Los recientes acontecimientos presentados en lo que debiera ser el seno de la democracia, como el Congreso de la República, ratifica lo que millones de colombianos han manifestado desde diferentes escenarios; desafortunadamente, esa institución no es más que la esencia de una mafia diplomática enfrascada en escudriñar y exprimir al máximo a otros entes para saciar ambiciones económicas y burocráticas, yendo en contravía de la democracia, nocivo a los idearios populares.
En un tema tan crucial para el Estado como la implementación del proceso de paz, la mayoría de legisladores se aprovecharon de esta urgencia no del gobierno sino de la gente vulnerable, poniendo una mezquina zancadilla y frenando el único procedimiento sensato que hace décadas no se miraba de parte de un presidente. El grado de manipulación de los mercaderes de la muerte ha sido exitoso logrando infiltrar la mentalidad de muchos humildes, llevándolos a defender una posición caprichosa de los que siempre se han negado al bienestar popular.
Desde lujosas mansiones y cómodos sillones, los ‘caudillos’ arremeten en su tablero de ajedrez jugando sus peones a gusto y gana. Es indignante la manera como utilizan a incautos para proceder avasalladoramente contra la ingente necesidad de pacificación política. El pueblo no puede continuar callado ante tanto cinismo de quienes pregonan ser los defensores de las causas sociales. Más que vergüenza, es una humillación al estado humano del constituyente primario, ese que se equivoca permanentemente al momento de seleccionar sus dirigentes.
La aprobación de la justicia especial para la paz se convirtió en el examen para corroborar el grado de hipocresía y maldad de muchos congresistas, que en un inicio habían avalado el acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón. El tiempo desde esa fecha hasta la discusión de la ley estatutaria, fue perfecto para fortalecer la avaricia de los lagartos de cuello blanco, chantajeando vilmente al ejecutivo y concretando lo que anteriormente era un vacilón. Las cartas se jugaron como tenía que hacerse, sentando un macabro precedente para que en próximos eventos se negocie bien desde la partida.
Para negarse a la aprobación del articulado de la JEP se ampararon en el discurso de odio y venganza del patrón del Ubérrimo, quien en todas las sesiones saboreaba su creatividad, mirando junto a sus cómplices como agonizaba el proyecto que indudablemente abriría las puertas a la verdad del conflicto. Mientras un estropeado gobierno intentaba por todos los medios revivir la esperanza para asegurar al menos una raquítica aprobación. Al final lo logró, dejando en entre dicho la capacidad gubernamental.
Pero la gota que rebosó el vaso fue las 16 curules acordadas desde el inicio, hoy, desconocidas por los mismos reptiles, esos que actúan con el más salvaje apetito. No les importó que millones de colombianos seguían sus actuaciones por los medios de comunicación, y como siempre, vuelve y juega la diabólica estrategia del jefe natural del Centro Democrático, substrayendo las mentes de muchos ‘honorables’ con el falaz argumento de que esos cupos eran para narcoterroristas y no para las víctimas. Claro está que el oportunismo era lo importante, después vendrían las supuestas discusiones.
Es inconcebible como unos miserables con licencia para ultrajar aseguren ante la opinión pública que las 16 curules en la Cámara de Representantes son para las Farc, bofeteando a los afectados por una guerra responsabilidad de la oligarquía. Ahora resulta que las victimas también son victimarias, demeritando su estado y exponiéndolas al acribillamiento demencial de organizaciones al servicio de la rancia política que se disfraza de colores para capturar a ingenuos.
Se preparan demandas contra la determinación presidencial frente a un compromiso refrendado internacionalmente como es la participación activa de las víctimas. Las curules en la cámara baja hacen parte de esa propuesta, hecho que ha lastimado la sensibilidad burocrática de los caciques regionales. Ningún ‘pluma blanca’ quiere perder la gallina de los huevos de oro en los campos nacionales. La consigna es arremeter contra cualquier intento contrario a sus intereses. Está claro que la ciudadanía ultrajada debe castigar a estos sinvergüenzas que se resisten a perder sus ‘zonas de trabajo’. Hay que admitir que la mafia seguirá intentando doblegar las buenas intenciones de quienes insisten en cambiar la manera de gobernar en favor de la gente del común.
