Los hechos políticos en Catalunya suceden a una velocidad de vértigo. El pasado 10 de octubre, el presidente Carles Puigdemont hizo la esperada Declaración Unilateral de Independencia en un pleno del Parlament que tuvo en vilo prácticamente a todo el planeta. No obstante, su declaración si bien anunció que comenzaba el proceso para la independencia definitiva, fue matizada por un aplazamiento en el que se abría un compás de espera invitando al diálogo con el gobierno de Madrid.
Dicha declaración aplazada fue entendida de diversos modos por los sectores políticos catalanes y españoles. Mientras los independentistas más radicales se sintieron frustrados pues consideraron que la declaración fue ambigua, la derecha española en el gobierno entendió que declaración era declaración y exigió al president aclarar el alcance de la misma, cerrando cualquier posibilidad de diálogo político, insistiendo en el cumplimiento estricto de la ley y amenazando con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que prevé la suspensión del gobierno autonómico, la disolución del Parlament y la convocatoria (por parte del gobierno central) de elecciones en Catalunya.
Dos días después, el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, el gobierno de Madrid celebró el tradicional desfile militar que conmemora el día en que España se convirtió en imperio. Los desfiles de los años anteriores se habían caracterizado por su austeridad debido a la crisis económica que atraviesa el país desde 2008, pero en esta ocasión se celebró por todo lo alto, se llamó a la conmemoración el “día del orgullo español” y se hizo desfilar, de forma inédita, a la policía junto a los militares. En Colombia es usual que la Policía Nacional marche en los desfiles del 20 de julio, pero en España el carácter civil de los distintos cuerpos de policía (se les reconoce, por ejemplo, el derecho a la sindicalización) era algo que se guardaba con celo desde la caída de la dictadura. Al parecer, las imágenes de la policía golpeando brutalmente a ciudadanos que querían votar en el referendo del 1 de octubre en Catalunya no sirvieron para moderar la posición del gobierno de Madrid sino para todo lo contrario, es decir, para reforzar ante la ciudadanía la imagen de una policía cada vez más militarizada y de un gobierno dispuesto incluso a apelar a la violencia con tal de evitar que los catalanes decidan sobre su futuro. Es decir, continúa el criterio de que Catalunya es tierra ocupada y sometida, y no una nación más que conforma el diverso panorama de los pueblos de España.
Un elemento se sumó a agravar la situación de tensión política. El 9 de octubre se celebró el Día del País Valenciano. Hay que recordar que la Comunidad Valenciana conforma –junto con territorios en España y Francia como Catalunya, las Islas Baleares, el departamento francés de los Pirineos Orientales, el Carche en la región española de Murcia y la ciudad de Alguer en la Córcega francesa– lo que muchos llaman los “Países Catalanes”, que coinciden territorialmente con los dominios del antiguo reino de Aragón y que se caracterizan por el uso tradicional de su propia lengua, diferente del castellano y el francés. Pues bien, el 9 de octubre durante la manifestación convocada por la izquierda valenciana para reclamar el reconocimiento a su identidad y la autonomía frente al gobierno de Madrid, grupos de extrema derecha agredieron a los manifestantes sin que la policía hubiese hecho nada para impedirlo. La ferocidad del ataque y la impasividad de la policía no hicieron sino agravar los sentimientos nacionalistas y la indignación en todo el país.
Durante la semana se presentó un hecho inédito que hizo más compleja la situación. Numerosas empresas establecidas en Catalunya (se calcula que más de 500) decidieron trasladar sus sedes a otras partes del país ante lo que se prevé puede desembocar en una mayor inestabilidad económica. Demostrando una vez más que el capital no tiene patria, los empresarios resguardaron sus inversiones en otros territorios dando con esto munición al discurso centralista y españolista que argumenta que la independencia catalana es sólo un “salto al vacío”. Lo sintomático de todo esto es que, según algunos sondeos de opinión, muchos catalanes que apoyaban el derecho a decidir han cambiado de parecer y ahora se muestran críticos con el proceso. Una prueba más de que, por un lado, a veces las urgencias económicas influyen más que las ideas políticas, y por otro, que buena parte del independentismo catalán está inspirado netamente por intereses económicos y no por una auténtica intención de reivindicar su identidad nacional.
Mientras todo el proceso se hace cada vez más complejo y la incertidumbre es la norma, el jefe de la policía autonómica catalana (los Mossos d’Esquadra) ha sido acusado de sedición por una jueza de la Audiencia Nacional. Hay que recordar que la Audiencia Nacional es un tribunal especial creado para juzgar a los miembros de la organización ETA y que se ha especializado en conocer delitos de terrorismo y de afrentas a la Corona. Al parecer en España “injuriar” al rey es tan grave como poner una bomba. Pues bien, a los 14 oficiales del gobierno catalán y a los miembros de la Asamblea Nacional Catalana acusados de sedición, se suma ahora el señor Josep Lluís Trapero, quien en una muestra de compromiso con su función ante la ciudadanía catalana, se negó a que los Mossos d’Esquadra bajo su mando se prestaran a participar en las golpizas que la policía nacional y la Guardia Civil (policía militar) dieron a quienes querían votar el 1 de octubre. En otras palabras, no aplicar la violencia indiscriminada contra el derecho a decidir es hoy un delito político en España.
De todo esto no queda sino la evidencia de que el carácter democrático del régimen político español es una farsa. Un sistema electoral que castiga a la izquierda; un relato nacional que ignora la diversidad del pueblo español; un sistema judicial heredero de la dictadura que castiga el disenso y la libertad de expresión mientras absuelve la corrupción y la estafa; unos medios de comunicación sensacionalistas, superficiales y mentirosos; unas fuerzas de seguridad que se comportan con la gente como si trataran con enemigos y no con ciudadanos; y una ultraderecha que se normaliza cada vez más y termina ocupando el “centro” político, mientras en el resto de Europa es ilegalizada. Por eso se hace urgente el replanteamiento de todas las reglas del juego, es decir, de un proceso constituyente, antes de que el Estado, el territorio y la sociedad española salte por los aires.
Mientras tanto en Venezuela, en la terrible “dictadura” venezolana, se han celebrado las elecciones a gobernadores, la convocatoria número 22 en 18 años, con un claro triunfo de la Revolución que ha ganado en 17 de 23 estados obteniendo más del 54% del total de los votos. Sin violencia, en paz, con una altísima participación de más del 65% y con la alegría del pueblo venezolano que una vez más demuestra que se hace dueño de su futuro. Curioso el mundo que nos pintan los medios de comunicación: En la “democracia” que se precia de ser “modélica” y que pretende dar lecciones a América Latina se golpea, se tortura y se persigue el disenso, mientras en la “dictadura castrochavista” se convocan más elecciones que en ningún país y el gobierno acata y respeta los resultados, comenzando por los que le son adversos.
En España deberían observar mejor lo que ocurre en este lado del Atlántico, no para juzgar y condenar los procesos populares sino para aprender de ellos.
