¿La corrupción como regla de los gobiernos colombianos? La clara muestra de que el Sena no era para el gobierno Santos sino un tarro de mermelada más son las denuncias que su saliente directora María Andrea Nieto ha hecho en los últimos días. Esa especie de “fuego amigo”, en la que las disputas intestinas demuestran que las denuncias de corrupción al interior del gobierno no son inventos de la oposición, desnuda ya no solo la consabida orientación clientelista que arropó a “ñoños” y “musas” en estos años, sino el cinismo de funcionarios que, como Alfonso Prada, se sienten protegidos por la mano invisible pero todopoderosa de la impunidad. Al parecer, la mermelada les sube las defensas a aquellos que son expuestos públicamente, pero que parecen inmunes a la justicia penal y disciplinaria.
Es doloroso que la institución llamada a cualificar el talento humano que requiere el escenario laboral, del que por lo general son protagonistas los más pobres de Colombia, la hayan convertido en una “vaca muerta”, a la que hienas rapaces despresan a su antojo. Todo parece indicar que lo conocido no es sino la disputa entre carroñeros que se pelean por lo que queda del botín, fieras que se muestran los dientes tratando de que a cada uno le toque el último pedazo de la presa; resulta inevitable preguntarse por qué la saliente directora, quien hizo parte de la administración en el Sena de Alfonso Prada, a quien ahora denuncia, esperó hasta que su salida fuera inminente para denunciar lo que ha denunciado en los últimos días. Siendo ella ciudadana, y más aún en su papel de funcionaria pública, le asiste la obligación de la denuncia cuando conoce de hechos irregulares, tal y como lo establecen la Constitución Política y las convenciones contra la corrupción de la ONU y la OEA, de las que Colombia es signataria, y que al ser tratados internacionales se encuentra incorporados al bloque de constitucionalidad en nuestro país.
A manera de excusa, la señora Nieto ha dicho que insistió muchas veces en la Casa de Nariño para que la escucharan, pero no está de más recordarle que ella estaba obligada a ir no a la Presidencia sino a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Contraloría, más aún cuando se evidenció que le estaban “bailando el indio”. Las denuncias son muy serias y van desde irregularidades en los procesos de contratación pública hasta una sospechosa displicencia en la atención de conciliaciones en procesos judiciales, sin olvidar el nepotismo que presuntamente tendría estructurado Alfonso Prada en la entidad, donde el jefe jurídico era su hermano de crianza, por solo citar un ejemplo. Así las cosas, como quiera que todo parece indicar que no era una corrupción “al menudeo” sino toda una operación bien organizada, los colombianos no logramos entender ¿por qué la exdirectora Nieto no fue rauda a interponer las denuncias correspondientes en las instancias en las que estaba obligada a hacerlo, sino que esperó que le abrieran la puerta de atrás para gritar lo que estaba pasando cuando ya iba de salida? A su vez, exfuncionarios y trabajadores del Sena cuestionan la gestión y la contratación de la exdirectora Nieto. Todos los cuestionamientos deben investigarse.
La corrupción descarnada de que se acusa al exdirector del Sena no es menos grave que la modalidad sofisticada de corrupción del director del Sena en Santander, quien según lo demostró el portal político La Silla Vacía obligaba a funcionarios y contratistas a recoger firmas para inscribir la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras, evidencia que la institución ha sido utilizada para las más bajas operaciones de corrupción a favor de quienes durante décadas siempre han encontrado en el gobierno su modo de enriquecimiento familiar. El Sena es la “niña de los ojos” que maneja cerca de 3.5 billones de pesos al año y 1.300.000 estudiantes a la que han trasquilado sin piedad hace ya casi dos décadas, sin que haya condenas ejemplares o rechazo social masivo.
