La pasada administración de Elsa Noguera adoptó por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2032, saltándose al Concejo Distrital y fijando como uno de sus objetivos afinar los instrumentos tributarios para recaudar billones de pesos con el objeto de adelantar sus planes a favor de las élites encumbradas en el poder económico y político de Barranquilla. Al inicio de la actual Alcaldía, presidida por Alejandro Char, la corporación edilicia, en consonancia con el POT, aprobó sin chistar el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019, que en la página 212 señala como orientación fiscal la “reforma y actualización permanente del Estatuto Tributario”, con lo cual no habrá reglas de juego estables en esta materia. Estimaban los concejales que el predial aumentaría $25.000 millones anuales y que en el 2017 “crecería en un 19%, equivalente a $46.500 millones”, todo lo cual se está dando con creces, mientras la población sigue sumida en enormes dificultades económicas.
En estos meses finales del año, los veintiún concejales de Barranquilla se encuentran en la tarea de analizar, discutir y votar el proyecto de presupuesto de Barranquilla para el año 2018, que afila más las normas, sobre todo tributarias, tanto del POT como del Plan de Desarrollo Distrital. Por eso los ingresos tributarios tienen un aumento proyectado del 28% (ya habían crecido 21,7% en 2016), los ingresos no tributarios propios (contribuciones por valorización entre otros) del 35% y el total de ingresos un alza del 10.7% (cuando ya había aumentado 18,09%). Todos estos incrementos están muy por encima del costo de vida (página 20 proyecto de presupuesto). Dichos aumentos, enuncia el proyecto, han tenido como base “reformas estatutarias que han permitido alcanzar mayores niveles de tributación”, pero añade que “el recaudo efectivo sigue estando por debajo del recaudo potencial, especialmente en lo relacionado con el impuesto predial”. La administración muestra así su desprecio por la situación calamitosa de la ciudadanía.
La situación de la deuda pública distrital se agrava aún más, por cuanto su monto y condiciones llevan a una hipoteca real que entrampa a los contribuyentes, quienes son los que terminan pagándola. La deuda pública financiera a 31 de diciembre de 2016 era de
$657.632 millones, pero a 30 de junio ya llegaba a $716.254 millones y la proyección a 31 de diciembre de 2017 es de $766.897 millones, a pesar de los pagos hechos en 2016 por $72.104 millones y el previsto de intereses y capital en 2018 por la suma de $160.000 millones.
El proyecto propone una programación de los pagos del servicio a la deuda por $1,85 billones entre 2017 y 2026. Es decir, mientras más se paga, más se debe, similar a lo que ocurre con la deuda externa del país, que sobrepasa los 120.000 millones de dólares. Todo esto sin tener en cuenta las vigencias futuras ordinarias y extraordinarias, que solo para 2018 son del orden de $317.128 millones (página 49 del proyecto). Pero si se relacionan las que van hasta el año 2032 y las nuevas hasta 2039 y los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se llega a cifras astronómicas de deudas por encima de los dos billones de pesos, que, como dice el profesor Jairo Parada, la de Barranquilla “es prosperidad al debe”. Y eso sin tener en cuenta que el distrito está inmerso en la ley 550 (ley de quiebras), por la cual pagó en 2016 la suma de $135.871 millones (página 236 del proyecto).
Todo este panorama, además de los múltiples conflictos sociales que pulular por doquier en La Arenosa y que llevaron a miles de ciudadanos a salir a una masiva y vigorosa marcha de antorchas contra la corrupción y por exigir soluciones a sus problemas, debe llevar a que las fuerzas vivas hagan parte de la discusión del proyecto de presupuesto de Barranquilla y se hagan sentir en el Concejo Distrital antes que se nos venga encima esta agresión tributaria que solo beneficiaría a una pequeña capa social, la que controla la contratación pública.
