrariando su propia jurisprudencia, abrió la compuerta para que todo el mundo le metiera la mano, lanzándolo así al foso de los depredadores para que lo hicieran trizas. En materia tan elevada debió prevalecer la coordinación armónica de los poderes para asegurar la paz y no su autonomía para cambiar arbitrariamente, para asombro del mudo, la geografía de lo pactado.
Presidente Santos, vemos muy difícil que concluido el Fast Track, se puedan aprobar por vía de proyectos de ley con mensaje de urgencia, normas que reflejen fielmente lo pactado. Vendrían nuevos chantajes, y mucho más en vísperas electorales. Todavía hay tiempo para optar y ejercer potestades constitucionales extraordinarias para momentos de emergencia. Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado. El Gobierno tiene el deber de defender el Acuerdo de Paz en sus aspectos básicos. Es decir, el Gobierno debe hacer respetar la obligación del Estado de cumplir con lo acordado en La Habana. Las competencias para establecer Acuerdos de Paz y firmarlos se reservan en la Constitución al Presidente, quien únicamente tiene que dar cuenta de ellos al Congreso. Sin embargo, el Presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado.
Dentro de esta perspectiva, se puede aun salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse como jurisdicción para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas ni rangos de clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para enjuiciar a las FARC. No se puede vulnerar el principio de igualdad de las partes. El sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores en el conflicto. Teniendo en cuenta que solamente la verdad puede sanar las profundas heridas ocasionadas por el conflicto, debe ser una obligación para todos ofrecerla de manera amplia y suficiente. No permitamos que la inexequibilidad de la competencia de la JEP sobre terceros civiles o agentes del Estado no combatientes, involucrados en crímenes internacionales, siga dejando viva la impunidad al establecer fueros con extensión a todos los aforados constitucionalmente, reafirmando así la existencia de una casta privilegiada de intocables. Dejarlo de esa manera, sería equivalente a una burla cruel a las víctimas el conflicto.
Como grave complemento a las distorsiones de lo acordado se impide que los defensores de derechos humanos sean jueces de la JEP, limitación que no seintroduce para quienes hayan sido defensores de miembros de la fuerza pública, de paramilitares o de las instituciones del Estado.
Por otra parte, no olvidemos que el Acuerdo Final se logró sobre la premisa de que la justicia ordinaria había actuado durante el conflicto de forma parcial, convirtiéndose en ciertos momentos en otra herramienta más de guerra e impunidad. Es necesario tramitar el Acto Legislativo que permita poner en marcha de forma definitiva la Unidad Especial de lucha contra las organizaciones criminales, para que se apersone de las 15 mil compulsas de copia existentes contra el paramilitarismo y que reposan sin molestia, engavetadas, en la Fiscalía General de la Nación. Debe preservarse la autonomía de la JEP, sin intromisiones de nadie inventando inhabilidades a magistrados para hacer parte de la JEP, ni a ex guerrilleros para hacer política. Está claro que la condición principal para hacer política es el abandono de las armas. No nos explicamos cómo en estos momentos se incrementan recursos de inhabilidad política ante el CNE, mientras el gobierno de los EEUU desempolva sus indictments o requerimientos judiciales contra antiguos dirigentes del Secretariado acusándolos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y lavado de activos.
Pedimos al Gobierno del Presidente Santos retirar cuanto antes, mediante acción normativa, el epitafio Requiescat In Pace (Que descanse en paz) que el congreso le colgó a la Reforma Política. Nadie en Colombia pierde la esperanza de tener una democracia amplia y participativa. Deseamos una nueva calidad para el sistema político, abrir las puertas a la participación, recurrir al voto electrónico para sofrenar, o mejor, desterrar el fraude, la corrupción y el clientelismo. La Reforma Política es y será siempre, asunto cardinal para superar las causas históricas del conflicto.
Debemos reiterar nuestra preocupación por el crecimiento, cada vez mayor, de la inconformidad y desencanto de los antiguos guerrilleros en los espacios territoriales por los incumplimientos del Gobierno. En ninguna parte se ven
proyectos productivos en desarrollo que no sean los adelantados por los esfuerzos colectivos de los excombatientes a través de cooperativas fundadas por ellos, aportando los pocos recursos de la bancarización.
Presidente, ordene a sus funcionarios espuelear ya el caballo de la reincorporación política, económica y social que desde hace un año esperan los excombatientes. A muchos de los nuestros no les han resuelto todavía el problema de su identidad, y por lo tanto, no tienen acceso a la bancarización. Ordene liberar ya a los centenares de prisioneros farianos que continúan presos en las cárceles porque a algunos jueces de ejecución de penas, no les vino en gana hacerlo, los cuales no han recibido ninguna amonestación o sanción por denegación de justicia. Que actualicen las bases de datos de la Fuerza Pública para que no se sigan deteniendo a guerrilleros amnistiados. Que el cuerpo élite de la policía creado para proteger la vida de ciudadanos y líderes sociales en los territorios empiece a mostrar resultados. Y si los hay, que se den a conocer. Que sea motivo de preocupación que a un año de firmada la paz llevamos 30 ex guerrilleros muertos, también 11 de sus familiares y más de 150 dirigentes comunitarios asesinados.
