El miércoles 20 de octubre de 2010, Gustavo Petro junto a Carlos Vicente de Roux, denunciaron públicamente que dentro de la alcaldía de Samuel Moreno existía una mafia que controlaba la contratación de Bogotá. Allí, por primera vez, se escuchó el nombre de uno de los mayores beneficiados de aquello que más adelante se denominaría como el “Carrusel de la contratación en Bogotá”; Emilio Tapia, un costeño que servía de intermediario entre los hermanos Moreno. Después de aquel día, la vida de Tapia se derrumbó.
Hundido, decidió colaborar con la justicia y convertirse en testigo de la Fiscalía para contar todo lo que sabía sobre los entuertos de los Moreno. Pero, paradójicamente, esta semana salió a la defensa de su acusador evidenciando que otros fueron los motivos sobre la catástrofe de la recolección de basuras en Bogotá entre los días 18, 19 y 20 de diciembre pasado. Hechos que a la postre le traerían al Alcalde la drástica sanción del Procurador Alejandro Ordoñez: la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años y de facto, su salida inmediata del Palacio del Lievano.
El polémico contratista, a quien desenmascaró el propio Petro, sin que nadie se lo pidiera le contó al periodista Juan David Laverde de El Espectador, que el alcalde había sido víctima de un complot fabricado por los empresarios que se verían perjudicados por las medidas del nuevo alcalde, quien les quitaría una gran tajada de aquella jugosa torta denominada ‘aseo y recolección de basuras de Bogotá’.
“Desde la administración de Samuel Moreno yo estaba en el ejercicio de organizar la licitación de recolección de basuras. (…) Los operadores privados se juntaron para no aceptar del distrito la última prórroga, con el fin de provocar un caos”; confesó Tapia, que a la vez sentenció que en dicha conspiración se mantuvo una tesis macabra: “la ciudad no aguanta tres días de basura. Con esto se tumba al alcalde”.
Lo cierto es que Petro ya había hecho esta misma denuncia hace seis meses con datos fácticos de todo cuanto acaeció para el Distrito durante aquella nefasta navidad. “Operadores privados dejaron de recoger 7.800 toneladas de basuras cinco días antes de la crisis del 18 de diciembre”, anunciaba una investigación de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP. En un documento comparativo se reveló que durante estas mismas fechas, es decir entre el 13 y el 17 de diciembre de 2010, los operadores privados llevaron al relleno 36.563 toneladas de basuras, así como en el 2011 llegaron a Doña Juana 36.946 toneladas de basuras, contrario a lo ocurrido el fatídico diciembre de 2012, dónde –curiosamente- solo llegaron 29.053 toneladas, es decir que los bogotanos en un hecho sin precedentes habían producido el 21% menos de basuras.
De igual manera, en un debate realizado hace 10 meses en la Comisión sexta del Senado de la República, Petro denunció el supuesto plan de obstrucción que le pusieron los operadores privados para derivar en el fin de su carrera política. Aquella vez el alcalde trajo a colación una ley que estipula que todo concesionario, acabado su contrato, debe devolverle a la nación los elementos obtenidos con dineros del contribuyente durante su operación. Petro se refería a que los operadores privados de aseo, nunca le entregaron a la alcaldía los camiones compactadores que habían obtenido con los dineros públicos durante los últimos 20 años de concesiones. No haber retornado aquella maquinaria, explicó el alcalde, fue otro de los sabotajes que tuvo que revertir la alcaldía “una acción que ni la Fiscalía ni ningún otro ente de control ha castigado, ni lo hará porque son sus amigos” diría Petro.
Samuel Moreno, Iván Moreno, Emilio Tapia y Julio Gómez, las cabezas visibles del desfalcó a la ciudad
¿Pero quiénes se iban a ver afectados con el cambio de esquema de recolección que los llevó, según Tapia a ponerle zancadillas a la nueva operación del aseo? ¿Quiénes fueron los empresarios que se beneficiaron durante más de una década con el negocio de las basuras en Bogotá? ¿Cuánto dinero ganaban y cuánto dejaron de percibir?
Al día de hoy se sabe que el gran descabezado del negocio de aseo y basuras en Bogotá fue William Vélez Sierra, quien es el dueño de la compañía Aseo Técnico de la Sabana (ATESA), la cual manejaba dicho servicio en las localidades de Engativá y Fontibón. Por ejemplo, ATESA percibió entre enero de 2011 y agosto de 2012 más de 4.000 mil millones de pesos mensuales (es decir, más de 60 mil millones en 15 meses), esto sin contar lo anteriores años de licitaciones que ejercieron desde el año 2003. A su vez, mientras se implementaba el nuevo sistema de aseo de Bogotá y se consolidaba la empresa pública Aguas Bogotá, ATESA recibió de agosto de 2012 a abril de 2013, una retribución fija de 3.700 millones de pesos mensuales (es decir, 29.600 millones de pesos en 8 meses), pero con la llegada de la empresa pública, ATESA quedó sin concesión alguna.
William Vélez Sierra ostenta una de las mayores fortunas individuales del país. Como ingeniero eléctrico de la Universidad Bolivariana de Medellín, comenzó a construir su emporio en los años 70 con la electrificación de los municipios en el suroriente antioqueño, hasta llegar a montar el 70% de la red eléctrica del país, lo cual le daría el músculo financiero para diversificar sus negocios incluso hacia el exterior. A finales de los años 90 conformó el Grupo Ethuss con el cual hoy por hoy maneja el negocio de las basuras en Cali, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Maicao, Pereira, Ibagué y una decena de ciudades más.
