En las guarniciones militares a donde entraba a principios del 2006, los militares la saludaban con amabilidad. Todas las puertas se abrían y la fiscal Angela María Buitrago aprovechaba. Muchos de los documentos que recopiló en su investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia, estaban tirados en el suelo, amarillentos, expuestos al trote de las cucarachas y al polvo. Aunque estaban desordenados, sin archivar, estaban completos. Como un trofeo de guerra el coronel Alfonso Plazas Vega había atesorado toda la información sobre la retoma a sangre y fuego al palacio que él mismo lideró. En esa necesidad de guardarlo todo, Plazas Vega había dejado impronta en las discutidas acciones militares que él mismo dirigía y que lo enlodaban en la desaparición de 11 personas que salieron con vida del Palacio ese 6 de noviembre de 1985 gracias a un informe, fechado el 11 de noviembre de ese año
Fueron 1500 horas de video que Ángela María Buitrago vio con paciencia en donde pudo comprobar que el ejército disparó a destajo, sin consideración de los civiles que estaban adentro del Palacio de Justicia. En una de esas imágenes apresó el momento en que unos soldados dispararon los cuatro rockets que calcinaron a decenas de civiles. Ella había descubierto cual era el origen del incendio dentro de la biblioteca de la Corte. Ella había sido la heroína que desenterró, 20 años después, el caso del infierno que se había desatado dentro del Palacio de Justicia.
Sus investigaciones calaron tan profundo que en julio del 2007 se dictarían las medidas de aseguramiento para los generales Iván Ramírez, Jesús Armando Arias Cabrales, el mayor retirado Fernando Blanco, el capitán Oscar William Vásquez, los sargentos Ferne Causallá y Antonio Jiménez Rubay y, por supuesto, al coronel Alfonso Plazas Vega quien fue condenado a 30 años de cárcel. Lo único que no pudieron conseguir fue lo más importante: encontrar los restos de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
La investigación continuó hasta que decidieron sacarla del camino. Su jefe, el fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, la echó en marzo del 2010 sin darle siquiera una explicación. Después de la decepción Ángela María Buitrago tomó impulso y siguió para adelante.
Buitrago no siempre quiso ser abogada. Cuando era una niña en el Colegio Calasanz soñaba con ser cantante. Tenía el don pero no la constancia. Por su abuelo, el senador y embajador en Roma, Mario Ruiz, conoció las lides del poder y del sector público. Estudió derecho en el Externado, hizo una especialización de derecho penal en la Universidad de Salamanca en España y un doctorado en el Externado. Llegó a la Fiscalía en el 2005 cuando era abogada litigante y profesora de derecho penal y probatorio de la universidad donde se graduó. Además de la exhaustiva investigación sobre el Palacio de Justicia, Angela María Buitrago acusó al gobernador del Meta Edilberto Castro por homicidio agravado y celebración indebida de contratos, delitos por los que fue encontrado culpable el 8 de noviembre del 2007 y por los que fue condenado a 40 años de cárcel. Su tenacidad también fue fundamental para que el ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio fuera condenado a 15 años de cárcel por los delitos de obstrucción a la justicia y frenar una investigación contra el capo del cartel del norte del Valle Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Además, sus pesquisas sirvieron para que Jorge Noguera, exdirector del Das, cayera por el asesinato del profesor Alfredo Correa D’Andreis y de los sindicalistas Zully Esther Codina y el politólogo y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen
Una vez quedó fuera de la Fiscalía, se dedicó a la docencia hasta que el 15 de abril del 2015 viajó a México, recomendada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a hacer parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En un informe que ella realizó desmintió la supuesta “verdad histórica” que quiso imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto y reveló que la noche en que ocurrió la masacre: los estudiantes se habían apoderado accidentalmente de un bus atestado de heroína, que pertenecía a un cartel de droga. Para evitar la salida de la ciudad, los muchachos fueron asesinados según la investigación de Buitrago.
En diciembre del 2015, después de pagar ocho años de cárcel, la Corte Suprema revocó la condena del coronel Alfonso Plazas Vega. Al otro día de conseguir su libertad, viajó a México acompañado de su esposa, la senadora por el Centro Democrático Tania Vega. Plazas Vega no desaprovechó un momento para hablar mal de Buitrago ante los medios mexicanos y pidió su expulsión del GIEI quien ya tenía un expediente de 190 tomos en donde se pisaban sensibles callos cuando la OEA, apoyado por el gobierno de Peña Nieto, decidió no renovarle el contrato al grupo de investigación. Plazas Vega se había unido con José Antonio Ortega, un exmilitar mexicano que pertenece al Yunque un movimiento muy fuerte de ultraderecha en ese país. El coronel retirado afirmó que Buitrago estaba contra el ejército mexicano y que su misión era instaurar el comunismo en Latinoamérica. Habló con políticos influyentes y afirmó que ella había falseado las pruebas contra él y que por eso estaba investigada en Colombia. Angela María Buitrago regresó a Colombia en junio del 2016 convencida que la campaña de desprestigio de Plazas Vega contra ella en México había surtido efecto.
Se refugió durante casi un año en la academia, su ecosistema, hasta que en agosto pasado decidió conformar con el abogado Guillermo Puyana el tamdem que defenderá a la exministra Gina Parody de las acusaciones que la asocian con la adición Ocaña-Gamarra, firmada por la ex ministra de trabajo y pareja, Cecilia Álvarez, que terminaría favoreciendo a los puertos de su familia. El nuevo reto de Buitrago es salvar a Gina Parody del torbellino de Odebrecht, algo que no lo tiene nada fácil.
