La Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNHM), del 01 al 03 de noviembre, presentó su primer informe sobre estructuras paramilitares con énfasis regional, que se inauguró con el estudio sobre el Bloque Tolima de las AUC. La primera socialización tuvo lugar en el Salón de la Música de la Universidad del Tolima, la segunda en la vereda el Neme, en el Valle del San Juan y la tercera en el corregimiento de Santa Teresa, en el municipio del Líbano.
En Ibagué el lanzamiento contó con la participación de un variado público, entre organizaciones sociales y de derechos humanos; así como familiares de las víctimas y sobrevivientes del accionar paramilitar, que compartieron desgarradores testimonios y análisis sobre lo sufrido. Fue un sentido homenaje a las víctimas y a sus familiares que vivieron en carne propia los horrores de la guerra.
En El Neme se celebró una misa en homenaje a las víctimas de la masacre del 24 de abril de 2001. Durante la liturgia se recordaron las vidas de Cecilia Guarnizo, los hermanos Huber y Willington Bernate (Hijos de José Bernate, El Tuco, asesinado días antes por los paramilitares) y Héctor Fabio Díaz y en su memoria, el libro publicado por la DAV, fue depositado en una urna de cristal en la escuela de la vereda para no olvidar lo ocurrido, y ojalá, para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir.
Por su parte, en el corregimiento de Santa Teresa la visita de CNMH fue la excusa para rendirle un reconocimiento a una comunidad excluida por el Estado y epicentro histórico de la guerra en Colombia. Son innumerables historias de sufrimiento recogidas; algunas plasmadas en el capítulo sobre el daño y el impacto causado por la instalación de una base paramilitar en mayo de 2003 y por los combates presentados con las guerrillas de las FARC y el ELN en agosto de ese mismo año.
En general, el informe de la DAV es un aporte valioso para esclarecimiento histórico del conflicto armado en el departamento del Tolima. Aunque llama la atención la ausencia de los representantes de las instituciones más importantes del departamento, como el Gobernador del Tolima, así como los alcaldes de Valle del San Juan y el Líbano. Sin contar con la inasistencia de la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras.
Precisamente uno de los aportes más interesantes presentado por la DAV es el contínuum de la violencia en el departamento. Es decir, no se puede explicar el surgimiento y accionar del Bloque Tolima, sin indagar en el periodo de la Violencia, catalogada como “catastrófica” por el informe de la Secretaría de Agricultura del departamento (1958).
Tampoco se puede pasar por alto la implementación del decreto 3398 de 1965 y la ley 48 de 1968 que permitió la organización de civiles para “la defensa nacional” y el posterior surgimientos de grupos paramilitares en la década de los ochenta; que para el Tolima tuvieron su versión regional, denominada “Rojo Atá”. Ni mucho menos se puede desconocer el fortalecimiento de estos grupos precursores sin el aliento dado por el decreto 356 de 1994 que creó las cooperativas de vigilancia y seguridad CONVIVIR.
En otras palabras, desde el Estado se apoyaron y organizaron los grupos precursores que antecedieron al Bloque Tolima. Por eso la importancia que la institucionalidad conozca y asimile este informe, como garantía de no repetición. Además de seguir el mandato aprobado en la plenaria del Senado el pasado 31 de octubre, en el cual se prohíbe el paramilitarismo en Colombia.
Pues bien, la madeja de esta historia es recogida por la DAV en su informe; analiza su organización interna a partir de 79 relatos de desmovilizados del bloque Tolima; hace un recuento de su expansión y su influencia en el departamento; presenta los repertorios de violencia utilizados por los paramilitares; focaliza los sectores de la población más afectados y estudia dos casos de comunidades campesinas, desde el daño y el impacto causado. También reconstruye los tentáculos institucionales y políticos que logró este bloque paramilitar y hace un análisis sobre los grupos neoparamilitares, surgidos después de la desmovilización en octubre de 2005.
De igual manera, en las precisiones metodológicas, se advierte sobre los alcances y limitaciones del informe. Se trata pues de un estudio sobre el Bloque Tolima y no abarca el análisis histórico del paramilitarismo en el departamento; ni tampoco pretende abordar otras estructuras, como el Frente Omar Isaza (FOI) de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) en el norte del Tolima o el Bloque Centauros en los municipios del oriente. Aunque en su primer capítulo se remite a los primeros grupos precursores, el informe explica la necesidad de su análisis para entender la conformación, desarrollo y accionar del Bloque Tolima.
Para esta labor el equipo de la DAV no solo recurrió a los relatos de los desmovilizados que se acogieron al Mecanismo No Judicial de Acuerdos de la Verdad, ley 1424 de 2010; sino que se apoyo en informes de Derechos Humanos; en entrevistas de contribuciones voluntarias, realizadas a sobrevivientes, familiares de las víctimas y exfuncionarios públicos de la época.
En especial, en cuanto a fuentes judiciales, la DAV realizó una revisión de la sentencia condenatoria de Jhon Fredy Rubio y otros exintegrantes del Bloque Tolima (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, mayo 19, sentencia de Jhon Fredy Rubio Sierra y otros exintegrantes del Bloque Tolima); y hace la salvedad por no incluir la segunda sentencia condenatoria de postulados del Bloque Tolima, referente a Atanael Matajudíos Buitrago y otros (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, el 7 de diciembre de 2016), debido a que la redacción del informe finalizó en octubre de 2016.
