Carlos Caicedo fue activo en política contestataria y enemigo del orden establecido. Con posterioridad fue rector de la Universidad del Magdalena; muchas personas le imputan a su energía la resurrección del Alma Mater, aunque no hay consenso sobre la calidad de su gestión, y en cambio salió avante en proceso penal. Lo que sí es un hecho es su pérdida de la libertad por detención preventiva en proceso penal, del cual salió bien librado. La consecuencia de su absolución fue su posicionamiento en la comunidad como persona con destrezas administrativas perseguido por la institucionalidad y con vocación de servicio. Ello le valió la elección como Alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015. Durante sus cuatro años avanzó en el saneamiento de las finanzas municipales, hizo obras en los barrios donde habita la población menos favorecida, y consolidó su posicionamiento. No hizo inversión en obras para mejorar la operación del acueducto, y le imputó toda la responsabilidad por los problemas a la firma contratista, con la cual se trenzó en discusión poco constructiva, pero cuando Findeter avanzó en el estudio de diversas alternativas para asegurar el suministro del líquido vital, contratado con la Universidad de los Andes, se adhirió al proceso. No logró diálogo constructivo con sectores empresariales importantes para construir una visión compartida de futuro para la ciudad, pero reconoció, al menos en el plano retórico, el valor de algunas iniciativas. Despliega afán protagónico y aspira a ser Presidente, con propuestas imprecisas, a tono con sus competidores.
Rafael Martínez, su ungido, salió electo para el período entre 2016 y 2019, y continuó el trabajo en el mismo sendero de su predecesor, con logros visibles, que producen dividendos electorales, dado que los predecesores de Caicedo no habían hecho la tarea de llegar a los estamentos más modestos con obras y servicios. Además Martínez salió airoso en la gestión de los Juegos Bolivarianos, adjudicados a Santa Marta en la administración de Caicedo, con la ayuda del gobierno nacional para ejecutar las obras necesarias en instalaciones deportivas en poco tiempo, tras mucha dilación. Tiene en su gabinete personas idóneas en cargos clave, y ello debe redundar en beneficios en áreas como la educación y la infraestructura, pero el problema del agua es colosal, y no se resuelve con la adopción de esquemas contractuales acertados para la prestación del servicio: las fuentes de agua son insuficientes, la fuente idónea para atender las necesidades es el río Mgdalena, a sesenta kilómetros de distancia, la inversión requerida es del orden de dos billones de pesos, suma importante en cualquier momento pero más en épocas de estrechez fiscal para el gobierno nacional, y el costo variable de traer el agua mediante bombeo, que necesariamente se incorpora en la tarifa, solo lo podrá pagar una comunidad próspera. Santa Marta, con 25% de población desplazada e informalidad laboral de más de 60%, es una comunidad pobre. Es imperativo dar un salto adelante, pero ni Caicedo ni Martínez han administrado con orientación a estrategias de largo plazo, en alianza con el sector privado para aprovechar las ventajas comparativas del Distrito, que son enormes. Por el contrario, se han concentrado en construir base electoral con logros de corto plazo, siguiendo los lineamientos que promueven las reglas vigentes, y ni siquiera le han dado la urgencia necesaria a atender la propuesta del Gobierno Nacional para abordar el asunto del agua.
Ninguno de los dos ha hecho la administración que las circunstancias exigen, pero sus deficiencias evidentes frente al reto de crecer el ingreso en forma rápida no justifican la censura que la Fiscalía les ha hecho. Se dice que el ente acusador les imputa responsabilidad por unos contratos firmados por sus subalternos y además se dice que se le imputa a Martínez participación en política por hacer reconocimiento público a Caicedo por su impulso a la idea. Es hora de que Colombia reconozca los serios problemas que enfrentan sus instituciones. En el caso de Caicedo y Martínez, es preciso admitir que toda actuación de funcionario público tiene dimensiones políticas, y más si se trata de funcionario de elección popular. La norma constitucional que prohíbe la participación en política debe revisarse. Además las responsabilidades deben acotarse y dimensionarse. Ya se sabe que a los administradores de elección popular en el Departamento de Putumayo y al Alcalde de Mocoa los van a procesar por las muertes en los deslizamientos recientes, asunto que podría haber desbordado a cualquier persona no conocedora del tema. Eso no resuelve nada.
Un primer paso es tener partidos políticos de verdad, con estructuras apropiadas y al menos 5% de la votación popular para su reconocimiento. Perseguir a Caicedo y a sus vinculados no es constructivo; incluso, para desgracia de quienes lo hacen, las aspiraciones electorales de Caicedo se robustecerán: Las2Orillas logró establecer que el juez responsable por los autos de detención a él y a Martínez declaró haber sufrido presiones serias para hacer su tarea, y el pronunciamiento de inocencia por la instancia judicial a quien le corresponda los volverá héroes, y aumentará el escepticismo en las bases sobre el sistema político colombiano, con toda la razón. Es mejor ver las cosas como son.
