La actual crisis del poder público en Colombia, particularmente de la rama judicial, nos hace dudar día a día de la idoneidad de las instituciones y de los operadores de la “justicia”, produciendo una enorme sensación colectiva de inseguridad jurídica que se aparta a todas luces de los postulados propios del derecho.
¿Qué debe suceder en Colombia para que las partes en el marco de un proceso tengan derecho a una administración de justicia justa? Parece no ser suficiente una buena defensa, ni las pruebas, ni la misma ley, pues los intereses particulares le han quitado protagonismo a la neutralidad y rigurosidad que debe caracterizar las actuaciones de quienes imparten justicia en el marco de las distintas actuaciones a las que nos vemos abocados los ciudadanos.
Y entonces nos preguntamos: ¿Por qué esta investigación se surtió tan rápido, mientras que esta otra, que revestía la misma importancia, se mantuvo archivada? ¿por qué este procesado tuvo una suerte distinta a la de este otro si estaban en igualdad de condiciones? ¿por qué a pesar de que la ley expresamente regula tal asunto de esta manera, el juez la aplicó diferente y el superior jerárquico confirmó su decisión? ¿por qué este funcionario a pesar de tener una gestión evidente y públicamente pésima, sigue en el cargo o incluso lo promueven? Y empiezan las elucubraciones que solo conducen a imaginar que algo turbio sucede en el Estado y particularmente en la administración de justicia; y con el tiempo, la realidad revelada por los medios de comunicación nos da la razón: pagos por fallos en uno u otro sentido, pagos por congelar las investigaciones, contraprestaciones a favores políticos, amistades íntimas, vínculos familiares, regalos, invitaciones… y en general, cuanto pretexto exista para contaminar un Estado democrático que debería propender por la efectiva independencia de los poderes públicos y el respeto de las garantías y derechos.
De cara a la realidad del país, cuando un abogado le comunica a su cliente que su caso lo conocerá tal funcionario como consecuencia del “reparto aleatorio”, las preguntas normalmente no van encaminadas a conocer su idoneidad y experticia en las funciones propias de su cargo, sino a la forma en que la persona llegó a este, así como sus vínculos, que regularmente son de público conocimiento; estas, entre otras dudas, van encaminadas a conocer si se trata de una persona corrupta o proclive a la corrupción; de ahí que desde el comienzo, en algunos casos, se sepa si se empieza con el pie derecho o con el izquierdo y se pueda incluso, con desconcierto, anticipar imaginariamente el resultado de un proceso.
Por su puesto, la generalización no es sana en ningún ámbito y menos al hacer referencia a la función pública; pero hoy, cuando día a día se descubren actos de corrupción que vinculan a quienes definen los destinos de la reivindicación de los derechos de muchos en diferentes escenarios, la desconfianza es totalmente legítima.
Y las víctimas, además de quienes tienen el infortunio de ser o haber sido procesados por corruptos, resultan ser aquellos funcionarios que auténticamente y con dignidad ejercen o ejercieron las funciones propias de su cargo en derecho, pues existe un manto de duda que los cobija a todos; al punto que el prestigio de la magistratura, como máxima distinción en la rama judicial, lo echaron a perder unos cuantos que se llevaron consigo la transparencia que debe caracterizar las actuaciones de los operadores de justicia.
Lo más desconcertante resulta ser que ha sido necesaria una intervención ajena a Colombia para poner en evidencia tremendos enredos de corrupción, frente a lo cual no ha quedado más camino a la justicia local que actuar en consecuencia, pues se trata de casos que están en una lupa que traspasa fronteras y a buena hora, ya no hay forma de darle un manejo “amañado”.
Y entonces, ¿qué camino les queda a los afectados con las decisiones de los administradores de justicia corruptos? ¿Cómo reivindicar unos derechos y unas garantías enlodadas por intereses particulares que se traducen en violaciones de derechos humanos protegidos por la legislación local e internacional? Una solución resulta ser acudir a los tribunales internacionales en aras de buscar la transparencia no encontrada en los tribunales locales, con las consecuentes condenas al Estado.
En esas condiciones, parecen no bastar las cuantiosas condenas existentes, con las que el Estado aún no ha podido reparar a sus víctimas como resultado de las distintas violaciones a los derechos humanos y ahora, a causa de los actos y omisiones irregulares propios de los funcionarios corruptos, seguro se avecinan muchas más condenas… ¿Cómo se van a pagar? ¿Quién podrá defendernos de la justicia corrupta?