Necesitamos tierras tituladas para desarrollar allí nuestros proyectos productivos y de vida. Hasta el día de hoy no hemos recibido el primer centímetro de tierra para ese propósito. Que se empiece a formalizar, sin temor, a los campesinos que actualmente la ocupan y se les de tierra a aquellos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente. Todos queremos ver el inicio de la materialización de los compromisos del gobierno dirigidos a dignificar la vida en el campo.
La Reforma Rural Integral, luego de 5 años de nuestro primer acuerdo parcial, todavía no cobra vida. Pero sí tenemos, por el contrario, un proyecto de ley radicado en consulta previa sin haber pasado siquiera por la CSIVI, el cual hace añicos la ley 160 del 94 que era el cuerpo normativo del que se podían agarrar un poco las comunidades rurales para alcanzar sus reivindicaciones. Hoy se sigue expandiendo el latifundio y la extranjerización de la tierra, atropellando de paso la soberanía alimentaria y la preservación de los recursos del común.
La nueva política antidrogas pactada en La Habana, no es hoy un proceso genuino de sustitución con acento en el respeto a los derechos humanos, sino un proceso de erradicación brutal que cuenta entre sus logros más deplorables la masacre de campesinos en Tumaco y la multiplicación de los cultivos por la persistencia de una política equivocada. Mientras se trata de mostrar eficacia persiguiendo al eslabón más débil de la producción, ningún resultado notable se observa en lo que concierne a la persecución de capos solapados en las capitales ni de blanqueadores de dineros, que incrustados en el corazón del capital financiero, son en realidad el motor del narcotráfico.
No desconocemos la voluntad del Presidente Santos, Premio Nobel de Paz, en intentar sacar el proceso al otro lado, pero hay mucha burocracia y unos enjambres de asesores que solo saben utilizar la norma, no para solucionar los problemas, sino para agudizarlos. Y no es justo, porque ello solo refuerza el saboteo de la derecha a los esfuerzos de paz. Hemos sido testigos de la preocupación del Presidente por el estado actual del proceso, pero también le hemos dicho, que tiene a su disposición potestades constitucionales para manejar exclusivamente las riendas de la paz. Lo reiteramos: Puede salvarla porque tiene a disposición herramientas legales concebidas precisamente para salvar un proceso de paz.
Como cierre de estas reflexiones, llamamos la atención por la disminución en el ritmo de producción de la CSIVI y el CNR, lo cual empieza avizorarse como un ocaso temprano de las dos instancias fundamentales concebidas para garantizar el impulso de la implementación y la reincorporación.
Finalmente, queremos de manera especial señalar el papel de La Fiscalía General de la Nación en contra del Acuerdo de Paz y de la JEP:
El Fiscal ha operado como jefe de bancada de Cambio Radical en el Congreso para conseguir la mayoría de las modificaciones operadas en la JEP, siempre en perjuicio de las FARC. Atendiendo a las solicitudes del Presidente Santos, hasta en tres ocasiones nos hemos reunido con el Fiscal General para “negociar” sus propuestas, pero una vez logrado el consenso el mencionado funcionario salió con nuevas pretensiones que en últimas fueron las que hizo aprobar por el Congreso.
La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de las normas necesarias para otorgar tratamiento de renuncia a la acción penal a mujeres en situación de exclusión social, con cargas familiares, condenadas por pequeños delitos relacionados con el narcotráfico sin carácter violento. Estos tratamientos penales especiales son recomendación de la OEA y así se acordaron en La Habana.
La Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal manifestó que estaba de acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la Unidad Especial, eran necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando su realización.
Además, introdujo en el Decreto 898 de 29 de mayo, por el que se acordaba la creación de la Unidad Especial en el seno de la FGN –que debía ser complementada con las reformas constitucionales bloqueadas- un título II de reformas de la Fiscalía que va a provocar que la Corte Constitucional declare inexequible todo el Decreto, por haberse introducido en él, materias no previstas para el procedimiento Fast Track. Estas incorporaciones, no consensuadas en la CSIVI, se impusieron con la mala intención de que se declarara inexequible lo relacionado con la Unidad Especial.
Presidente Santos, señores expresidentes de Uruguay y España, con todo espeto, estas son nuestras principales preocupaciones en torno a los desarrollos del proceso de paz.
Por todo su respaldo al proceso de paz en Colombia, muchas gracias, señores expresidentes Felipe González y Pepe Mujica; Muchas gracias a los gobierno de Cuba y de Noruega, países Garantes del proceso; Muchas gracias a Naciones Unidas por el extraordinario papel de su Segunda Misión.
Desde Cartagena, La Heroica, queremos que ustedes y el pueblo colombiano tengan certeza, que no obstante las dificultades, seguiremos marchando sobre la convicción de que haber puesto fin al conflicto, es el hecho más importante de las últimas décadas en el país.
