Hoy, dos de octubre, a un año de que Juan Manuel Santos ignorara el resultado del plebiscito donde ganó el NO, es bueno reflexionar sobre las consecuencias de ese golpe de estado. El acuerdo de paz ha perdido legitimidad ante los colombianos y cada vez se ve más lejana su total implementación.
Como consecuencia, el país se polariza aún más. En el Congreso la Unidad Nacional se resquebraja y el gobierno ya no cuenta con mayorías automáticas para aprobar la legislación amarrada a lo decidido en La Habana.
La Unidad Nacional en el Congreso, que estaba pegada con mermelada, ha ido desbaratándose: el último golpe fue la decisión de Germán Vargas y Cambio Radical de no votar en el Congreso lo relacionado con el acuerdo de paz, empezando por la Ley Estatutaria (léase reglamento) de la JEP. Tan limitada es la gobernabilidad que hasta el ex Presidente César Gaviria, ungido como jefe único liberal, le hace bullying a Santos.
Ahora es que se está descubriendo la realidad de lo que se acordó en la Habana. Era imposible identificar la infinidad de micos hasta que llegara la etapa de implementación. Ya los sapos son demasiado grandes como para que los traguen los partidarios del NO, que ganaron y fueron ignorados. Simplemente, el país que proponen las Farc no es viable. Es un país sin justicia, inviable como Venezuela. Y Colombia votó NO.
A esto se suma la ausencia de la Justicia, que fue politizada con mayorías de izquierda y se cuece en su propia corrupción. Cómo será la falta de credibilidad de la justicia ordinaria, que hasta las Farc armaron su propia justicia aparte, con todas sus aberraciones, que hoy rechazan los colombianos.
Ante semejante desprestigio de las instituciones, no sorprende la rápida ascensión de Sergio Fajardo en las encuestas. Lidera con 21% de intención de voto e imagen favorable de casi 54%, según la última encuesta Invamer. Fajardo encarna la anti política y parece que le ayudó la alianza con Claudia López y Jorge Robledo. Aunque a los empresarios no les ha caído bien esta noticia, debe tenerse en cuenta que si Fajardo gana la candidatura, evita que Claudia o Robledo lleguen a la presidencia. Además, es una jugada a tres bandas: la unión con los verdes y el Polo garantiza una buena votación de base para arrancar. Ya se perfila Fajardo como el candidato del triunvirato. Es una buena opción para cooptar además votos de Petro, que va de bajada en las encuestas.
Era paradójico que Gustavo Petro encabezara las encuestas, cuando está impedido para ejercer cargos públicos por sanciones de la Procuraduría y la Contraloría Distrital. La primera lo destituyó del cargo de Alcalde, pero Petro apeló ante la Consejo de Estado y logró una medida cautelar, mientras que el expediente está paralizado. La Contraloría, por su parte, le impuso una exótica multa por $ 217.204.849.989 por detrimento patrimonial, al bajar las tarifas de Transmilenio en 2012 y más recientemente, en junio, por el detrimento patrimonial de más de 279 millones de dólares por la recompra del 31.92 % de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), antes conocida como Ecogas.
Es por ello que tanto Petro como Piedad Córdoba (también destituída por la Procuraduría), esperan ansiosamente la reforma política, que hace su arduo curso en el Congreso. Aunque la reforma es consecuencia de lo acordado en La Habana, su primer artículo dice:
“Las limitaciones de los derechos políticos decretadas como sanciones que no tengan carácter judicial a servidores públicos de elección popular producirán efectos solo cuando sean confirmadas por decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa en el grado jurisdiccional de consulta.”
Esto significa en cristiano que cuando un funcionario de elección popular sea destituido, la decisión debe ser confirmada por el Consejo de Estado. Si pasa la reforma política y rige este criterio retroactivamente, Petro (y Piedad) tendrían posibilidades de ser elegidos Presidente.
Los proyectos ligados a los Acuerdos de La Habana tendrán tropiezos en su paso por el legislativo. Ya hay impasses como el presentado la semana pasada en Plenaria de Senado, que la prensa enmermelada tapó. Solo María Isabel Rueda lo comentó. Yo lo alcancé a ver en Twitter, pero inmediatamente desapareció.
La noche del miércoles 27 había plenaria del Senado para aprobar la llamada ley “abuelita”, donde se reitera que los grupos paramilitares están prohibidos. Esta es otra exigencia de las Farc. Presidía la sesión Efraín “Fincho” Cepeda, conservador gobiernista del Atlántico. Después del debate se llamó a votación. Se requerían 51 votos para pasar el proyecto y solo se iluminaron 44 luces en la pantalla electrónica. Fincho, desconcertado porque el proyecto se acababa de hundir, dio diez minutos más para la votación. En esas se apagó el tablero electrónico. El Ministro del Interior, Guillermo Rivera, y Fincho, aterrados, llamaron de urgencia al técnico quien acudió y declaró que la pantalla estaba dañada y no tenía arreglo. Como resultado, se aplazó la votación. Traté de comunicarme con el Senador Cepeda y no contestó llamadas ni mensajes. Me imagino que están esperando en los próximos días obtener otros seis votos a punta de mermelada, para volver a votar el proyecto.
Otros acontecimientos de esta semana, que le revolvieron las tripas a víctimas y ciudadanos, incluyen la ceremonia de perdón que debe pedir la Nación a las víctimas de Bojayá, como si compartieran la culpa las víctimas y victimarios y el homenaje a Jojoy. Grotesco. Por otro lado, la escogencia de ciertos personajes en la JEP que ya han prejuzgado al Presidente Alvaro Uribe, y por lo tanto deben ser recusados, le ha quitado credibilidad a la misma. Los colados, las “disidencias”y el mar de coca han desprestigiado el Acuerdo.
El 27 de septiembre arrancó la discusión de la Ley Estatutaria de la JEP. El proyecto promete un gran debate: Cambio Radical no votará este proyecto –se dice que Rodrigo Lara, presidente de la Cámara escondió el proyecto en agosto y hasta ahora lo radica-, razón por la cual correrán verdaderos ríos de mermelada para su aprobación.
Todo este despelote es consecuencia de no haber escuchado la decisión de los electores: No es No. Los colombianos rechazaron el Acuerdo. Ahora los argumentos están a la vista ¿Cuándo lo entenderán el gobierno y sus enmermelados?
