Parece que una parte de la sociedad colombiana ha olvidado que vivimos una situación excepcional de guerra durante más de 60 años. La guerra no es la normalidad de la vida de una república. En años recientes quien quiere vivir en guerra —y la provocan— es el imperialismo por su mismo carácter agresivo. Lo normal para una sociedad es vivir en paz, con tranquilidad para poder construir sus sueños.
De otra parte, olvidan algunos funcionarios y analistas burgueses —no sé si consciente o inconscientemente— que el acuerdo de paz es uno de carácter excepcional que busca resolver el problema de la existencia de unas guerrillas durante 53 años —producto de una agresión estatal reiterada cada 4 años por el presidente de turno—.
Si fue excepcional el Ataque a Marquetalia —16.000 soldados, utilización de la aviación (bombardeos) y uso de armas biológicas (peste negra)— su solución debía ser un acuerdo de carácter excepcional. Como siempre insistió el comadante Alfonso en ”buscarle una salida política al conflicto interno”.
De allí que es importantísimo resaltar que lo que los colombianos debemos agradecer, especialmente a las FARC-EP y al presidente JM Santos, claro está, es haber logrado construir el acuerdo de paz que cesó la confrontación fratricida entre los colombianos. Y sentó las bases para resarcir —en el papel con la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón—a los colombianos por todos los vacíos que el estado no ha previsto, o nunca quiso resolver, especialmente en lo relativo a Reforma Rural Integral, reforma política, etc, etc.
Ese acuerdo excepcional preveé, entre otras, la participación política de la FARC. Una participación excepcional. El hecho de que los miembros de la FARC puedan acceder a cargos de representación —ya tienen asegurados 5 en senado y 5 en cámara producto del acuerdo— es quizás la muestra más contundente que se pensó en la reincorporación a la sociedad de los guerrilleros y se reconoce el carácter eminentemente político del nuevo partido FARC.
Como muchos funcionarios estatales están por torpedear el acuerdo de paz —producto de la legalidad de guerra imperante y del odio que experimentan algunos— ahora salen que necesitan “certificado de buena conducta” como si alguien que hubiera estado involucrado en una guerra durante 53 pudiera mostrar un certificado de tal tipo.
No, señores. No pueden a la FARC aplicarle la “normal” constitución ya que ella no preveé estas situaciones excepcionales. Por y para ello fue posible y necesario el acuerdo de paz, un acuerdo de naturaleza política con efectos económicos y políticos. En consecuencia tiene el gobierno de JM Santos que garantizar la excepcional participación de la FARC en el debate electoral.
Es de resaltar que la FARC tiene en estos momentos suspendidas las órdenes de captura que pesan sobre su dirección política, a la espera de la JEP a la cual se someterán algunos de sus comandantes, entonces no se entiende que un “inteligente” registrador esgrima la necesidad de un certificado de buena conducta y lo esgrima para impedir la participación de FARC en la campaña electoral.
Al estar suspendidas las órdenes de captura significa y se entiende que no hay ningún impedimento por el cual se puede negar la participación política de la FARC. Ninguno. Además, esa participación está contemplada en el acuerdo de paz.
Sabemos que muchos funcionarios estatales transpiran copiosamente odio hacia la FARC, más ello no debe ser óbice para no cumplir con su deber. Ese deber es expedir los certificados de buena conducta a fin de que por fin los colombianos, todos, podamos vivir en paz.
Ahora bien, entenderíamos mucho menos que en el estado colombiano haya una conducta diferenciada hacia ciertos ciudadanos. Los miembros de FARC pueden movilizarse “libremente” por todo el país, protegidos por los escoltas estatales encargados de su seguridad, participando en eventos de todo tipo y ahora ante la participación en política se les restringe ese derecho “normal” de todos los colombianos.
Es como si para unas cosas no se exige certificado de “buena conducta” para, por ejemplo, asistir a una conferencia en una Universidad, y para otras, participación política, se exigiera esa certificado. Ante ello estaríamos ante una conducta fascistoide de ciertos funcionarios estatales.
Nunca se debería olvidar que estamos inmersos en una situación excepcional, de construcción de la paz, de implementación del acuerdo de paz. Siempre deberíamos privilegiar el bien supremo de la sociedad, la paz. No hacerlo sería ir en contravía de los deseos de los colombianos y por ahí no es la cosa.
