En una verdadera olla podrida se convirtió el Estado y la administración pública del departamento del Quindío en el espantoso periodo de gestión de la señora Sandra Paola Hurtado, quien fungió como jefe de la administración seccional en el periodo transcurrido entre el 2012 y el 2015.
Sandra Paola conformó una verdadera banda criminal liderada por su marido, un sujeto conocido como el alias Toto, Cesar Augusto Pareja Giraldo, con fuertes vínculos con la “Cordillera”, la Bacrim montada por Macaco en Dos Quebradas (Risaralda) y con el Cartel del Norte del valle, que sigue muy campante en su negocio del narcotráfico.
El caso de Sandra Paola Hurtado tiene muchas similitudes con el de Oneida Pinto, la exgobernadora de la Guajira, socia de Kiko Gómez e integrantes todos de Cambio Radical, una marca que hoy se asume como Corrupción Radical.
Desde el 2013 hicimos en La Crónica del Quindío denuncias muy fundamentadas sobre el robo de las regalías petroleras y mineras trasferidas al gobierno cafetero en el marco del nuevo sistema general de regalías adoptado con la Ley 1530 del 2012 (http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-aqui_estan_las_regalias_petroleras_para_el_quindio-seccion-regional-nota-76121.htm )
En su momento poca atención se prestó a tales denuncias. Los entes de investigación no se dieron por enterados y muchos sectores de la denominada opinión publica miraban para otro lado.
Se necesito que la sociedad civil y sus organizaciones insistieran en las denuncias para que las investigaciones disciplinarias y judiciales se echaran a rodar.
Hoy tenemos un importante expediente que recoge procesos de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación en el que se le imputan cargos muy graves a Sandra Paola.
El tema ya es de dominio y debate público, tanto en el departamento del Quindío como en el ámbito nacional. Es un hecho político notorio que debe asumirse como tal.
Para que todas las incriminaciones y delitos consumados no queden en la impunidad se requiere de la más amplia participación de la sociedad civil y política democrática haciendo las denuncias y realizando las veedurías correspondientes en los entes involucrados y los procesos en curso.
Hay varios macroprocesos contra la señora Hurtado, tres en la Procuraduría y una en la Fiscalía.
Veámoslos en detalle.
Uno.
El primer gran proceso está relacionado con irregularidades en la contratación realizada por Hurtado como jefe del gobierno departamental.
Esta investigación, además de Hurtado, compromete a John James Fernández López, Julio Ernesto Ospina Gómez, los dos últimos en calidad de encargados de la gobernación, y los gerentes de EPQ, Heidelmann Grajales Puentes y de la Promotora de Vivienda del Quindío, Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo,
A los implicados se les acusa de haber firmado seis convenios interadministrativos, entre gobernación y EPQ, CRQ y Promotora de Vivienda, por un valor superior a los $250.000 millones, que hicieron sabiendo que ninguna de las entidades contratantes tenía capacidad técnica ni financiera para ejecutar las obras respectivas, por lo que subcontrataron con privados, lo que configura la violación al principio de transparencia en la celebración de contratos.
Estas cinco personas son investigadas porque presuntamente trasgredieron el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal.
La Procuraduría considera que con la firma de los seis convenios entre el gobierno departamental, la CRQ, la Promotora de Vivienda y EPQ, se les dio la potestad a estas entidades para contratar con privados casi todas las obras que se realizaron con dineros de las Regalías petroleras y de los llamados cupos indicativos del gobierno nacional, como los provenientes de la venta de las acciones que el departamento tenía en la Edeq y recursos del crédito, a sabiendas de que ellas no tenían capacidad financiera ni técnica para realizaros.
De esos convenidos se desprendieron decenas de contratos, que fueron a parar a manos de los amigos de la administración departamental de Sandra Paola, en la mayoría de los casos sin licitación pública, donde casi siempre apareció un solo oferente. La cuantía de esos contratos supera los $250.000 millones.
El mayor cuestionamiento, lo resaltamos, por el que deben responder los implicados, según el pliego de cargos de la Procuraduría, es que los convenios no se podían hacer con estas tres entidades porque ellas no tenían la capacidad técnica ni financiera de ejecutar estos contratos, por su monto y su complejidad.
Por esta incapacidad, tuvieron que contratar a privados para que los ejecutaran.
Ahí, por supuesto, están los millonarios contratos, por $110.000 millones con EPQ, por $95.000 millones con la Promotora de Vivienda y otros más con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, cuyo monto está siendo determinado.
Pero estos no son los únicos asuntos en el órgano de control disciplinario. Hurtado, además del presupuesto, habría dejado amarrada la junta directiva de las Empresas Públicas del Quindío, entidad que fue y sigue siendo su fortín político.
Solo nueve días antes de que se diera el cambio de administración en la Gobernación, se realizó un cambio en el régimen societario de la empresa, el cual ha impedido que el actual mandatario departamental, el Cura Osorio, ejerza control sobre ella, pese a que la Gobernación es la accionista mayoritaria.
Además de tales irregularidades que violan la Ley 80 y otras normas de la contratación, las veedurías cafeteras han denunciado puertas giratorias que permitían el paso de funcionarios de la Contraloría regional a las Empresas Públicas del Quindío (EPQ).
Según el secretario de Aguas e Infraestructura departamental, Juan Antonio Osorio, desde que comenzó la nueva administración no ha sido posible hacer supervisión de los convenios que la gobernación anterior suscribió con EPQ entre el 2012 y el 2015 y que superan los 18.328 millones de pesos.
Para la Procuraduría, el caso de Quindío es escandaloso en la medida en que todas las denuncias apuntan a que las Empresas Públicas de ese departamento se convirtieron en el fortín político de la anterior administración departamental que habría dejado, a través de una reforma al régimen societario, amarrada la junta directiva.
