Las masivas movilizaciones que han sacudido a Bogotá y al país con motivo de la decisión del Procurador Ordóñez de destituir e inhabilitar al Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego, sugieren que éstas constituyen un amplio apoyo de algunos sectores de la sociedad colombiana y de la izquierda hacia la propuesta de la Bogotá Humana, una interpretación que queda corta respecto a la realidad que está detrás.
Si bien quienes han salido a las calles han expresado estar de acuerdo con el carácter alternativo y progresista de algunas políticas implementadas en la capital durante la administración de Petro, y reconocen que por ese mismo carácter el Procurador toma la decisión política de borrar a este dirigente de la arena nacional de la elección popular, ello no constituye de modo alguno una carta blanca ni un espaldarazo incondicional a Petro. Ante todo, lo que marca la pauta de la protesta social es el rechazo generalizado al Procurador, al cercenamiento de la escasa democracia que hay en Colombia y al proceso de fascistización que se profundizó en nuestra nación durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
El inconformismo popular ha identificado en Ordóñez el blanco de aquello que no que se quiere más para Colombia: la exclusión, la persecución de la oposición, el señalamiento de la divergencia. Las décadas de guerra han hecho visible la necesidad de una sociedad de nueva democracia, en la cual sea posible que sectores democráticos, en sus múltiples matices, tengan opción de gobierno y demuestren su capacidad de favorecer los intereses de las amplias mayorías del país.
El objetivo de lograr que Petro no salga de la alcaldía de Bogotá significa, principalmente, que sea posible el ejercicio del poder político en orillas distintas a las minorías frentenacionalistas, sin que se precise de la venia de un procurador que ha demostrado tener serias dificultades para entender qué implica el respeto por la democracia y la voluntad popular.
