En tiempos de campañas políticas y elecciones presidenciales que se entrelaza con la degeneración moral y ética del país —con abogados y magistrados corruptos y comprados, instigados y gobernados para "arreglar" los procesos judiciales— no tardaría mucho en llegar el corto circuito —o choque de trenes— que se registró la tarde de ayer al Congreso entre la rama judicial —en cabeza del Fiscal General de la Nación— y la clase política —en cabeza de los senadores que aspiran a ser candidatos a presidente—.
De acuerdo con noticias publicadas, el tema político en cuestión era si la justicia ha invadido el campo de la política: cosa particularmente deplorable, no solo por una cuestión de equilibrios institucionales, sino también porque los magistrados no son elegidos por el pueblo. Pero también es verdad que en la inmensa mayoría de los casos, parafraseando una expresión de Marco Travaglio, descubrimos que “son los políticos los que a menudo se involucran en acciones delictivas y por lo tanto quizás las relaciones entre los políticos y los magistrados mejorarían si los primeros pararan de cometer ilícitos”.
La agria polémica entre el partido que lucha por la honestidad o partido honesto —que ha enarbolado la bandera para combatir la corrupción en el país— y el llamado por algunos medios de comunicación el partido de los corruptos nos brinda una buena oportunidad de efectuar una reflexión libre, crítica y responsable.
Creo que es esto lo que se desprende esencialmente del debate. Según el partido que lucha por la honestidad o “partido honesto”, el fiscal General de la Nación ha enarbolado la bandera política a través de los procedimientos judiciales y, por ende, se necesita poner un freno a la politización de la Fiscalía General de la Nación. Para ellos, es inquietante la manipulación de determinados actos de investigación por motivos políticos y los “casos de corrupción en la misma Fiscalía”. En suma, se trataría de una acción coordinada, de un ataque judicial que va en contra de los mejores intereses de su partido político y en detrimento de los mejores intereses de la ciudadanía, con un preciso mandante.
Sin embargo, para el fiscal General de la Nación la Fiscalía y sus delegados están asegurando una completa transparencia y legitimidad en la toma de decisiones con “gente idónea, competente e íntegra que no ejerce ningún tipo de actividad judicial por criterios ideológicos". También afirma que "la Fiscalía no es apéndice de ningún directorio político ni jefatura” y, por ende, su legitimidad constitucional no es algo cuestionable. En suma, para el Fiscal General las investigaciones no son motivadas por razones políticas y están arraigadas en los principios fundamentales de neutralidad, imparcialidad e independencia de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General aplica la ley, en función de los hechos y las circunstancias particulares de cada caso.
A la luz de estos elementos, dos grandes retos protagonizan el debate y, en el peor de los casos, simplemente no existen opciones. Habría de qué preocuparse, sí, por un lado, hubiere un toque de victimismo (o delirio) persecutorio por parte del partido acosado y, por otro, si se encontrare una judicatura politizada que pretende intimidar y hundir a su adversario político. Si la respuesta fuera positiva, mayor es la probabilidad de que todo ello acabara convirtiéndose en un obstáculo significativo en la vigilancia de la aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción.
La Fiscalía
La credibilidad de la Fiscalía General de la Nación depende de que los ciudadanos tengan confianza en el sistema judicial. Para que su misión y visión resulte exitosa, es preciso que el resultado esperado de la misma esté a salvo de posibles intromisiones ilegales e indebidas en la actividad política o gubernativa. Adoptar una actitud contraria a derecho está en patente contradicción con la justicia, amenaza por comprometer la imagen de independencia, imparcialidad y neutralidad de la Fiscalía General y afecta todo el sistema judicial. La cuestión de la actividad política de los magistrados tiene que ser afrontada en todos sus aspectos a nivel legislativo, dado su impacto sobre los principios fundamentales de independencia e imparcialidad de la magistratura. Si la justicia se mueve por fines políticos es normal que los ciudadanos acaben perdiendo interés por la justicia, lo que la lleva a desconfiar de las instituciones. Sin embargo, debe ser rechazada la equivalencia de que si el magistrado se ocupa de un crimen cometido por un político está haciendo una investigación política. Hasta cuando la ley será igual para todos, o aspirará a serlo, los magistrados tienen la obligación de ejercer la acción penal cada vez que encuentren pruebas de que se hayan producido actividades ilícitas.
Los partidos
Es significativo que un partido político asuma ante sí la tarea de asumir con responsabilidad y grande empeño la prevención y lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción constituye una tarea común que puede contribuir a fomentar una atmósfera de auténtica igualdad y unidad entre los ciudadanos y los partidos políticos. Por tanto, apoyamos las iniciativas que signifiquen un paso adelante en la lucha y la prevención contra la corrupción.
En los últimos meses por culpa de los numerosos escándalos de corrupción se ha consolidado en la población la idea de que todos los problemas sean atribuibles a la deshonestidad de la clase política y que bastarían políticos honestos para solucionarlo todo. La pregunta que se pone es si la honestidad sea suficiente para resolver los problemas. Eso nunca ha funcionado. No basta, en efecto, declararse honesto para serlo.
La historia nos enseña que la “autoproclamada” honestidad en la vida política trae mala suerte. Así, por ejemplo, declararse abiertamente el partido de la honradez y la honestidad" es querer actuar mediante “franquicia política”. La honestidad como dote política a menudo se vuelve contra uno mismo. En tiempos de "emergencia moral", descendiente directa de la "cuestión moral, los honestos brotan y rebrotan sin cesar. También sería conveniente fundar el partido laico de los inocentes.
