Tras la constitución de la Región Administrativa de Planificación del Caribe (RAP Caribe) es importante tener claro hacia dónde se dirige este proyecto supradepartamental de organización administrativa del territorio, más allá del populismo regionalista, del que se ha valido el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para posicionar positivamente su proyecto político regional en la opinión pública.
Nuestro país ha atravesado un importante proceso de descentralización, que podemos reseñar desde 1988 cuando se realiza la primera elección de alcaldes y gobernadores a través del voto popular, esto evidentemente representó una reducción del control político del ejecutivo central frente a las decisiones en los territorios, y el inicio de una apertura democrática que le permitió a partidos no tradicionales ocupar espacios de poder local. En ese sentido, la descentralización política se entendía como la profundización de la democracia y una forma de autodeterminación de los municipios y departamentos. Sin embargo, la constitución del 91 traería consigo una transformación en la concepción de autonomía y descentralización en lo político y lo administrativo.
La constituyente del 91 sería la base para materializar el planteamiento de un Estado unitario con centralidad política y descentralización administrativa, poniendo a los entes territoriales en función de la gestión administrativa eficiente bajo los criterios de competitividad. Lo que se traduce en la aplicación de los mecanismos de gestión privada a la administración pública. Por otro lado la centralidad política se expresa en la imposibilidad de los territorios de auto determinarse de forma democrática, como en el caso de las recientes consultas populares que han rechazado la política económica minera del gobierno nacional, sin efectos reales de decisión.
La competitividad es entonces una inquietud no solo para las empresas privadas en el ámbito del mercado, sino que se transforma en una preocupación de primer orden para los entes territoriales del Estado. Los municipios y departamentos compiten bajo esta lógica en la búsqueda de aumentar sus ingresos y reducir sus gastos, en una sociedad donde el resultado es medido en términos de rentabilidad y no del impacto social la política. En ese sentido, la economía de mercado construye una gestión pública de mercado. Tal como lo sugiere el informe de la comisión trilateral de 1973.
La ley 1454 de 2011 es clara en plantear como principios rectores del ordenamiento territorial a la autonomía, la descentralización y la regionalización, como forma de garantizar una mejor gestión de los recursos. El discurso populista que alude al ingreso de mayores recursos producto de la RAP a los territorios es falaz en la medida que la ley misma plantea que en ningún caso las RAP generaran gasto del presupuesto general de la nación, de las regalías o del sistema general de participación. Por el contrario, son los departamentos los que deben destinar recursos al sostenimiento de la burocracia generada a partir de la constitución de la RAP. En ese sentido, la RAP lejos de exigir al gobierno central mayores recursos, lo que hace es aliviar la responsabilidad del gobierno nacional frente al desarrollo económico y social de las regiones. Las regiones tienen ahora la tarea propia de enfrentar los retos de infraestructura y competitividad, tratando de hacer lo posible por atraer capitales a sus territorios por medio de una gestión eficiente. Por ello, la RAP caribe no es la única en curso (ni siquiera la primera). Existen proyectos para la constitución de regiones administrativas en la Amazonia, el Eje Cafetero, la Orinoquia, el Sur, y regiones ya constituidas en el Pacifico y el centro del país. Lo que devendrá del modelo de competitividad regional es una concepción depredadora del presupuesto público, que profundizará las contradicciones internas del país bajo un esquema de racionalidad individual de cada región constituida.
La RAP Caribe está muy lejos de ser un proyecto de autonomía e integración regional para el fortalecimiento de la identidad cultural y social de un proyecto de Región Caribe. Es por el contrario el surgimiento de nuevas dinámicas de exclusión territorial que de entrada plantean nuevas formas de centralidad y dependencia, en la medida que el liderazgo de la clase política del Atlántico se perfila de forma oportunista para obtener control sobre los recursos que actualmente son destinados a las regalías o distribuidos por el sistema general de participación, fruto de la explotación minera en la región, que son administrados actualmente desde el orden central y son generados en departamentos históricamente excluidos como la Guajira y Cesar. Es por ello, que la clase política de la región (alineada al proyecto central) no es la llamada a liderar un proceso real de integración regional, al tiempo que no es posible pensar en la construcción de un proyecto de autonomía regional sin el concurso de la sociedad en general y la ampliación de la democracia, mas allá de los no muy honorables "representantes" (gobernadores, alcaldes y congresistas) de la región.
