La tauromaquia es considerada por la Real Academia Española (RAE) como el arte de lidiar toros. Antes en la capital las corridas de toros eran más parecidas a las corralejas, en donde participaban todos los asistentes. No se maltrataba ni se mataba al toro. Hasta que llegó desde España en el siglo XIX esta nueva clase de corridas de toros con maltrato animal. Para la Corte Constitucional este evento es una expresión de nuestra tradición. Para los tauristas es deporte, pero a esto no se le puede llamar así. En las actividades deportivas se vela por la integridad física de los integrantes y aquí solo se vela por el interés del hombre, no por el derecho a la vida del animal. La tauromaquia es una de tantas formas de explotación animal.
¿Por qué el Misterio de Hacienda no financiará la consulta popular Antitaurina del año 2018?
RTA: Es posible que el Consejo de Estado ordene al Ministerio de Hacienda a invertir los recursos para realizar la consulta Antitaurina. El Ministerio afirmó: "se está abusando con estas consultas" (RCN Radio, 2017). Para ellos el distrito debe ser el encargado de financiar los recursos de esta actividad".
Un pasado olvidado
El anterior alcalde de la capital Gustavo Petro, prohibió las corridas de toros en la plaza la Santamaría de Bogotá, en el año 2012. En una rueda de prensa dijo: "la plaza de toros será utilizada solo para eventos culturales". Esta decisión acatada por el Gobierno Distrital, tuvo soporte constitucional, internacional, jurídico y filosófico.
En el año 2015, Petro “convocó una consulta popular, sin embargo, el Consejo de Estado suspendió esta consulta Antitaurina a causa de una violación al proceso tras desconocer 2 sentencias de la Corte Constitucional, donde Bogotá está habilitada a la tauromaquia” (El Colombiano, 2015).
En el año 2016, la Corte Constitucional solicitó al presente alcalde Enrique Peñalosa abrir nuevamente la plaza Santamaría. “La decisión se fundamentó en la sentencia C-889 del 2012, que declaró exequible la Ley 916 del 2004" (El Tiempo, 2015) “tiene por objeto la regulación de la participación, preparación y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades relacionadas con los mismos en garantía de los derechos e intereses del público y de cuantos intervienen en aquellos”.
Las corridas de toros nuevamente en el limbo
Enrique Peñalosa se había declarado en contra de los festejos taurinos en su campaña electoral. No obstante, dio cumplimiento a la sentencia de la Corte, donde a través de “un fallo constitucional ordenó que en 48 horas se debían adelantar los trámites para realizar la consulta popular Antitaurina” (NoticiasCaracol.com, 2017).
“El 22 de enero del 2017, se reabrieron las puertas de la Santamaría para dar inicio a la tauromaquia” (Semana, 2016). Tras el fallo de la Corte Constitucional se convoco a consulta popular Antitaurina para el día 13 de agosto de 2017. Los Bogotanos tendrán que tomar la decisión sobre si se sigue realizando o no la tauromaquia en la ciudad de Bogotá. Para acabar con la tauromaquia se necesitan 1’882.792 de votos. Para ello la Plataforma Animalista ALTO (Plataforma Colombiana por los Animales), ha convocado marchas y ha recolectado firmas en distintas ciudades.
Costo – beneficio consulta antitaurina
Hubo falta de planeación por parte del distrito para definir la fecha de la consulta popular en el año 2017, ese día se realizaría el ICFES (Pruebas Saber). “Enrique Peñalosa y Animalistas han solicitado realizarla en el mes de marzo de 2018, junto a las elecciones del Congreso para reducir el costo de esta votación por lo menos un 90%” (El Espectador, 2017). Se tiene destinado $44 mil millones de pesos.
Según Felipe Negrete director de la Corporación Taurina de Bogotá: “La ciudad recibe $811 millones de pesos por arrendamiento cada vez que se realiza una corrida, por cada venta de boletas se da $33 centavos al Distrito y por realizar esta fiesta taurina se genera un incremento de ventas de un 212%” (Portafolio, 2017). En estos 4 años de estar cerrada la plaza se ha generado un decremento en la ciudad, donde dejaron de recibir $6.353 millones de pesos por esta actividad.
La consulta no se realizó en agosto, aun está en debate la fecha para la realización. “ALTO ha enviado una solicitud para que el Consejo de Estado se haga cargo de la consulta” (ALTO, 2017). Están en pelea el Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional. El Consejo de Estado definirá quien financiara la consulta.