Pero la discordia entre el alcalde y Vélez Sierra no empezaría por las basuras, todo comenzó muchos años atrás cuando Petro, como senador, comenzó a seguirle los pasos al empresario. En varias ocasiones advirtió que William Vélez era uno de los mayores aportantes de las campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez lo que a la postre lo podría beneficiar en futuras licitaciones, una situación que estaría por demostrarse. Lo que sí ha sido innegable era la amistad que Uribe Vélez y el empresario han mantenido por más de 25 años. Los dos amantes de los caballos y la ganadería incluso llegaron a ser casi vecinos de fincas en Córdoba y a estar en el mismo circulo social compartiendo amistad con el fallecido Pedro Juan Moreno y el hoy candidato al Senado José Obdulio Gaviria.
Durante los dos mandatos de su amigo, Vélez Sierra fue socio principal de concesiones ganadoras como la construcción de la malla vial de Cúcuta por $180 mil millones, la construcción del corredor vial Bogotá-Girardot-Cajamarca por $350 mil millones, socio de la concesión para la remodelación del aeropuerto Eldorado de Bogotá por cerca 600 millones de dólares, concesión en la que participó con un 14%. Así como también, situación que se ha recalcado Petro a las autoridades en varias ocasiones, William Vélez sería socio en la concesión para la remodelación de la troncal de la 26, en sociedad con los hoy detenidos primos Nule.
William Vélez / Foto revista Semana
En febrero de este año, cuando la Procuraduría advirtió que el alcalde de Bogotá había vulnerado el principio de libertad de empresa y libre competencia, el señalamiento tenia nombre propio. Petro trajo entonces a colación todos los negocios de aseo y recolección de basuras en poder de Vélez Sierra, lo cual para el alcalde constituía un oligopolio que afectaba de manera directa a los pequeños empresarios que querían ser parte del negocio. Incluso, Petro trató de demostrar que la libertad de empresa seguía vigente porque las otras compañías privadas seguían actuando en varias zonas de la ciudad, pero estas, sin embargo, deberían demostrar competencia ante los bajos costos por los cuales estaba operando la nueva empresa de aseo pública de Bogotá.
Las otras tres empresas que continúan en el negocio, también se vieron afectadas por la llegada del Estado como nuevo competidor: Aseo Capital, LIME y Ciudad Limpia. Curiosamente y muy a pesar de las jugosas utilidades que deja el negocio de las basuras, la familia Ríos Velilla antes que llegara Petro a la alcaldía, vendió su empresa Aseo Capital a la familia Patiño Ocampo. Una operación por más de 25 mil millones de pesos. Aseo Capital hasta abril de este año operó en nueve localidades de Bogotá, pero con la llegada de su nuevo competidor pasó a manejar, aunque no tan pequeñas, las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Tunjuelito. Es decir pasaron de recibir más de $5.000 millones mensuales a una tarifa fija de 3.400 millones de pesos.
Una cifra menos onerosa comenzaría a recibir mensualmente la operadora Limpieza Metropolitana (LIME). Aunque con dueños argentinos LIME tiene su mayor operación en Bogotá. Desde principios de los años noventa y con la eliminación de la EDIS en 1993, esta empresa comenzó a concesionar millonarios contratos con el Distrito. De hecho en el año 2003, ganaron una licitación para prestar el servicio en siete localidades: Suba, Usme, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal y Usaquén, una cobertura superior al 45% del total de la ciudad. Tras la llegada de Aguas Bogotá, entonces LIME pasó de recibir utilidades por más de $60.000 millones a obtener la no despreciable suma de $46.800 millones.
A su vez la otra compañía que pasó de ganarse más de $4.500 millones de pesos mensuales para recibir una retribución fija de 3.900 millones de pesos fue Ciudad Limpia. Esta empresa es propiedad de dos familias caleñas, los Herrera Barona y los Losada Salcedo, quienes han estado en el negocio del aseo desde la alcaldía de Andrés Pastrana cuando se privatizó la recolección de basuras. Esta empresa tiene también participación en las operaciones de Transmilenio en rutas como la del portal de la 80, Usme, Molinos y la avenida NQS, así como también son dueños de buses del SITP que transitan en Engativá y Bosa y participan en el negocio de las basuras en varias ciudades de Colombia.
Así las cosas, está por verse si Emilio Tapia puede comprobar que algunos de los directivos de las anteriores empresas se pusieron de acuerdo para crear un complot a la hora de la recolección de basuras el pasado diciembre, con el objeto de poner en tela de juicio la operación de la nueva operadora pública creada con afanes por Gustavo Petro. Denuncia que también está en la lupa del Fiscal Montealegre. Una cooperación judicial que no esperaba el destituido alcalde si se tiene en cuenta que por sus denuncias de corrupción tiene en la cárcel al anterior alcalde, Samuel Moreno, a su hermano el senador Iván Moreno, a media docena de exfuncionarios del Distrito y concejales, y a portas de una celda a quien le podría ayudar a desenredar esta telaraña de intereses entre empresarios y basuras.