El fenómeno no es exclusivo del Sena y es mucho más complejo que vociferar denuncias de corrupción en foros y campañas políticas mientras se tiene rabo de paja. Infortunadamente, el problema de la corrupción en Colombia es más profundo y extendido; casi que podría decirse que en Colombia la corrupción es endémica. El problema es, pues, estructural, y obliga a deconstruir nuestras malas costumbres políticas desde la base misma, formando desde imperativos ético-políticos que enseñen que lo público es de todos y se respeta por todos, como lo es el agua, el aire, la vida. Es necesario un imperativo ético-político que nos convoque y nos rija a todos: viejos, jóvenes, niños, todos los ciudadanos. Esto para que de una vez por todas dejemos de asumir como verdades indiscutibles, entre otras: “que el vivo vive del bobo”, “papaya puesta, papaya partida”, “como voy yo ahí”, que es la cotidianización maquiavélica de que no importan los medios para conseguir los fines. Esta sociedad ha naturalizado tanto la corrupción que incluso premia al vivo, al que a punta de vender manillas artesanales construye centros comerciales y al que sobresale de la noche a la mañana con fortunas mágicas, lo que ha traído como consecuencia un modelo social donde la corrupción cotidiana es el camino más rápido y eficaz para el “éxito social y político”. Se juzga no al ladrón sino al que se deja pillar, como si ser corrupto fuera una virtud y ser honesto sinónimo de bobo.
Hace poco veíamos como el actual gobierno llamaba a los colombianos a marchar contra la corrupción del anterior gobierno, del que él había hecho parte y quien lo había ayudado a elegir; empero, el anterior también pedía a los colombianos que realizaran otra marcha contra la corrupción del actual. En su momento denunciamos la paradoja que estas solicitudes entrañaban: El rey de la corrupción y de la depravación llama a marchar contra la corrupción del rey de la mermelada y de la perversión, y sus aúlicos cortesanos cierran inmediatamente filas en torno a su rey, rememorando los actos de corrupción del rey contrario, pidiendo que se investiguen los del reino opuesto y en el mismo instante callan, ocultan o encubren los de su propio reino.
Es paradójico que algunos de los que posan de abanderados de la lucha contra la corrupción, de enemigos de la corrupción, solo sean enemigos de algunos corruptos y no de otros; que pidan que se investigue solo la corrupción del reino enemigo y no la de sus amigos. Si de verdad somos enemigos de la corrupción, como lo es la sociedad civil, somos enemigos de todos los corruptos y pedimos que se investigue a todos los corruptos de todos los reinos y que respondan todos los que deben responder.
Asimismo, se puede parecer incorruptible y en realidad no serlo, al permitir que el partido político del cual soy candidato a la
presidencia o a la vicepresidencia reciba dineros de personas jurídicas extranjeras, como fue el caso Odebrecht o del Banco Bilbao Vizcaya Argentariun (BBVA), que entregó dineros millonarios, para las elecciones presidenciales del año 2010 al partido Verde, al Partido Conservador, al Partido Liberal y al partido de la U; violando el artículo 109 de la Constitución Política colombiana. Caso de corrupción que duerme el sueño de la impunidad sin que el Consejo Nacional Electoral o la Fiscalía digan siquiera esta boca es mía.
Ya Lenin señalaba, como verdad casi axiomática, que cuando los bandidos o corruptos pelean entre ellos, los honestos salen ganando: pues mienten y al mismo tiempo dicen la verdad; mienten en lo que dicen de ellos y expresan la verdad en lo que dicen de sus contrarios. El rey de la corrupción miente cuando dice que él es honrado e íntegro; pero dice la verdad cuando afirma que el rey de la mermelada también es corrupto y deshonesto; a su vez, el rey de la mermelada miente cuando dice que él es honesto y leal; y dice la verdad cuando manifiesta que el rey de la corrupción, es como su nombre lo dice corrupto y depravado.
