La Policía de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de dólares (5,7 millones de euros) que la constructora brasileña Odebrecht abonó el exviceministro de Transporte colombiano Gabriel García Morales. Un informe confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS, fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Canòlic Mingorance, acredita esta millonaria comisión ilegal.
El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA)a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc “fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario”.
El beneficiario del depósito fue el exministro del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), Gabriel García Morales, que concedió a Odebrecht un tramo de la autopista colombiana conocida como Ruta del Sol. El exmandatario, que reconoció su culpabilidad el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su condena. También ha admitido su participación en el esquema de blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen libanés Enrique Chisays Manzur.
“En el transcurso del año 2010 y, a través de este depósito representado por los hermanos Ghisays Manzur, circularon fondos por un total de 6,5 millones de dólares (5,7 millones de euros), dinero que provenía de la cuenta abierta en la misma entidad bancaria BPA por la sociedad Klienfeld Services, vinculada a la constructora Odebrecht. Por lo que respecta a los ingresos efectuados no están justificados documentalmente”, recoge el informe policial.
Klienfeld es una de las dos sociedades que empleó la constructora brasileña para abonar 110 millones de dólares (94 millones de euros) en comisiones ilegales en cuentas secretas en la BPA.
El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 esta entidad financiera por blanquear capitales de redes criminales. Y el Principado, atenazado por la presión internacional, acabó con el secreto bancario el pasado año.
La mercantil panameña Lurion Trading Inc abrió una cuenta en la BPA el 4 de febrero de 2010 que, en la actualidad, registra un saldo de 3.611 euros, según los investigadores. Sus representantes son los hermanos Eduardo Assad y Enrique José Ghisays Manzur. En el documento de conocimiento del cliente, se presentaron como empresarios (economistas) que abren un depósito para ahorro e inversión de fondos que tienen su origen en el cobro de comisiones por su actividad laboral. Su previsión de ingresos semestrales era de entre 200.000 a 500.000 dólares (entre 171.621 y 429.052 euros) con un saldo previsto final de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros).
La Policía concluye que los ingresos en la citada cuenta andorrana fueron superiores. A través de seis traspasos internos desde Klienfeld, la sociedad que uso Odebrecht para sus pagos ilegales, llegaron 6,5 millones de dólares (5,7 millones de euros) a la cuenta de la sociedad panameña Lurion Trading Inc. El informe policial señala que, por su colaboración, Enrique Ghisays recibió 750.000 dólares (647.000 euros) del directivo de Odebrecht Luiz Eduardo Da Rocha.
La Policía de Andorra pone, también, el foco en Paulo César de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en Florida (EE. UU.), que supuestamente participó en una reunión en las oficinas del bufete en Miami con directivos de Odebrecht en la que se habló presuntamente de la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de Antigua, entidad que utilizó la constructora para abonar sobornos, según la declaración de dos testigos a la Justicia brasileña.
En su declaración ante la Fiscalía colombiana, Enrique Ghisays citó, también, al despacho Akerman LLP. Admitió que viajó a Miami junto a Luiz Eduardo da Rocha Soares, director de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (denominada Oficina de Sobornos) y allí se decidió crear una sociedad off shore y una cuenta para canalizar el soborno del exministro García Morales.
La acusación no determina si el bufete estaba al tanto del pago ilegal. Akerman ha negado su participación en los hechos. Los informes policiales examinan una cuenta de la sociedad creada en las islas Vírgenes Kingstall Financial Inc abierta el 25 de mayo de 2010 cuyos representantes fueron Paulo César Miranda y Carlos Raúl Barrios Icaza. La cuenta llegó a tener en julio de ese año un saldo de más de 12 millones de dólares (10,2 millones de euros).
EL PAÍS remitió sin éxito un cuestionario a Carlos Raúl Barrios Icaza, directivo del Metro Bank de Panamá. En su nombre, este diario recibió la contestación de la compañía Aramo Corporate Services Inc desde Tortola (islas Vírgenes) que dice representar a Barrios Icaza. La empresa afirma que Barrios “no está autorizado a dar información sobre clientes o antiguos clientes de esta oficina”. Y añade que fue el abogado de Miami Paulo Cesar Miranda quien creó la sociedad y tuvo el control sobre sus asuntos.
“El papel del señor Barrios en Kingstall se limitó a servir como director y sus acciones se limitaron a seguir las instrucciones dadas por el cliente. Nunca ha manejado una cuenta bancaria o fondos de la compañía. Es imposible para él o para nosotros confirmar como el cliente dirigió sus negocios, cuando y donde la compañía abrió cuentas bancarias o el balance de las mismas”, señala.
Finalmente, destaca que Barrios cesó en su papel de director de la sociedad cuando se enteró de que Kingstall estaba siendo investigada por sus lazos con Odebrecht. En la documentación de la BPA figuran diversos documentos, pasaporte incluido de Barrios Icaza, sobre Kingstall Financial Inc y su cuenta en el banco andorrano.
*Investigación de ElPais.es
