El Cauca ha sido muy de malas en asuntos de vías, porque ha sido infortunado en cuestiones de dirigencia pública. Ejemplo: es una fábula recontada desde el siglo XIX la construcción de la carretera al mar. Cada vez que se requería como estrategia electoral, le calentaban el oído a las mayorías, mantenidas a propósito con poca educación y escasa formación cultural, para que estuvieran “votando” por la vía al mar, o por cualquier carreteable que en campaña siempre aparece, pero desaparece al otro día de elecciones. Ya la gente se cansó de la leyenda, porque fue un imposible para el Cauca, cosa que sí se pudo, a medias, obvio porque es Pacífico, en el Chocó, Valle y Nariño. Claro que hoy nos echan nuevos cuentos, pero sin vía al mar.
Y así seguimos en este siglo XXI con un Vargas Lleras inaugurando vías que se derrumban, obras que se desmontan, dineros públicos que se pierden, y otras que se entregan en concesión pero no se hacen. Históricamente el Cauca ha sido considerado un menor irresponsable, inválido o idiota, que puede aportar la no despreciable votación de 950.000 ciudadanos, pero no más; te vi, eres desechable.
Por estas razones, estoy absolutamente seguro de que CASS Constructores, Carlos Alberto Solarte Solarte, a través de su estructura temporal con la que se ganó el contrato de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, el concesionario Nuevo Cauca, no le cumplirá al presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando exigió hace quince días, en El Tambo, Cauca, inaugurar por lo menos el primer tramo de la obra antes de entregar su mandato.
No le cumplieron al ministro de transporte, Germán Cardona, cuando anunció al país en esa ceremonia, que “en 15 días el encargado de la construcción deberá iniciar obligatoriamente las obras porque ya todo está en regla”. El concesionario Nuevo Cauca no le para bolas al ministro, ni a nadie.
Adjudicado el contrato de $1.2 billones para el proyecto de cuarta generación, hacer la obra parece ser lo de menos; cualquier cosa que ocurra siempre será responsable el Estado, perdedores todos los caucanos y únicos ganadores, como siempre, ellos.
No cumplirán porque a CASS, dueño de Nuevo Cauca, ahora se le vino encima otro problema por sus malas compañías. El ingeniero Solarte y su hija Paola también resultaron vinculados a la corrupción internacional Odebrecht. La Fiscalía los investiga.
Serán procesados por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho por dar y ofrecer, en la ejecución de un contrato que celebró Odebrecht y CASS con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, EAAB, para la construcción del interceptor de Tunjuelo Canoas, una obra que hacía parte del plan de descontaminación del río Bogotá.
Por el mismo caso fue imputado el condenado exalcalde Samuel Moreno Rojas y otros, por ahora presuntos pícaros de alto vuelo, pues según la Fiscalía, para la adjudicación de la obra al consorcio Solarte-Odebrecht, se habrían repartido sobornos que llegaron incluso hasta los bolsillos de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. Las coimas habrían rondado entre el 6% y el 9% del valor total del contrato, celebrado por 244. 363 millones de pesos en 2009. Jorge Pizano Callejas, era el gerente de la EAAB en aquella época pero luego renunció para irse a trabajar como directivo en Odebrecht.
Solarte también aparece junto a Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol, donde también metió la mano el exsenador Otto Bula.
Infortunadamente, la segunda calzada Popayán-Santander de Quilichao también fue adjudicada por la Agencia de Infraestructura, ANI, el 16 de junio del 2015, hace más de dos años, a Nuevo Cauca S.A.S. nombre temporal escogido para la sociedad Carlos Alberto Solarte Solarte (35%), Cass Constructores S.A.S: (35%), H&H Ecuador (25%) y H&H Colombia (5%).
Digo ‘infortunadamente’ porque el acta de inicio se firmó el 23 de septiembre de 2015 y miren en lo que estamos más de dos años después mientras calculan no cuándo iniciarán la obra, sino cómo montan nuevos peajes porque lo que no se ve es la rehabilitación y mejoramiento de la vía existente, que parece una trocha.
Hace ocho meses el mismo Vargas Lleras, siendo vicepresidente, advirtió que se podría perder la billonaria inversión si no se agilizaban las consultas previas, el otorgamiento de licencias ambientales y todo lo necesario para iniciar. Tampoco le pararon bolas.
Les habían dado plazo de 1 año para la fase de pre construcción y 4 años para la construcción, es decir que la obra terminada deberían entregarla el 23 de septiembre de 2019. Como les queda menos de un año, no cumplirán, así el mismo presidente de la República les ruegue cumplir. No le cumplirán, y en consecuencia, estaremos atentos a todas las disculpas pseudo-técnicas que estarán montando para denunciar al Estado, que somos todos los ciudadanos, cuando deba dar por terminado unilateralmente el contrato.
¿Nos orientará un poco Odebrecht para saber cómo le entregan a los Solarte el presupuesto necesario para construir las obras y fuera de eso la operación de muchos peajes de este país, mínimo por 25 años prorrogables, como hicieron hace poco con el de Villa Rica? ¿Cómo harán para lograrlo? Deberían responder la Contraloría y la Auditoría General de la República, entre otras “ías” que ni se sienten.
Es más, hace un año, hoy exactamente, se ordenó desmontar el Viaducto Córdoba sobre la Transversal El Libertador, que comunica a Popayán, Totoró, Inzá, Valencia y finaliza en La Plata, Huila, y que continúa cerrada en Inzá. El puente Córdoba había sido inaugurado 16 meses antes, luego de una “inversión” de 6.000 millones de pesos. No han dicho cuánto costó el desmonte de esa estructura para sumarle a las pérdidas. Lo cierto es que el puente también había sido construido por los Solarte, CASS, que se denominaron para esta obra ‘Consorcio Vial Libertador’.
Puede uno entonces concluir que cuando el éxito económico se convierte en el principal objetivo de la vida, muchos convierten al Estado en un botín o blanco potencial cada vez más atractivo, por lo cual las obras públicas no se harán para esa sociedad que tanto las necesita sino para el reconocimiento y estatus social del contratista que solo ve el presupuesto público como un negocio ventajoso sin importar los resultados de las inversiones. Así trabaja Odebrecht.