Propuesta contra la corrupción
De las premisas arriba establecidas podemos esbozar algunas propuestas que sirven para la lucha contra la corrupción: combatir la pobreza, salarios decentes; hacer realidad el derecho a la educación universal, rescatar la educación principios éticos; repudiar el maquiavelismo y enseñar que no hay esfera de la actividad del hombre, incluida la esfera política, donde la mejor política es la corrección; que la fuente de la riqueza de los hombres y de las sociedades debe ser su trabajo, es necesario la transformación del régimen económico y político capitalista, que ha hecho del dinero un Dios, que es necesario darle derechos a todos los colombianos, ya que la falta de derechos es la que permite a los corruptos traficar con las necesidades del pueblo; que son necesarias e instituciones como el voto en blanco, que de manera rápida, en un solo día, sin violencia, y sin largos procesos judiciales, permita barrer a los corruptos, pero en la versión original perfeccionada y no en la degenerada y corrompida en que la convirtió la corte constitucional.
Además de las anteriores, se puede mencionar para la lucha contra la corrupción la necesidad de:
1) Estado eficiente y transparente. La falta de transparencia y la ineficiencia son caldo inequívoco de corrupción.
2) El Estado debe ser muy cumplido en sus pagos y obligaciones. Esto incidirá en menor corrupción y mejor imagen del Estado
frente a proveedores y contratistas.
3) El control popular sobre presupuestos y contratos de la administración pública.
Una última reflexión: la experiencia demuestra que es más del 90% de la corrupción estatal pasa por la contratación administrativa. Hoy en día es muy difícil que un funcionario pueda desfalcar al Estado ingresando a una caja fuerte y apropiándose de los dineros. La forma de apropiarse de los dineros del Estado no es asaltando su caja fuerte es corrompiendo la contratación estatal; a veces se corrompe desde el comienzo, amañado el pliego de condiciones, otras veces se corrompe durante el proceso de calificación de los proponentes. Se corrompe también cuando debiéndose hacer una contratación con la regla general, que es la licitación pública, sin embargo, se adjudica directamente.
Igualmente, cuando pudiéndose hacer directamente no se hace en beneficio del interés general, sino en beneficio de intereses particulares y esto es especialmente grave en sectores donde, bajo el pretexto de la defensa nacional o la urgencia manifiesta, se contrata a dedo, entregándole los contratos del sector defensa a un amigo del ministro de turno, que no siempre es el mejor contratista para el interés general. Ejemplos de corrupción de la contratación en la licitación pública, es el caso de la venta de Isagen, pues por definición la licitación pública lo que busca es que se presenten el mayor número de proponentes, poder escoger entre muchos proponentes; y en este caso se adjudicó a un único proponente, con lo que se corrompió el fin de la licitación pública. Como la corrupción pasa por la contratación estatal, Se deben modificar los estatutos de contratación, comenzando por prohibir que quienes han financiado campañas políticas, puedan ser contratistas del financiado directa o indirectamente y quien ha financiado campañas políticas, pueda ser contratista directa o indirectamente del funcionario que financio o de los órganos que dependan directa o indirectamente de él.
Como la corrupción es un cáncer, que carcome todo el Estado, todas las ramas u órganos del poder público, la constituyente debe avocar el tema de la corrupción del todo el Estado, de todas sus ramas y de todos los órganos del mismo. No pueden existir temas vedados para la constituyente. Y no pueden existir además por otras razones. Porque la corrupción, si bien es importante, no es la única causa de la crisis por la que atraviesa el Estado colombiano y como dijera el abate Sieyes: El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente”. Ningún poder constituido puede usurparle al pueblo la soberanía ni el poder constituyente, porque como dijera Rousseau “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”.
El soberano, esto es el pueblo colombiano, tiene como principal atributo el poder para dar la ley, lo que conlleva el poder para dar la máxima ley. La máxima ley de un Estado es la constitución; de manera que el principal atributo de la soberanía, es el poder constituyente. El pueblo titular de la soberanía, es por este mismo hecho, titular del poder constituyente; en cambio, el presidente, el Congreso y las Cortes son poderes constituidos y como tales sometidos al poder constituyente del pueblo. La Constitución es un límite a los poderes constituidos, no para el pueblo soberano y titular del poder constituyente.
