Las fuentes económicas son propicias a generar conflictos. Coca, petróleo y minería son tres causas de donde se derivan las guerras, por intereses de dominio, expansiones territoriales y apropiación de predios extensivos, en los cuales se posesionan con consentimiento admitido o mediante invasiones en operaciones piratas armadas con las fuerzas bélicas hostiles. De esta manera, en el pasado, se conformaron imperios y reinados feudales.
Las guerras a las drogas narcóticas que globalmente operan con severidad en todos los regímenes de gobiernos del mundo no son más que un sofisma político criminal. Es decir, argucia y falacia, manipulada para ejercer dominios y controles en los cultivos, producciones, tráficos y comercialización de drogas narcóticas, en el consumo humanos internacional. Hasta con penas de muertes castigan, en algunos países, el tráfico, porte, tenencia y ventas de los productos prohibidos (coca, heroínas, achís y sintéticas) a quienes introduzcan drogas que produzcan dependencia adictiva, cuando sean sorprendidos y apresados.
Si las drogas causan daño a la salud de las personas, el régimen represivo es el menos indicado. Debe entenderse como problema de salud no militar, aludiendo seguridad nacional, debiéndose controlar internamente de forma educativa a niños y jóvenes concientizándolos e informando de manera elemental y sin tapujos los daños corporales que causa el uso de las drogas, previniendo las tentaciones de consumos, que nunca faltan, motivan e incitan. Pero parece que la práctica de prevención educativa no existe o no ha sido implementada en las políticas antidrogas, diseñadas en los regímenes armados, lo que claramente no es coherente con los problemas de salud pública, como lo disfrazan de manera propagandista-publicitaria, ocultando los propósitos que se persiguen, transformando en trampas y engaños.
La guerra contra las drogas no tiene por objetivo reducir el consumo, ni exterminar producción, tráfico y comercialización. Todo por las jugosas rentabilidades que generan y comparten en el círculo participativo, financiado por los consumidores que compran los productos sin importar los costos y alegar calidad.
Conjuntamente con las presiones temerarias de los EE.UU. para cargarnos el peso en una disputa de intereses económicos, que en nada nos ha beneficiado, Colombia ha sido víctima de ser utilizada en los cultivos y producciones de coca. En cumplimiento a la obediencia impositiva prescrita desde el gobierno norteamericano, compensada con unas donaciones remitidas anualmente por el Tío Sam desde hace 40 años, hasta hora se han hecho mellas en la erradicación de las drogas.
Los recursos donados por los EE.UU. se destinaban para operaciones militares, beneficiándose los americanos de los mismos recursos económicos recibidos por conceptos de donación, mediante contrataciones exclusivas con empresas de referenciada, comprometiendo para ellos por lo menos el 80% de las donaciones transferidas.
¿Cuántos años faltan o se necesitarían para que la ONU declare la erradicación en el consumo y producción de drogas narcóticas? ¿De qué ha servido encarcelar, extraditar y ejecutar la vida de millones de consumidores, transportadores y vendedores de drogas si el negocio sigue vivito y coleando? El presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, en su última disertación en la Asamblea de la ONU, manifestó sin titubeo a los gobiernos de más 200 naciones y Estado que el consumo de drogas no se acabará, requiriéndose la implementación de otro estilo de prevención y control que pueda resultar más efectivo.
La drogadicción es un hábito o vicio social similar al alcohol, tabaco, café, aperitivos y dulces, consentidos y legalizados durante muchos años. Las prohibiciones represiones y controles elevan el precio de los productos narcóticos, pero no lo merman. El consumidor paga por el riesgo e intermediación, lo que incrementa el valor del producto, incluido el gasto de filtraciones por corrupción en sobornos a las autoridades policivas y judiciales.
Los precios de las drogas varían de acuerdo al continente teniendo en cuenta los controles y castigos, sin que exista ningún país que afirme, confirme y garantice que haya erradicado el mal. Un promedio máximo de un 8% de los habitantes territoriales globales podría constituir el censo proporcional de consumidores habituales y ocasionales, cuya cifra se ha mantenido estable durante muchos años como prueba para demostrar la ineficacia y el fracaso de la guerra contra las drogas.
Los decomisos de drogas no siempre se destruyen, algunas autoridades ordenan ofertarlas clandestinamente como objeto negociable en los círculos del mercadeo a los receptores-proveedores, que las distribuyen entre los consumidores, apropiándose de los recaudos de ventas ilícitas en prácticas de corrupción.
