La Junta Directiva del Banco de la República estableció una meta de inflación de largo plazo con un rango entre 2% y 4%, y en este mes de noviembre informó que la meta de inflación puntual para el incremento de los salarios para el próximo año en el país será del 3%.
La meta de inflación anual que establece el Banco de la República tiene una profunda incidencia en las discusiones que se dan en la mesa de concertación laboral, que se convoca cada año para establecer el salario mínimo que regirá para los colombianos, por tanto, el gobierno y los empresarios se acogen a la recomendación del banco central para que el salario mínimo que se acuerde o decrete no supere la meta establecida por el banco emisor.
La recomendación del Banco de la República para establecer bajos salarios en los acuerdos laborales en Colombia está aferrada a la más pura ortodoxia monetaria que equivocadamente sostiene que los salarios son inflacionarios, explicada con el argumento de que si los trabajadores ganan más dinero, demandarán más productos, dando lugar a la aparición de la temible inflación, olvidando que en el sistema de producción, el capital traslada parte de sus utilidades en forma de remuneración salarial a los trabajadores, y lo que dejen de recibir los trabajadores, quedará en manos de los empresarios y estos gastarán por los trabajadores; adicionalmente, el mayor circulante en el mercado depende mucho màs del crédito que otorgan los bancos, el cual ha crecido mucho en los últimos años posiblemente por el empobrecimiento de los trabajadores.
De otra parte, la inflación en los últimos años en el país se ha originado por choques de oferta, como los fenómenos climáticos que escasean los alimentos o por la devaluación del peso nacional frente al dólar, aspectos sobre los cuales el banco central ha advertido que se salen de su esfera de control y que hay que esperar que el sabio mercado restablezca nuevamente las cosas.
Esta afirmación del banco central pone sobre la mesa de discusión dos aspectos que deben ser rebatidos por los trabajadores, el primero, es referente a que la inflación no debe ser un fin en sí mismo, es decir, que la inflación no debe ser el objetivo sino el medio para lograr crecimiento económico y empleo, y el segundo tema, está relacionado con los instrumentos de política monetaria utilizados por el banco central para controlar la inflación, esto es, políticas de bajos salarios y manejo de la tasa de interés de intervención del banco central,
En efecto, cuando el banco central recomienda políticas de bajos salarios está contribuyendo a una desaceleración de la economía, porque los trabajadores tendrán menos dinero para comprar bienes y servicios, y por tanto las empresas venderán menos productos y emplearan menos personas; de otro lado, cuando baja la tasa de interés de intervención para coadyuvar con la reactivación de la economía, está contribuyendo es a incrementar las utilidades de los bancos comerciales, porque estos no le transmiten esa reducción de intereses a sus clientes y finalmente no se logra el objetivo del crecimiento de la economía. Lo anterior lo corroboró la JDBR en reciente informe al Congreso de la República cuando afirmó que “la desaceleración de la economía se enmarca en un contexto de ajuste de menores términos de intercambio y a un menor ingreso nacional disponible”.
Adicionalmente cuando crece la inflación, el banco central sube la tasa de interés de intervención y esta es replicada inmediatamente por los bancos comerciales a sus clientes, logrando con ello que los trabajadores colombianos paguen más intereses por sus préstamos, pues ante los bajos salarios que ganan los trabajadores, estos deben completar su canasta Básica de consumo vía endeudamiento. Según el reporte de estabilidad financiera del Banco de la República del mes de junio, el endeudamiento de los hogares ascendió a $180 billones, equivalente al 40,5% de la cartera total del sistema financiero; y la carga financiera, esto es, la porción de sus ingresos que las familias destinan para el pago de sus deudas e intereses equivale al 38%, es decir, de cada $100 los hogares destinan $38 al pago de sus obligaciones financieras.
Los trabajadores debemos controvertir esta nefasta política monetaria del banco central, propiciando negociaciones colectivas que busquen que los salarios de los trabajadores crezcan de acuerdo con los ingresos y las utilidades de las empresas, partiendo de la ecuación de que las utilidades de las empresas se deben a la buena gestión de los trabajadores.
Con respecto a los trabajadores del banco de la República, tenemos la responsabilidad política de pactar en nuestra convención colectiva de trabajo, la participación del sindicato en los escenarios de la discusión de la política económica encomendada al banco central; acordar incrementos salariales por fuera de la meta de inflación y relacionarlos con las responsabilidades y dimensiones económicas del banco; adicionalmente, promover foros y reformas constitucionales del banco central que favorezcan a los colombianos.
En síntesis, se requiere una reforma constitucional a las funciones del banco central que permitan que el banco ofrezca crédito de fomento a los agricultores y pequeños empresarios; tenga un mayor poder regulatorio sobre la banca privada y asignarle mayores responsabilidades sobre las políticas del crecimiento de la economía y el empleo, al país de nada le sirve tener una inflación controlada a expensas de un menor crecimiento del empleo y del bienestar de todos los colombianos.