Otra razón fundamental es que la crisis del Estado colombiano no fue resuelta ni siquiera parcialmente en el acuerdo de La Habana. El acuerdo de La Habana no cambia el modelo económico, sino que lo perpetúa, no defiende la soberanía nacional. No les da a las víctimas de la violencia sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación ni la garantía de no repetición; no les da a los colombianos la paz con la naturaleza, no está la preservación del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y el desempleo. La reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del congreso, de la Justicia, de la educación y la salud. La redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial. En los acuerdos de la Habana brillan por su ausencia la Libertad e igualdad de los colombianos, la Creación del estado autonómico o federal; el derecho a la vivienda para todos, etc. No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz con justicia social y democracia política y económica, desaparezcan del debate social y político y por estas razones y por estos derechos, es que tenemos que ir más allá del acuerdo de La Habana, a debatirlos y a plasmarlos colectivamente en una asamblea constituyente.
Estos derechos solo puede hacerlos realidad una asamblea constituyente popular, amplia y democrática, con representación de las organizaciones sociales, que cree las nuevas instituciones que hagan posible los cambios estructurales que requiere el Estado y la sociedad colombiana, y con ratificación popular. Cambios que no nos darán ni Uribe ni Santos, ni la FARC, ni la clase política representada en el Congreso, sino la propia sociedad civil indignada y en rebelión por sus derechos.
La sociedad civil, tiene claro que tiene que ser incorruptible, que en política, esta es una condición necesaria, más no suficiente; que se requiere además la democracia política y la democracia económica y la lucha por los derechos de todos los colombianos y que está dispuesta a liberar esta lucha, que la sociedad civil está indignada contra los corruptos que les quitan parte de sus derechos, pero también está indignada contra los incorruptibles o quienes aparentan serlo, que desde la derecha, impiden que se amplíe la democracia política y la democracia económica y con sus ideas también los despojan de sus derechos.
Para ensanchar, incrementar y extender la democracia política y económica, es que la sociedad civil necesita y convoca una
constituyente popular, democrática y soberana, ratificada con posterioridad por ese mismo pueblo, por medio de un referéndum, para diseñar las instituciones, que hagan cambios estructurales en la sociedad colombiana, incluida la verdadera lucha contra la corrupción. “Como el Estado democrático es el gobierno del poder público en público, y como el soberano por mandato del artículo tercero de nuestra Constitución, es el pueblo colombiano, siendo todos los funcionarios públicos no más que delegatarios de este pueblo, es necesario que el pueblo conozca que hacen todos sus mandatarios, tanto el ejecutivo, el legislativo, como el judicial; que sepan con quienes han contratado, y a quienes han contratado.
Ahora que se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias, sería bueno que todos los colombianos supiéramos, en relación con los candidatos al Congreso o a la presidencia, que en el pasado han sido funcionarios públicos, bien en la rama ejecutiva, bien en la legislativa, todos los contratos que ellos han celebrado y con quienes los han celebrado, los montos de los mismos, con el objetivo de saber si ahora, van a financiar sus campañas políticas; para evitar que se repita, el famoso do ut des, tú me das yo te doy; tú me das contratos y yo te financié tu campaña política al Congreso o a la presidencia de la República, yo te financié tu campaña política al Congreso o a la presidencia de la República y tú me das contratos desde esos cargos.
Ante esta realidad proponemos desde ahora, que se expida rápidamente una norma que prohíba a quienes han financiado campañas políticas, ser contratistas del Estado y a quienes han sido contratistas del Estado se les prohíba financiar campañas políticas. La finalidad de esta norma, es muy clara: evitar que los contratistas se sigan apoderando del Estado colombiano, que su interés particular, se imponga al interés general y correlativamente que los funcionarios públicos defiendan de verdad el interés general, como lo manda la República y el Estado social y democrático de derecho y no sean agentes de intereses particulares, como sucedía en la sociedad feudal, en la monarquía absoluta. ¡Los miembros de la sociedad civil, exigimos que el interés general prevalezca sobre el interés particular de los corruptos!
