Es bien sabido que en Colombia el acceso a la educación superior es limitado, de un lado por los estrechos márgenes de admisión que manejan las universidades públicas y por el otro, considerando los elevados costos que supone acceder a universidades privadas de alta calidad, más aun considerando la difícil situación económica que comparte la población capitalina que se expresa en las crecientes tasas de desempleo y trabajo informal, la tercerización laboral y otros hechos que aumentan la precarización laboral en el país. Ello, sumado a la insuficiente capacidad de cobertura de necesidades básicas que tiene el salario mínimo frente a los costos de la canasta familiar y al recorte de servicios propio de la adopción de políticas orientadas a debilitar el patrimonio público del país y por ende a reducir sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes.
Es evidente que esta dinámica de debilitar lo público ha incursionado en todas las áreas del Estado: servicios públicos, telecomunicaciones, salud y educación, por mencionar las más notorias. En el ámbito de la educación superior particularmente, se han tomado medidas que atacan gravemente la estructura de la educación pública a través de programas como Ser pilo paga o el reciente programa creado por la administración distrital mediante el Acuerdo 670 de 2017 que crea el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior, que bajo la misma lógica de Ser pilo paga oferta becas-crédito para que los jóvenes “más pilos” accedan a programas de educación superior en las mejores universidades del país.
Aunque su funcionamiento se desarrolla bajo la misma lógica, el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior surge con elementos adicionales al programa Ser pilo paga. De un lado, abre la posibilidad a que todos los estudiantes bachilleres sin distinguir su condición económica puedan ser beneficiarios del fondo, a su vez establece que los criterios de selección de los beneficiarios del fondo consisten en dar prioridad a quienes tengan dificultades económicas para costear los estudios y a los estudiantes con mejor rendimiento académico.
A pesar de que los programas de becas-crédito son presentados por parte de la administración nacional y distrital como oportunidades de que los jóvenes económicamente menos favorecidos accedan a cursar una carrera técnica, tecnológica o profesional en las mejores universidades del país en el marco de políticas educativas de inclusión, esta realidad encubre la desfinanciación progresiva de las universidades públicas y por ende su creciente crisis.
El Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior dispondrá de poco más de 15.400 millones de pesos que financiarán los créditos-beca. Esta es una cuantiosa suma de recursos públicos que considerando que constituyen la suma de aportes que las y los bogotanos realizamos al distrito deberían lógicamente ser invertidos en el fortalecimiento de las universidades públicas del distrito. Sin embargo, para desconcierto e indignación de muchos el “truco” está en disponer de recursos públicos para desviarlos a las universidades privadas, so pretexto de brindarle la oportunidad a miles de jóvenes de acceder a educación superior de alta calidad.
Para tener una idea de ello, el fondo financia con recursos públicos el valor de la matrícula de un beneficiario del programa en una universidad privada, mismo valor que en una universidad pública podría beneficiar a 5 o incluso más estudiantes, ejercicio que trasladado al panorama nacional devela la profunda gravedad del problema en cuanto al recorte de recursos y oportunidades de acceso a cientos de bachilleres que sueñan cursar y aprobar una carrera profesional.
Lo cierto es que lejos de promover la inclusión y la igualdad, estos programas desproveen a las universidades públicas de los recursos necesarios para su funcionamiento, limitando y reduciendo el potencial de estas en términos de desarrollo físico, investigativo, científico, tecnológico; reduciendo así la posibilidad de crear nuevos proyectos curriculares, ampliar la cobertura y en términos generales, mejorar la calidad educativa de quienes ya estudian en la universidad pública y de ofrecerle la posibilidad a miles de jóvenes que no tienen la capacidad económica de costear una universidad privada de acceder a una educación superior pública de calidad.
Adicional al ya problemático panorama se suma un hecho más ya que el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior no solo apoyará la formación en un programa de educación superior a los bachilleres que mayores dificultades económicas tengan, sino que ahora esta población con menor capacidad adquisitiva deberá competir por ser beneficiario de las becas-crédito con quienes no solo tienen la capacidad económica para costear una carrera universitaria sino que además tienen una formación académica generalmente de mayor calidad y por ende un rendimiento académico mayor. Este último uno de los criterios que establece el fondo para ser beneficiario.
Estos programas permiten entrever la precarización de la educación superior pública, en tanto ahora bajo el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior, los jóvenes deben competir por el apoyo que por derecho debe brindar el Estado para garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes económicamente menos favorecidos a la educación superior a través de las universidades públicas en las que puedan recibir educación de alta calidad en iguales o mayores condiciones que en las universidades privadas.
Lo cierto es que el Gobierno nacional y distrital viene implementando políticas que so pretexto de darle la oportunidad a los jóvenes “más pilos” de estudiar en las mejores universidades del país, encubren la desfinanciación progresiva de las universidades públicas, aumentando la brecha de calidad existente entre universidades públicas y privadas, dejando a las universidades públicas con recursos insuficientes para su óptimo funcionamiento y en definitiva, aumentando la desigualdad social en tanto quienes acceden a las universidades públicas tienen menores garantías para desarrollar satisfactoriamente el proceso académico y difícilmente su proceso de aprendizaje será de igual calidad a la de quienes tienen la posibilidad de estudiar en universidades privadas.
Desfinanciación progresiva que amenaza con destruir la educación superior pública a tal punto que de continuar debilitando su estructura, la educación superior pública que constituye un logro histórico producto de varias luchas y reivindicaciones sociales podría terminar siendo una institución de baja calidad o privatizada. Es por ello fundamental que todas y todos los ciudadanos actuemos en la defensa de la universidad pública como escenario de reflexión, generación de pensamiento crítico y construcción colectiva y exijamos a nuestros “representantes en el gobierno” condiciones dignas y propias para generar desarrollo e innovación reales atendiendo las necesidades presentes en nuestra realidad colombiana desde la universidad pública y popular.
