Negligencia judicial de Colombia. Un término que hoy en día hace eco en las oficinas de una de las 12 organizaciones españolas defensoras de Derechos Humanos que habrían sido perseguidas, espiadas e interceptadas por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe entre 2004 y 2005, en el ya reconocido episodio de las Chuzadas del DAS: la Organización Taula Colombia.
Alegan negligencia judicial por parte de la justicia colombiana. Rechazan que la denuncia penal que iniciaron junto más de 10 ONGs españolas, también chuzadas, el 28 de octubre de 2010 en el juzgado de instrucción No. 46 de Madrid contra el expresidente Álvaro Uribe, el exdirector del DAS Jorge Noguera y el detective Germán Villalba – jefe de la Operación Europa, cuyo objetivo habría sido el de desprestigiar el trabajo de instituciones europeas y ONGs que cuestionaban la política del gobierno colombiano y del que la Taula es víctima, como se los notificó la Fiscalía colombiana, y como consta en la demanda presentada—haya quedado en el congelador por más de cinco años.
Pero, quizás, lo que más les preocupa es que hasta el 31 de marzo de 2017 – el mismo año en el que coincidentemente se supo la pena de ocho años contra Noguera en Colombia- conocieron el fallo definitivo –incluso luego de apelar dos veces-- de su denuncia: la presunta responsabilidad penal del expresidente Uribe, el propio Noguera y Villalba en España fue declarada extinguida por prescripción. Es decir, fue archivada por vencimiento de términos.
“Nos pusimos de acuerdo con las organizaciones y pusimos una demanda en Madrid contra el expresidente Uribe, Jorge Noguera y Germán Villalba por delito de descubrimiento y revelación de secretos entre 2004 y 2005”, dice un representante de la Taula en España.
Según consta en la denuncia penal, el DAS captó correos, números de teléfono y llamadas telefónicas con intención de descubrir los secretos y violar la intimidad de la Taula y demás organizaciones españolas, un delito que en España puede dar hasta siete años de cárcel.
El juzgado español mencionado le solicitaba a la Fiscalía colombiana que le comunicara si la presunta interceptación de las comunicaciones de la Taula y de las demás organizaciones, así como la presunta violación a su intimidad – hechos objeto de la denuncia-- estaban siendo investigados por la justicia colombiana y que en caso negativo, se remitieran copias certificadas de los documentos aportados a la misma. Es decir, varios de los archivos confiscados al DAS – que hacen parte del informe Judicial No. 498742 del 10 de noviembre de 2009— y que, inclusive, fueron enviados por la Fiscalía colombiana a la Taula en Mayo de 2010 para comprobar que la organización había sido chuzada.
La comunicación oficial de la Fiscalía confirmando que la Taula era una de las víctimas de las chuzadas.
Pero ahí comenzó la lentitud del proceso. La negligencia judicial colombiana, según la Taula.
“Nos consta que el tribunal español solicitó información a la justicia colombiana. Colombia no respondió a tiempo y la denuncia fue archivada por vencimiento de términos”.
Solo hasta el 2 de junio de 2016 se conoció el primer fallo a la demanda, en la que declaraba extinguida la responsabilidad criminal de Noguera, Villalba y Uribe. Es decir, cinco años y seis meses después de ser tramitada. La Taula presentó un recurso de reforma contra la primera decisión judicial, una primera apelación, que fue rechaza el 22 de agosto de 2016. Y luego una segunda apelación que también fue desestimada, pero hasta a finales de marzo de 2017.
La justicia española pidió, en repetidas ocasiones, información a la justicia colombiana.
"Nosotros creemos que el control que ejercía Uribe eran totales.Aunque nuestra denuncia fue desestimada yo sé que la denuncia en Bélgica sigue su curso y no está cerrada”, asegura el representante de la ONG catalana.
Según el periodista Julián Mártinez, autor de libro Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie, esta segunda demanda contra Uribe fue aceptada en Bélgica, también en 2010, inclusive antes que la tramitada en España: el 30 de noviembre.
Señala que seis organizaciones de Derechos Humanos de dicho país fueron “víctimas de una campaña de desprestigio ideada por el DAS para señalarlas de <<ser próximas a las Farc>> y esto es muy grave para su credibilidad porque estas ONGs trabajan en defensa de los Derechos Humanos, evidentemente sin ninguna filiación de los actores del conflicto”.
Cuenta Martínez que el detective Germán Villalba se desplazó a tierras belgas para espiar a los miembros del Parlamento Europeo de Bruselas “que fueron declarados por el gobierno de Uribe como <<opositores de la Seguridad Democrática>>, por el hecho de estudiar y vigilar la situación de DD.HH en Colombia, ante una eventual firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea”.
Las denuncias contra el expresidente en Europa son un tema desconocido para Natalia Bedoya, abogada cercana al Centro Democrático. Por el contrario, se refirió a colectivos como el José Alvear Restrepo (CAJAR) que, según ella, tienen una cercanía con las FARC.
“Hay ciertas ONGs con una carga emocional en contra de la posición del Centro Democrático y del expresidente Uribe, y que hoy están conformando la JEP. Eso nos preocupa. El Acuerdo de Paz con las FARC permite que cualquier ONG sin ningún filtro pueda denunciar ante la JEP a cualquier persona”.
Luego de confirmar la condena a Jorge Noguera en septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar si el expresidente Uribe tiene responsabilidad directa en el escándalo de espionaje, interceptación e intimidación hacia defensores de Derechos Humanos, periodistas, organizaciones y magistrados. A esa acusación él respondió que “interceptar en contra de la ley y por razones políticas es ajeno a mi manera de ser. Acostumbro proceder de frente y sin trampa”. Pero para Alirio Uribe, congresista del Polo y representante del CAJAR – chuzado y acorralado según la Fiscalía—Uribe recibía personalmente los informes de las chuzadas. Chuzadas realizadas en Colombia y en Europa.
