A través de resolución numero 7413 de 2016, el Gobernador de Sucre Edgar Martínez Romero hizo entrega al consorcio denominado "Patios de Sucre" la "habilitación" y administración para que opere el servicio de grúas y parqueadero departamental. Lo anterior, sin que mediara proceso de contratación o convocatoria pública alguna.
Martínez Romero, quien se ufana de ser impoluto y ser gruñón es su arma de defensa ante las criticas, al parecer entregó a dedo la operación de este servicio a un particular, sin determinar previamente siquiera los costos de operación del servicio. Presuntamente le hicieron entrega a ciegas y directamente a un particular un servicio que afecta a todos los sucreños y que es el más caro del país, sin mencionar siquiera en la resolución quién es el representante legal de dicho consorcio.
Lo legal hubiese sido que Edgar Martínez Romero (Cambio Radical), como lo han hecho en todos los departamentos, hubiese contratado por convocatoria pública tal como lo ordena la ley.
Algunos lo tienen concesionado, otros lo tienen contratado por prestación de servicios, pero en todo caso está debidamente contratado como resultado de un proceso de selección pública.
"Aquí no, aquí no hubo proceso. No hay contrato, no hubo publicidad, ni transparencia, ni garantía de la libre concurrencia, ni selección objetiva, ni estructuración financiera del negocio" citó la diputada liberal Karyme Cotes Martínez en sesión de la Asamblea Departamental de Sucre.
Hubo una resolución en donde el gobernador habilita a un privado para que opere el servicio, cobre las tarifas más caras de Colombia y le dé al departamento el 40% de lo recaudado, después de gastos de operación, pero no están especificados los gastos de operación; entonces, surgen varias dudas que después de una segunda intención de generar el debate en la duma departamental, esta vez planteada por el también liberal Jairo Barona, sin tener eco entre los diputados y el silencio de la prensa local.
1. ¿Cómo supo el consorcio "Patios de Sucre" que el Departamento de Sucre requería este servicio si no hubo una convocatoria?
2. ¿ Por qué no se determinaron los gastos de operación del consorcio si sobre la base de ellos es que se liquida lo que le corresponde al departamento?
3. ¿ Por qué el gobernador de Sucre entrega de manera directa y desbordando el ámbito de sus competencias y funciones la operación de un servicio que debe ser adjudicado mediante un proceso de selección de contratista que sea público y abierto?
4. ¿Por qué los sucreños pagamos la grúa más cara de Colombia ?
Mientras se resuelven estas preguntas y pese a las repetidas alusiones al tema y denuncias, la ciudadanía espera que la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía actúen ante el más claro abuso de poder, tráfico de influencias y afectación a los derechos del ciudadano a pagar tarifas justas y ecuánimes. Es sospechoso que ante la evidencia de que una habilitación es inconstitucional e ilegal actúen con tanta confianza. Además, ante la desconfianza que sienten los ciudadanos sucreños por estos organismos de control, el pueblo espera que las autoridades del orden nacional actúen y frenen esta bola de nieve llamada corrupción en el departamento de Sucre, bajo el mando de quien prometió un "Sucre Libre de Corrupción "
