El proceso de paz con las Farc ha dado mucho de qué hablar en el último año, un acuerdo que ha polarizado a gran parte del país en materia de política, una sociedad que busca justicia, unos parlamentarios que buscan votos y unas Farc que busca inmunidad absoluta.
A lo largo de la historia de Colombia se han generado más de 10 pactos de paz entre grupos guerrilleros con el Gobierno Nacional entre los más relevantes están con el M19 y EPL (Ejército de Popular de Liberación). Esto significa que el Estado tiene una verdadera experiencia si se hablara de negociaciones de “paz”, pero esta vez parece que el Estado no tiene ninguna autoridad frente a un grupo que no tiene nada de guerrilla revolucionaria. Desde el comienzo de la negociación se empezaron a ver falencias, mientras los jefes guerrilleros “negociaban” con el gobierno en La Habana, su ejército seguía secuestrando soldados y civiles como fue el caso del general Rubén Darío Alzate quien fue secuestrado por la guerrilla de las Farc hacia los finales del año 2014 o la masacre a once soldados que dormían en la madrugada del 15 de Abril del año 2015 en el departamento del Cauca, dando incumplimiento a los primeros 2 meses de cese bilateral.
En medio del presente mandato del Presidente Juan Manuel Santos y a finales de su primera presidencia promulgÓ en medio del debate por la presidencia: “toda persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene de ir a la cárcel, eso lo dice la constitución colombiana y la legislación internacional”, al día de hoy dando como resultado la impunidad e inmunidad absoluta a criminales de las Farc que cometieron delitos de Lesa Humanidad, como es el caso del candidato a la presidencia Rodrigo Londoño también conocido como “Timochenko” quien tiene en su prontuario criminal delitos como Secuestro, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidio entre otros, cargando a su espalda más de 150 muertes entre soldados, policías y civiles.
La participación política del grupo guerrillero era uno o el punto más importante del acuerdo, desde un principio el Gobierno con la ayuda de algunos líderes políticos su mayoría de tendencia de izquierda, negaron la participación de guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad en el Congreso de la República, así como lo dijo en su momento el presidente Santos en una entrevista a mital del año 2015: "Curules gratis no, ellos se las tiene que ganar en campaña y, es bueno aclarar eso porque en el país existe una desinformación”. Sin embargo, luego de firmado el acuerdo se da a conocer que las Farc como partido político obtendrá para las elecciones legislativas del año 2018 cinco puestos para la Cámara de Representantes y otros cinco para el Senado durante los siguientes 8 años, aunque no hayan obtenido los votos necesarios. Así, el partido político Farc dio a conocer la lista que los representará en la Cámara y Senado, entre los nombres más importantes se encuentra Iván Márquez, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, personajes que en su momento cometieron y fueron condenados por delitos políticos y de lesa humanidad. Entonces, si observamos nuestra Constitución Política, la cual es considerada la ley de leyes, el Artículo 179 que dice: “No podrán ser congresistas, quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”. De ese modo, se podría decir que las Farc está violando la parte fundamental de la Constitución Política del país.
Por otro lado, las Farc como guerrilla no solo usó el narcotráfico como financiamiento armado, también se lucraron con este. Según la revista The Economist las Farc para el año 2012 tenía un botín de más de 10.500 millones de dólares y fueron acusados por el delito de lavado de activos. De hecho, el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez afirmó que si las Farc no entregaban un listado de bienes podrían ser procesados por la justicia ordinaria por lavado de activos. Ellos presentaron solo 1.7 billones de pesos, mucho menos a lo anterior mencionado, ¿acaso es que más de 40 años de extorsiones, narcotráfico, secuestros y minería ilegal van alcanzar solamente para uniformes y botas plásticas para 7.000 guerrilleros?
Con eso pregunto, ¿esto es democracia?, ¿darle poder político a quienes han cometido delitos tan atroces?, ¿darle voz a quienes le hicieron tanto daño a este país? Con esto no se busca quitarle palabra o quitarle un puesto en la democracia a la ideología política de las Farc, lo que se debe es generar credibilidad del sistema democrático que en nuestro país está bastante “sucio” y manipulado.
Las Farc nunca mostraron un verdadero gesto de paz y reconciliación, los periodistas que arremetieron contra ellos fueron tildados de “enemigos de la paz” y “servidores del paramilitarismo”. Esto sin olvidar que el no cambiar sus siglas del nombre de su movimiento político demuestra la falta de arrepentimiento, como en su momento lo diría Timochenko frente a las cámaras de televisión : “Cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo, yo no me estoy arrepintiendo de lo que he hecho como guerrillero”. No es indiferente de nadie que empezaron a pedir perdón solo como procedimiento político.
Un acuerdo sin una verdadera justicia nunca traerá consigo una paz verdadera. Somos un país que ha vivido en conflicto la mayor parte de su historia, con la falta de presencia del Estado en las zonas más pobres, sin mencionar los crímenes e injusticias que cometió este contra la población civil dieron como respuesta la creación de guerrillas y el comienzo de un conflicto armado en donde la solución del problema es la eliminación física del otro. Tanto el Estado colombiano como el grupo guerrillero Farc cometieron crímenes atroces y deben pagar con verdad, reparación y una verdadera justicia, en donde deje como insignia a los colombianos que el camino del crimen es un camino fallido que nunca llevará a nada y que aquellas personas que cometieron esos delitos atroces no sean premiadas ni reconocidas como gestores de paz.
