El asesinato de seis campesinos cocaleros a manos de la policía antinarcóticos el 5 de octubre, en el Municipio de Tumaco, departamento de Narño, además de 26 heridos y varios desaparecidos, está confirmando que el manejo de los conflictos en el posacuerdo será más complicado que la implementación de los acuerdos de La Habana.
En los acuerdos de La Habana está escrito que la erradicación de los cultivos ilícitos será de forma concertada con los campesinos para una erradicación voluntaria a cambio del compromiso del Gobierno de concertar planes de desarrollo rentables para las comunidades campesinos que les permitan tener una subsistencia decente, con vías de comunicación, escuelas, centros de salud, subsidios de cosechas, centros de comercialización de sus productos y aplicación de la tecnología moderna para la producción.
Sin embargo, en Tumaco resultó lo contrario. Un municipio con 24 mil hectáreas sembradas de coca, con 200 mil habitantes, cruzado por la ausencia estatal, la informalidad, el contrabando, la minería ilegal, control social de los grupos armados ilegales, inclusive con la disidencia de las Farc; donde la juventud no tiene otra alternativa para la subsistencia que la coca y el mototaxismo, única forma de empleo en la región, que ha padecido la violencia de la guerrilla, de los paramilitares y de los grupos armados de los narcotraficantes, y ahora de la disidencia de las Farc.
El problema es muy complejo, por eso el enfoque tiene que ser multilateral. No ayuda a la solución una mirada unilateral, donde los únicos responsables son la policía antinarcóticos o los campesinos cocaleros que no tienen otra alternativa para vivir. Aquí hace falta una acción institucional multidisciplinaria, con un plan estratégico de desarrollo de la región, donde se establezcan las prioridades de sustitución de cultivos ilícitos por planes de desarrollo para las comunidades, que tengan la base tecnológica, financiera e institucional que le permitan a la comunidad ganar confianza en el Gobierno nacional, regional y local, para que pueda ser partícipe activa en los planes de desarrollo alternativos a la siembra de cultivos ilícitos, como podrían ser el cacao, el coco, la palma africana, ganadería y demás planes agropecuarios.
El nudo del problema que no se ha enfrentado con decisión es la financiación de la cadena por los multimillonarios capitales del narcotráfico que controlan la producción, la compra, las rutas de transporte y el lavado y legalización de los activos en el sistema financiero, que permiten manipular la producción y venta de la coca en los mercados internacionales.
Mientras no se controle este factor del mercado de la coca en Tumaco, en Catatumbo, y en todos los principales centros de producción de cocaína en el país, la erradicación violenta es como salir a buscar el ahogado rio arriba. Y en este punto entra a jugar su papel determinante la corrupción de funcionarios de la Policía, de los cuerpos de inteligencia, de la Fiscalía, de los jueces, de los políticos, alcaldes, concejales y demás funcionarios y organismos de control. ¿Cómo sale esa cantidad de coca de 24.000 hectáreas a los mercados internacionales? ¿Dónde están los organismos de control?
Por eso el toro hay que cogerlo por los cachos en Tumaco, en Catatumbo, y en general en todas las zonas cocaleras si queremos tener algún día un país libre de cultivos de uso ilícito. Porque es una frase de cajón, pero hay que repetirla hasta el cansancio: si no se acaba la cadena del narcotráfico, especialmente el eslabón de los capitales multimillonarios que financian esta actividad productiva ilegal, es imposible acabar con la financiación de los grupos armados ilegales, y en general, con la violencia del pos-acuerdo.
La lección dolorosa que dejan los hechos sangrientos en Tumaco ocurridos el 5 de octubre, es que si el Gobierno no le pone atención a la esencia del problema, o sea, la neutralización del capital de los narcotraficantes, va ser muy difícil poder evitar que la corriente de ultraderecha se salga con la suya de “hacer trizas” los acuerdos de paz.
Antes que seguir las instrucciones de Washington lo que tiene que hacer el gobierno es elaborar una política antinarcóticos independiente, que consulte con los intereses de las comunidades campesinas y no cayendo en la política fracasada de la fumigación y de la confrontación violenta que ha demostrado hasta la saciedad su fracaso total.