Podríamos decir entonces que el informe presentado por la DAV traza líneas gruesas de investigación sobre el paramilitarismo en el Tolima. Sin embargo, dados los alcances y limitaciones metodológicas presentadas, vale la pena señalar algunos aspectos que se podrían abordar en futuras investigaciones encaminadas hacia el esclarecimiento histórico del conflicto armado, en especial por la Comisión de la Verdad.
- La importancia del Tolima para los movimientos revolucionarios, así como para las de las estrategias contrainsurgentes implementadas por el Estado colombiano. Es por esto que el estudio sobre el Bloque Tolima se queda pequeño para entender la dinámica de los conflictos agrarios surgidos en la década del veinte, que desembocaron en la conformación de organizaciones indígenas y campesinas que presionaron la promulgación de la Ley 200 en 1936, más conocida como “ley de tierras”. Además de la contrarreforma agraria desatada en el periodo de la Violencia; el desarrollo de la Guerra de Villarrica en 1955 y la implementación de la política contrainsurgente a partir de la década del sesenta.
- Es necesario hacer una revisión exhaustiva de la segunda sentencia condenatoria contra integrantes del Bloque Tolima (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, el 7 de diciembre de 2016, sentencia de Atanael Matajudíos Buitrago y otros exintegrantes del Bloque Tolima) puesto que amplía y aclara algunos temas recogidos por el informe de la DAV y por la primera sentencia condenatoria (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, mayo 19, sentencia de Jhon Fredy Rubio Sierra y otros exintegrantes del Bloque Tolima).
El contexto histórico que hace la segunda sentencia profundiza orígenes del Bloque Tolima y exhorta al CNMH para que realice una caracterización sobre los grupos precursores, tales como fueron El batallón San Antonio en San Antonio, la autodefensa Nasa Wes´X, en el corregimiento de Gaitania de Planadas, las denominadas autodefensas “Rojo Atá” en Rio Blanco, las autodefensas de Silvio Olivera en la vereda Casa verde de Ataco, las autodefensa llamadas “los Magníficos” en Chaparral; teniendo en cuenta los archivos históricos del ejército, testimonios de pobladores y exmilitares,(y la recolección de información de) trabajo en campo (página 168).
Este trabajo es muy importante ya que la sentencia de Atanael Matajudíos analiza las conexiones de estos grupos con la estrategia contrainsurgente trazada por la fuerza militares, a partir de la implementación del decreto 3398 de 1965 y posteriormente por la ley 48 de 1968. La hipótesis que deja entrever la sentencia son las conexiones históricas de los grupos precursores con el paramilitarismo y su hilo conductor se encuentra en las guarniciones militares que los apoyaron.
Por eso no es gratuito la mención de Carlos Cárdenas, quien se formó con las autodefensas del Magdalena Medio; ni tampoco la del Brigadier General José Gregorio Torres Ramírez, que menciona la sentencia y que el entonces gobernador del Tolima en 1986, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo denunció públicamente como uno de los promotores del paramilitarismo en el departamento.
- Los estudios centrados por estructuras paramilitares no permite desentrañar los tentáculos históricos entre los grupos precursores y la estrategia contrainsurgente implementada por las fuerza militares. Dentro de las cuales sobre sale el extermino contra el Partido Comunista (PC) y la Unión Patriótica (UP), afectaciones que son recogidas por el informe del Bloque Tolima pero que limita el análisis sobre el daño y el impacto a estas agrupaciones políticas y dificulta el esclarecimiento de lo sucedido. Apropósito de lo anterior, la segunda sentencia condenatoria a los exintegrantes del Bloque Tolima, también exhorta al CNMH y a la Unidad de Víctimas a trabajar conjuntamente en la construcción de los perfiles biográficos de las personas asesinadas, previa consulta con sus familiares, para que estas sean expuestas en la página web del CNMH como una manera de dignificar su memoria y resarcir el daño causado a su buen nombre (página 229).
- Teniendo en cuenta los nexos entre los militares y los grupos paramilitares en el departamento, se hace necesario la desclasificación de los informes de inteligencia y la revisión de los archivos militares para verificar su relación con las amenazas y homicidios ejecutados contra supuestos auxiliadores de la guerrilla. Recordemos las detenciones masivas ejecutadas en el periodo 2001 – 2003 y la proliferación de panfletos amenazantes por parte de estructuras paramilitares del Bloque Tolima y/o de las AUC en el norte, oriente y sur del Tolima. Que también se dieron en Cajamarca, donde el ejército se hizo pasar por un comando paramilitar y ejecutó una masacre contra seis campesinos del Sindicato Agrícola del Tolima, SINTRAGRITOL, en noviembre de 2003. Este caso es documentado por el informe de la DAV.
Por último, es preciso ahondar en los casos del norte y el oriente del Tolima, los cuales son abordados en el informe, pero por sus limitaciones metodológicas se hace necesario revisar los hechos de violencia paramilitar en estas subregiones. En el norte del Tolima es necesario revisar los nexos del narcotráfico los ochenta con la incursión de los hombres de Ramón Isaza y sus nexos con el Bloque Tolima desde aquellas épocas. En el oriente, se requiere revisar la persecución a los líderes de la Unión Patriótica, las detenciones masivas y los asesinatos y masacres presentados. No olvidemos que esta también ha sido una zona histórica del conflicto armado.
