Sin darnos mucha cuenta, el país ya está en campaña electoral para escoger congresistas y el próximo presidente de la República. Paso a paso la contienda política se calienta con encuestas, candidatos y discursos políticos para todos los gustos. Hay casi 30 ciudadanos postulados para el primer cargo del Estado que nos gobernara por otros cuatro años más.
Se quiera o no los acuerdos de paz con las Farc y los diálogos y pactos parciales con el ELN inciden de manera contundente en el proceso político en curso y en las dinámicas del nuevo ciclo político abierto por la mesa de conversaciones de La Habana y por la política del gobierno para resolver el prolongado conflicto social y armado nacional.
Treinta candidatos presidenciales es el mejor reflejo del ambiente de apertura política propiciado por los consensos construidos alrededor de la paz.
Lo cierto es que el texto del acuerdo de paz firmado a finales del 2016 en el Teatro Colon de Bogotá es un referente ineludible a la hora de hacer el correspondiente análisis histórico y político del actual período de la existencia de la nación colombiana.
Desde el ángulo de las luchas populares, la constitución de los sujetos políticos transformadores, la lucha revolucionaria, la disputa por el poder político, la estrategia socialista, las claves del acuerdo de paz son esenciales para su desarrollo y determinación de contenidos; el mismo será la plataforma de lucha y el pliego de demandas esenciales de toda la sociedad en el presente y hacia el futuro.
Su esencia marca la ruta política de la acción colectiva de los movimientos sociales y de la izquierda para desalojar del Estado la vieja oligarquía de terratenientes, banqueros, generales, multinacionales y demás operadores del neoliberalismo, como los denominados partidos tradicionales.
Es en ese contexto que debe interpretarse el lanzamiento de los candidatos del nuevo partido (Farc) a la presidencia, vicepresidencia y corporaciones legislativas, así como la anunciada política de convergencias y alianzas regionales y locales.
En mi modesta opinión, tal decisión estaba demorada, pues era evidente la contradicción entre el enorme esfuerzo hecho para sacar adelante la negociación política y el cruzarse de brazos frente a los desafíos que plantea la construcción de la democracia ampliada. Era preciso salir de la parálisis y la perplejidad y retomar la iniciativa.
La campaña electoral es una oportunidad excepcional para debatir con las masas populares los grandes retos planteados por la construcción de la paz mediante la implementación del acuerdo.
Cierto que las dificultades son enormes, que los enemigos son muy poderosos, que la violencia se expresará con otros rostros continuadores, que los poderes dominantes manipularán para impedir y abortar la materialización de la reforma rural popular, la democracia ampliada, los derechos de las víctimas y la sustitución reformista de la coca, pero no por tal adversidad se debe abandonar la lucha en desarrollo.
Hay que insistir en la línea política descartando las formulas facilitas del regreso a los actos armados sin querer decir que la sabia formula leninista y obrera de la combinación de las formas de lucha de masas esté agotada entre los revolucionarios.
Grandes tareas les esperan a los candidatos del Común en los próximos meses y nuestro deber es acompañarlos. Ojalá el destemplado y desaliñado sectarismo de veredas y nevados no malogre la unidad y pluralidad del movimiento social y popular.
Hay ciertas fichas del entorno de Londoño empeñadas en la descalificación y el señalamiento sectario de quienes no comparten sus arbitrarios métodos de centralismo político autoritario y arbitrario. Reiteramos, no solo hay que demandar la democracia y los derechos políticos, también hay que practicarla y reconocerlos en los ámbitos de las jurisdicciones constituidas con los avances de la paz.