Me atrevería a pensar que el punto cuarto de los Acuerdos de La Habana sobre la sustitución de los cultivos de uso ilícito, que tiene mucha relación con el punto primero sobre la reforma rural integral, es la esencia de la negociación política del conflicto armado, claro que sin menospreciar la participación política mediante las reformas electorales para la apertura democrática y la reivindicación de las víctimas mediante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Los hechos luctuosos de Tumaco están demostrando que la implementación de los acuerdos de paz está en crisis. El Estado y sus instituciones están demostrando una displicencia negativa y contraproducente frente a sus compromisos con las Farc y las comunidades; el Gobierno abandonó el liderazgo frente al Congreso, frente a la desbandada de los partidos de la “Unidad Nacional” que ahora están pensando en la próxima campaña electoral; con la corrupción en la justicia, en el congreso, en el ejecutivo, que está destapando la podredumbre del régimen.
Los plazos del Acuerdo no se están cumpliendo: la guerrilla hizo dejación de las armas a una comisión de la ONU, construyó su partido político que acaba de inscribir en el Consejo Nacional Electoral, y sin embargo, más de mil presos políticos están en las cárceles; las zonas de capacitación y reinserción están a la deriva; el Gobierno persiste en la reincorporación individual y no colectiva; la implementación carece de financiación en los planes de Gobierno.
La sustitución de cultivos ilícitos está condicionada por el Gobierno de Trump; el Ejército y la Policía están en un plan de choque contra las comunidades; el embajador de EE.UU. acusa a las Farc de incumplimiento para justificar la extradición; el nuevo comisionado rehúye el encuentro con la comisión de seguimiento y verificación (CSIVI) inventándose supuestos infiltrados narcotraficantes en las listas de los presos de las Farc; el fiscal frena la investigación de altos mandos militares, habla de testaferros y lavado de activos para justificar medidas punitivas, y le pone palos a la rueda de la Justicia Especial para Paz; la política contrainsurgente continúa vigente en plena campaña electoral; sigue creciendo la lista de asesinatos de líderes sociales, de exguerrilleros y familiares; el paramilitarismo continúa creciendo en nuevas áreas del país.
Las corrientes de ultraderecha que quieren “hacer trizas” los acuerdos de paz, o revisar la esencia de los mismos, tienen mucho poder en las finanzas, en la tierra, en la industria, en el comercio, en los medios de comunicación y están a la ofensiva.
Cuestionan la prohibición constitucional del paramilitarismo y presionan para bloquear la ley estatutario de la Justicia Especial para la Paz (JE) y, como si fuera poco, la ultraderecha sigue atizando la guerra, metiéndole miedo a la gente con el cuento mentiroso de que el presidente Santos le entregó el país a las Farc, al comunismo y al Castrochavismo.
Por eso hacemos un llamado a la opinión democrática, al movimiento popular, a los partidarios de la solución política negociada, a los diálogos y a la movilización para reclamarle el Gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz, el desmonte del paramilitarismo, garantías para los exguerrilleros, las fuerzas democráticas y para la movilización popular.
Incluir en la reforma política las coaliciones y las listas abiertas que permitan la participación de las fuerzas de izquierda, y la agilización de la amnistía, la aprobación de la ley reglamentaria de Justicia Especial para la Paz, y concluir la conciliación del Acto legislativo de prohibición del paramilitarismo.
Defender la verdad histórica y abrir el debate sobre el papel del anticomunismo en las políticas públicas, en las causas de la guerra como pretexto para la persecución política. Hay que celebrar en las acalles el primer aniversario del acuerdo de paz el 24 de noviembre, y participar en el paro nacional popular del 12 de octubre, saludar el cese del fuego con el ELN y los diálogos territoriales.
Llamar a los candidatos presidenciales alternativos a encontrar elementos programáticos comunes como: solución política negociada; implementación de los acuerdos; desmonte del paramilitarismo; pacto para sacar las armas de la política; lucha contra la corrupción; cambio de modelo económico; lucha por la defensa del agua, del medio ambiente y del territorio; defensa del salario, garantías laborales y organización sindical; reestructuración del sistema de participaciones; cumplimiento de los acuerdos con el movimiento cívico; garantía para la movilización popular; desmonte del ESMAD; derogatoria de la ley de “seguridad ciudadana” y del código de policía violatorias de las libertades; proponer a los precandidatos alternativos una candidatura única para la primera vuelta presidencial.
Como podemos ver, la masacre de Tumaco es la manifestación de un problema estructural, eminentemente político, que no se va a resolver sino con la conquista de un Gobierno democrático y popular.
