Ya en artículos anteriores como El congreso colombiano desperdicia la oportunidad de un cambio trascendental y ¿Promulgar normas jurídicas sin legitimidad hace necesario un nuevo contrato social?” iba dando pista de la reflexión que hoy les presento. Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes explicaba que las funciones del Estado debían dividirse en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales deberían ser independientes entre ellos, con el fin de que existiera un sistema de pesos y contrapesos que les permitiera controlarse mutuamente.
En la Constitución Política de 1991 se buscó estructurar esa tridivisión de poderes, pero la realidad política marca otra tendencia. Un ejemplo de lo anterior lo observamos en la presente campaña por la Presidencia de la República (cargo del poder ejecutivo), al que se encuentran aspirando congresistas y excongresistas (legislativo), exministros, exalcaldes, exgobernadores y exvicepresidentes (ejecutivo), exprocuradores (organismos de control) y en donde las altas cortes se encuentran flaqueando por su poca transparencia frente a los mencionados anteriormente.
Todo lo reflejado en el párrafo precedente conlleva que al momento de que una persona ocupe un cargo público, en detrimento del interés que debería representar, ejerza su función de manera tendenciosa con el fin de lograr llegar a otro puesto con más poder. Por ejemplo: un procurador no va a ejercer un control adecuado si se va a dedicar a perseguir a los que no les conviene y hacerse el ciego con sus aliados o un congresista va a utilizar su curul como plataforma para lanzar su campaña como quedó visto en el debate de corrupción presentado por la coalición Colombia en semanas anteriores (Claudia López y Jorge Robledo).
Entendido esto, es necesario comprender la urgencia de una reforma estructural a los tres poderes del Estado y sus organismos de control, firmando así un nuevo contrato social, en donde se profesionalice el Congreso, se elimine la representación proporcional, que los presidentes no salgan de los mismos partidos que eligen a los candidatos para ser congresistas, alcaldes y gobernadores, porque ya desde el filtro primario se está impidiendo el control adecuado; los jueces deben seguir su carrera hasta las altas cortes y dejar a un lado las ternas propuestas. Debe primar, en general, una estructura que sea completamente estricta en donde se anteponga la inhabilidad, la cual va a impedir que un congresista pueda llegar a ser presidente, que un juez sea congresista, entre muchos ejemplos más que permitirían lograr consolidar un equilibrio más adecuado.
Con esta independencia de funciones y de estructuras se pueden lograr unas instituciones más sólidas que van a permitir un verdadero sistema de pesos y contrapesos como el planteado por Montesquieu inicialmente; mientras esto no se realice, seguiremos viendo cómo el entramado político va aumentando su cosa nostra con base de los intereses de la población y así poderse repartir el poder los mismos con las mismas sin vigilancia estricta.
