La destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, es un asunto mucho más grave de lo que se piensa. No por la sanción en sí misma, sino porque es la prueba fehaciente de que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, solamente está sirviendo a sus propios intereses políticos e ideológicos. Él, en medio de su fanatismo religioso, está dispuesto a aterrorizar a todo aquel que piense diferente.
El “Caso Petro” no es el primero ni el más grave. Su cruzada contra el aborto y contra el matrimonio homosexual demuestra que está dispuesto a cogobernar desde su cargo utilizando el recurso del miedo. Para él no representa nada la Corte Constitucional, que ha sido la única doliente de ciertos derechos que el Congreso de la República, cínicamente, se niega a garantizar.
¿No es este un Estado Laico? ¿No se supone que acá nos regimos por el Derecho y no por la Fe? ¿Por qué entonces permitimos que fanático religioso pase por encima de una sentencia de la Corte?
Está bien que se proteste por la destitución de Gustavo Petro. Yo, sin ser de su tendencia política, y reconociendo que ha sido terco y que ha improvisado mucho, reconozco que es un ejemplo en esta actual coyuntura del proceso de paz. Pero no sólo hay que protestar por eso, hay que protestar porque el Procurador está obstaculizando un sinfín de derechos ganados con luchas largas y difíciles.
Ya es hora de que nos gobierne el Derecho. En cuanto a la fe, la procesión tiene que ir por dentro.
