La orden de captura era un secreto a voces y por esto los abogados del exalcalde Carlos Caicedo y del alcalde Rafael Martínez, Iván Cancino y Luis Carlos Torregoso, habían solicitado ser escuchados por el fiscal seccional Vicente Guzmán y el Fiscal 41, Salustiano Fortich, ambos llegados de Cartagena. Con anterioridad un juez barranquillero se había negado a validar la captura, como sí lo hizo el juez segundo de control de garantías, también cartagenero, Marvin Javier Ayos Correa.
Se trata de un contrato para la remodelación de los puestos de salud de Bastidas, IPC La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. Los contratos no aparecen firmados ni por Caicedo ni por Martínez y estos fueron suspendidos porque la fuente de financiación estaba sustentada en recursos de Caprecom, entidad que se declaró en quiebra. Las obras se reiniciaron con nuevos contratistas.
Coincidencialmente Caicedo fue detenido en el aeropuerto cuando se dirigía a Bogotá a registrar su candidatura presidencial respaldada en 2 millones de firmas, en el caso de Martínez se aprovechó el que estuviera dando una rueda de prensa para hacer más llamativa su detención.