El caso es tan grave que, a la fecha, el presupuesto del año 2017 para la compañía está congelado, así como el sistema tarifario.
Durante un Cabildo abierto que se llevó a cabo hace dos semanas en Armenia, convocado por una junta ciudadana y en el que participó el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, se advirtió de la ejecución de convenios administrativos por más de 110.000 millones de pesos en una entidad cuyo presupuesto anual no supera los 14.000 millones como la EPQ.
De acuerdo con Alejandro Rodríguez, promotor del Cabildo referido, ya hay 50 casos documentados de cargos políticos y de familiares que se han entregado en la EPQ, muchos de ellos a exfuncionarios de la Contraloría regional; es decir, a personas que trabajaron ejerciendo control sobre la operación de la empresa de servicios públicos.
La rotación de personal también es con la Corporación Autónoma del Quindío.
Tres de los casos emblemáticos, según la denuncia elevada en el Cabildo, son el de Blanca Rocío Zuluaga, quien fue directora del Plan Departamental de Aguas en la gobernación hasta enero del 2016, luego pasó a la contraloría y pocos meses después llegó a la EPQ.
Algo similar pasó en el caso de Carmen Cecilia Gutiérrez, exjefa de responsabilidad fiscal de la Contraloría, pasó a ser asesora de gerencia de EPQ y luego regresó a la Contraloría. Tatiana Uribe Londoño, exgerente de la Lotería de Quindío siguió la misma transición, pasando de la Contraloría a un cargo en la EPQ.
Las denuncias precisan que entre diciembre del 2015 y enero del 2016 la planta de personal de la EPQ pasó de 138 a 218 personas.
Entre las irregularidades que se investigan están también la vinculación de los exalcaldes John Édgar Pérez Rojas y Alberto Peña Valencia a la EPQ. El primero es el polémico alcalde de Quimbaya a quien, el día de las elecciones pasadas para alcaldes y gobernadores (en octubre del 2015), le encontraron $ 43 millones en efectivo en su carro y quien luego de hacer parte de la junta directiva de EPQ en su papel de burgomaestre se convirtió en asesor de la entidad.
Peña, el exalcalde de Pijao, también está en la planta de empleados de la compañía de aguas en un cargo de profesional universitario.
Una sobrina y un cuñado del esposo de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado también hacen parte de la empresa. Cristina López Cardona, cuñada de Hurtado, estuvo en la empresa.
El poder de Hurtado es tal, que el pasado 19 de julio estuvo sentada en la mesa principal con la entonces ministra de Vivienda, Elsa Noguera, durante el anuncio de la construcción de 220 casas en los municipios de Génova y Córdoba. Esa situación le valió la apertura de una indagación preliminar a Noguera de la Procuraduría que indaga por qué no fue invitado el gobernador actual del departamento, Carlos Eduardo Osorio, y sí Hurtado, tratándose de un evento oficial.
Dos.
El segundo caso tiene que ver con el trámite y la sanción de las ordenanzas 010, 011, 012 y 015 de 2015 que Hurtado presentó ante la Asamblea del Quindío al final de su mandato
Por estos mismos hechos, la Fiscalía les imputará cargos a los diputados Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Luis Alberto Rincón Quintero, y a los exdiputados Luz Mery Bedoya López, Margarita María Ramírez Tafur y César Londoño Villegas, y a la exsecretaria de la Asamblea Marieth Vanegas.
Se trata de una investigación disciplinaria por la expedición irregular de cinco ordenanzas con las que Hurtado entregó más del 10 por ciento del presupuesto de la Gobernación a 11 de los 12 municipios del departamento bajo una figura que no existe en la ley.
En el proceso se ha señalado claramente por la Procuraduría que el municipio, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del presupuesto, no hace parte de la persona jurídica del departamento, por lo tanto, no debe estar incluido como sección u órgano del presupuesto de este y tampoco puede ordenar, comprometer o ejecutar el gasto incluido en el presupuesto del departamento, según un concepto que sobre el tema envió el Ministerio de Hacienda.
Para el Ministerio Público resulta además extraño que las cinco ordenanzas –010, 011, 012, 013 y 015 del 2015– fueron sancionadas todas no por Hurtado –que las radicó y promovió en la Asamblea–, sino por Gloria Inés Gutiérrez Botero, su secretaria privada y quien hacía las veces de gobernadora encargada.
En consecuencia, Gutiérrez enfrenta los mismos cargos disciplinarios que Hurtado; esto es, falta gravísima a título de dolo por la conducta de “prevaricato por acción”.
Tres.
El tercero y más reciente proceso contra Sandra Paola Hurtado consiste en la indagación preliminar abierta por la Procuraduría General de la Nación abrió por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y como una de las presuntas vinculadas en el ‘cartel de la toga’.
En este caso la indagación busca establecer la veracidad de las declaraciones del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, según las cuales la exfuncionaria habría entregado dineros con el fin de obtener como contraprestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra.
El Ministerio Público ordenó realizar varias pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos denunciados y el perfeccionamiento de la indagación preliminar.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, como funcionario especial para que asuma el conocimiento del caso.
Conclusión.
De salir adelante todo este cúmulo de procesos disciplinarios y penales la señora Hurtado (y, seguro, su marido Toto) debe ir a hacerle compañía a Oneida Pinto y a otros reconocidos delincuentes asociados con la acción política en la administración del Estado, recluidos en los más importantes centros penitenciarios del país.
Ojalá las sanciones se den pronto para que no se presente impunidad.
Recientemente se dio el caso del exalcalde de Armenia, David Barros Vélez, condenado rápida y severamente por el sistema judicial regional, por lo cual paga casi 20 años de cárcel, así sea en la finca que se compro en Montenegro con lo dineros timados al municipio.
